Sentencia n° 2012-654 DC de 9 de Agosto de 2012

El Consejo Constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el art. 61, apartado segundo, de la Constitución sobre la Ley de modificación presupuestaria [Loi de finances rectificative] para 2012, el 1 de agosto de 2012 por los señores Christian JACOB, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, François BAROIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Xavier BERTRAND, Étienne BLANC, Philippe BRIAND, Dominique BUSSEREAU, Olivier CARRÉ, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Jean-François COPÉ y François CORNUT-GENTILLE, doña Marie-Christine DALLOZ, los señores Gérald DARMANIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR y David DOUILLET, las señoras Marianne DUBOIS y Virginie DUBY-MULLER, los señores Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE y François FILLON, doña Marie-Louise FORT, los señores Yves FOULON, Claude de GANAY y Hervé GAYMARD, doña Annie GENEVARD, los señores Guy GEOFFROY, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Georges GINESTA, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, doña Anne GROMMERCH, don Henri GUAINO, doña Françoise GUÉGOT, los señores Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Christian KERT, doña Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, los señores Jacques KOSSOWSKI, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Guillaume LARRIVÉ y Thierry LAZARO, doña Isabelle LE CALLENNEC, los señores Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Pierre LELLOUCHE y Jean LEONETTI, doña Véronique LOUWAGIE, los señores Laurent MARCANGELI, Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Alain MARSAUD, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC y Patrick OLLIER, doña Valérie PÉCRESSE, los señores Bernard PERRUT, Édouard PHILIPPE y Jean- Frédéric POISSON, doña Josette PONS, los señores Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET y Camille de ROCCA SERRA, doña Sophie ROHFRITSCH, los señores Martial SADDIER, Paul SALEN y François SCELLIER, doña Claudine SCHMID, los señores André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT y Jean-Marie TETART, doña Catherine VAUTRIN, los señores Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Jean-Luc WARSMANN y Éric WOERTH, doña Marie-Jo ZIMMERMANN, los señores François-Xavier VILLAIN, Gilles BOURDOULEIX, Philippe VIGIER, Jean-Christophe FROMANTIN, Rudy SALLES, Charles de COURSON, André SANTINI, Jean-Louis BORLOO, François SAUVADET, Francis HILLMEYER, Yves JÉGO y Thierry BENOIT, diputados;

y, el mismo día, por los señores Jean-Claude GAUDIN, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Claude BELOT, Joël BILLARD, Jean BIZET, Pierre BORDIER y Joël BOURDIN, doña Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, los señores François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX y Jean- Claude CARLE, doña Caroline CAYEUX, los señores Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER y Serge DASSAULT, doña Isabelle DEBRÉ, los señores Robert del PICCHIA, Francis DELATTRE y Gérard DÉRIOT, las señoras Catherine DEROCHE y Marie-Hélène DES ESGAULX, los señores Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS y Jean-Paul EMORINE, doña Jacqueline FARREYROL, los señores André FERRAND, Louis-Constant FLEMING, Michel FONTAINE, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD y René GARREC, doña Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, los señores Patrice GÉLARD y Bruno GILLES, doña Colette GIUDICELLI, los señores Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Jean-François HUMBERT, Benoît HURÉ y Jean-Jacques HYEST, las señoras Sophie JOISSAINS, Chantal JOUANNO y Christiane KAMMERMANN, don Roger KAROUTCHI, las señoras Fabienne KELLER y Élisabeth LAMURE, los señores Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI y Jean-François MAYET, doña Colette MÉLOT, los señores Albéric de MONTGOLFIER, Philippe ACHBAR, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Xavier PINTAT, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI y Hugues PORTELLI, las señoras Sophie PRIMAS y Catherine PROCACCIA, los señores Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN y Bruno SIDO, doña Esther SITTLER, don André TRILLARD, doña Catherine TROENDLE y los señores François TRUCY, Hilarion VENDEGOU, René VESTRI y Jean-Pierre VIAL, senadores.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,

Vista la Constitución;

Vista la Ordenanza 58-1067, de 7 de noviembre, modificada, relativa a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional;

Vista la Ley Orgánica 2001-692 de 1 de agosto de 2001, modificada, relativa a las leyes de finanzas;

Visto el Código general de impuestos;

Visto el Código de acción social y familiar;

Visto el Código aduanero;

Visto el Código de la energía;

Visto el Código de la seguridad social;

Vista la Ley 84-53 de 26 de enero de 1984, que contiene disposiciones estatutarias relativas a la función pública territorial;

Vista la ley 86-1067 de 30 de septiembre 1986, relativa a la libertad de comunicación;

Vista la ley 88-1149 de 23 de diciembre de 1988 de finanzas para 1989;

Vista la ley 90-568 de 2 de julio de 1990, relativa a la organización del servicio público de Correos y de France Télécom;

Vista la ordenanza 96-50 de 24 de enero de 1996, relativa al reembolso de la deuda social;

Vista la ley 2002-1050 de 6 de agosto de 2002, de modificación presupuestaria para 2002;

Vista la ley 2007-1199 de 10 de agosto de 2007, relativa a las libertades y responsabilidades de las universidades;

Vista la ley 2007-1223 de 21 de agosto de 2007 en favor del trabajo, del empleo y del poder adquisitivo;

Vista la ley 2008-1425 de 27 diciembre de 2008, de finanzas para 2009;

Vista la ley 2010-1657 de 29 de diciembre de 2010, de finanzas para 2011;

Vista la ley 2011-900 de 29 de julio de 2011, de modificación presupuestaria para 2011;

Vista la ley 2011-1978 de 28 de diciembre de 2011, de modificación presupuestaria para 2011;

Vista la decisión C(2011) 9403 final de la Comisión europea de 20 de diciembre de 2011;

Vistas las observaciones del Gobierno en respuesta a los recurrentes, registradas el 3 de agosto de 2012;

Tras haber escuchado al ponente;

1. Considerando que los diputados y senadores recurrentes someten al Consejo Constitucional la ley de modificación presupuestaria para 2012; que alegan que los artículos 31 y 33 no tienen cabida en dicha ley, que, asimismo, los senadores recurrentes formulan la misma alegación respecto de sus artículos 41, 44 y 45; que los diputados y senadores recurrentes discuten, sobre el fondo, la conformidad con la Constitución de sus artículos 3, 4, 20, 29 y 42, defendiendo además que el artículo 29 no tiene cabida en la ley de finanzas; que los diputados recurrentes discuten por último, la conformidad con la Constitución de sus artículos 12, 28, 32 y 41, y los senadores recurrentes la de su artículo 10;

• SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DEL CONJUNTO DE LA LEY:

2. Considerando que, según el último apartado del artículo 48 de la Constitución: «Al menos una sesión por semana, incluido durante las sesiones extraordinarias previstas en el artículo 29, estará reservada prioritariamente a las preguntas de los miembros del Parlamento y a las respuestas del Gobierno»;

3. Considerando que un proyecto o una proposición de ley que hubiera sido adoptado en el transcurso de una semana cuyo orden del día se hubiera establecido desconociendo el último apartado del artículo 48 de la Constitución se habría adoptado según un procedimiento contrario a la Constitución;

4. Considerando que el Parlamento ha sido convocado en sesión extraordinaria a partir del martes 3 de julio de 2012; que no se ha reservado ninguna sesión pública prioritariamente a las cuestiones de los miembros del Parlamento y a las respuestas del Gobierno en el orden del día de una y otra Cámara en el curso de la primera semana de la sesión extraordinaria; que, sin embargo, el proyecto de ley de modificación presupuestaria para 2012, depositado ante la Mesa de la Asamblea nacional el 4 de julio de 2012, no fue adoptado por la Asamblea nacional en el curso de la primera semana de la sesión extraordinaria; que el procedimiento de examen del proyecto de ley no es, por tanto, contrario a la Constitución;

• SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31, 33, 44 Y 45:

5. Considerando que el artículo 31, que modifica los artículos L. 137-13 y L. 137-14 del Código de la seguridad social, aumenta los tipos de la contribución patronal, así como de la contribución salarial sobre las atribuciones de opciones de suscripción o de compra de acciones y sobre las atribuciones de acciones gratuitas, para las acciones consentidas y las atribuciones efectuadas a partir del 11 de julio de 2012;

6. Considerando que el artículo 33, que modifica los artículos L. 137-16, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 241-2 y L. 241-3 del Código de la seguridad social, aumenta los tipos de la contribución mencionada en el artículo L. 137-15 del mismo código para las remuneraciones o beneficios pagados a partir del 1 de agosto de 2012 y modifica igualmente el reparto del producto de esta contribución;

7. Considerando que el artículo 44 aplaza al 1 de enero de 2013 la fecha límite fijada por el artículo 49 de la ley de 10 de agosto de 2007 mencionada partir de la cual las universidades deberán aplicar las disposiciones del capítulo I del título III de la mencionada ley de 10 de agosto de 2007;

8. Considerando que el artículo 45, relativo al artículo 12-2 de la mencionada ley de 26 de enero de 1984, modifica los tipos de la cotización obligatoria pagada al Centro nacional de la función pública territorial por los municipios, los departamentos, las regiones, sus entes públicos y las casas departamentales para personas discapacitadas para el ejercicio 2013;

9. Considerando que, según los diputados y senadores recurrentes, los artículos 31 y 33 de la ley cuestionada no tienen cabida en una ley de modificación presupuestaria; que habrían sido adoptados por tanto según un procedimiento contrario a la Constitución; que los senadores recurrentes impugnan igualmente con este fundamento los artículos 44 y 45 de la ley cuestionada;

10. Considerando, en primer lugar, que de la combinación de los artículos 34 y 35 de la mencionada ley orgánica de 1 de agosto de 2001 se deriva que la ley de modificación presupuestaria puede comportar «disposiciones relativas a la base imponible, a los tipos y a las modalidades de recaudación de los tributos de toda naturaleza que no afecten al equilibrio presupuestario»;

11. Considerando que las contribuciones salarial y patronal sobre las atribuciones de opciones de suscripción o de compra de acciones y sobre las atribuciones de acciones gratuitas y la contribución mencionada en el artículo L. 137-15 del Código de la seguridad social están destinadas a asegurar la financiación de los gastos de los regímenes obligatorios de la seguridad social y de los organismos que concurren a la financiación de estos regímenes y no constituyen cotizaciones que otorguen derechos a las prestaciones y ventajas ofrecidas por estos regímenes; que la cotización obligatoria destinada al Centro nacional de la función pública territorial, destinada a asegurar la financiación de los gastos de toda naturaleza que corresponden a este ente, no constituye ni una remuneración por servicios prestados ni una subvención; que, en consecuencia, las disposiciones de los artículos 31, 33 y 45 son relativas a la base imponible o a los tipos impositivos que no afectan al equilibrio presupuestario del Estado; que, por tanto, tienen cabida en la ley de modificación presupuestaria;

12. Considerando, en segundo lugar, que de la combinación de los artículos 34 y 35 de la mencionada ley orgánica de 1 de agosto de 2001 se deriva que la ley de modificación presupuestaria puede comportar «disposiciones que afecten directamente a los gastos presupuestarios del año»;

13. Considerando que las disposiciones a cuya aplicación se remite el artículo 44 son relativas a las responsabilidades de las universidades en materia presupuestaria y de gestión de recursos humanos; que tiene por objeto especialmente modificar el reparto de los créditos del Estado destinados a las universidades; que, en virtud de ello, afecten directamente a los gastos presupuestarios del año; que, en consecuencia, el artículo 44 de la ley cuestionada tiene cabida en la ley de modificación presupuestaria;

14. Considerando que de lo anterior se deriva que los artículos 31, 33, 44 y 45 no han sido adoptados según un procedimiento contrario a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 3:

15. Considerando que el artículo 3 reforma las reducciones sociales y fiscales ligadas a las horas suplementarias y complementarias de trabajo que habían sido instauradas por la mencionada ley de 21 de agosto de 2007; que suprime las exoneraciones del impuesto sobre la renta respecto de las remuneraciones percibidas en concepto de horas suplementarias y complementarias; que suprime igualmente las reducciones de cotizaciones sociales salariales y reserva a las empresas de menos de veinte asalariados las deducciones de cotizaciones sociales patronales; que la supresión de las exoneraciones del impuesto sobre la renta sólo se aplica a las remuneraciones percibidas en concepto de horas suplementarias y complementarias efectuadas a partir del 1 de agosto de 2012; que la supresión de las reducciones de cotizaciones sociales salariales y patronales se aplica a las remuneraciones percibidas en concepto de horas suplementarias y complementarias efectuadas a partir del 1 de septiembre de 2012; que, «cuando el periodo de recuento del tiempo de trabajo no corresponde al mes natural», el régimen anterior de exoneración de las cotizaciones sociales salariales permanece aplicable a la remuneración de las horas suplementarias y complementarias pagado hasta el final del periodo de recuento del tiempo de trabajo en curso, a más tardar el 31 de diciembre de 2012;

16. Considerando que, según los diputados recurrentes, al tratarse de manera diferente a los asalariados, según que la contabilización de sus horas de trabajo se efectúe o no sobre un periodo de un mes, este artículo desconocería el principio de igualdad y, además, está viciado de ininteligibilidad; que sostiene asimismo que la supresión de las reducciones sociales y fiscales ligadas a las horas suplementarias y complementarias de trabajo vulnera la libertad de empresa al hacer pesar sobre las empresas limitaciones excesivas respecto del objetivo perseguido de mantenimiento del empleo; que, según los senadores recurrentes, este mismo artículo crea una ruptura de la igualdad entre asalariados según que hayan efectuado las horas suplementarias antes o después del 1 de agosto de 2012 y antes o después del 1 de septiembre de 2012; que sostienen asimismo que la derogación de las exoneraciones fiscales introducidas por la mencionada ley de 21 de agosto de 2007 tiene un carácter retroactivo en la medida en que debe aplicarse a las remuneraciones percibidas en razón de las horas suplementarias y complementarias efectuadas a partir del 1 de agosto de 2012, mientras que la ley de modificación presupuestaria será promulgada posteriormente a esta fecha;

17. Considerando que al legislador le está permitido en todo momento, al decidir en el ámbito de su competencia, modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, dado el caso, por otras disposiciones; que, al hacerlo, no se privarían sin embargo de garantías legales las exigencias constitucionales; que, en particular, desconocería la garantía de los derechos proclamada por el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 si se lesionaran las situaciones legalmente adquiridas, sin estar justificado por un motivo de interés general suficiente;

18. Considerando que la libertad de empresa deriva del artículo 4 de la Declaración de 1789; que le está permitido no obstante al legislador aportar a esta libertad limitaciones ligadas a exigencias constitucionales o justificadas por el interés general, con la condición de que no se deriven lesiones desproporcionadas respecto del objetivo perseguido;

19. Considerando que, según el artículo 6 de la Declaración de 1789: «La ley… debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar»; que el principio de igualdad no se opone ni a que el legislador regule de forma diferente situaciones diferentes ni a que derogue la igualdad por razones de interés general, siempre que, en uno y otro caso, la diferencia de trato que de ello resulte tenga relación directa con el objeto de la ley que la establezca; que de ello se deriva por lo tanto que el principio de igualdad obliga a tratar de manera diferente a personas que se encuentren en situaciones diferentes;

20. Considerando que corresponde al legislador, competente en virtud del artículo 34 de la Constitución para determinar los principios fundamentales del derecho al trabajo, establecer las reglas adecuadas para asegurar, de conformidad con las disposiciones del Preámbulo de la Constitución de 1946, el derecho para todos de obtener un empleo siempre que permita el ejercicio de este derecho por la mayoría;

21. Considerando, en primer lugar, que al adoptar las disposiciones recurridas que suprimen la incitación a recurrir a las horas suplementarias y complementarias de trabajo, el legislador ha intentado favorecer el recurso al empleo; que, con este fin, le está permitido modificar el dispositivo de exoneraciones fiscales y sociales ligadas a estas horas; que las disposiciones recurridas, que no vulneran la libertad de empresa, no desconocen ulteriormente el derecho para todos de obtener un empleo;

22. Considerando, en segundo lugar, de una parte, que la diferencia de tratamiento entre asalariados operada por el artículo 3 de la ley cuestionada para la exoneración de cotizaciones sociales, según que «el periodo de recuento» de su tiempo de trabajo corresponda o no «al mes natural», encuentra su justificación en la diferencia de situaciones existente entre estos asalariados;

23. Considerando, de otra parte, que la diferencia de trato que resulta de la sucesión de dos regímenes jurídicos en el tiempo, no es, per se, contraria al principio de igualdad; que las diferencias de tratamiento entre asalariados según que hayan efectuado horas suplementarias y complementarias de trabajo antes o después del 1 de agosto de 2012, en lo que concierne a la supresión de las exoneraciones fiscales, o antes o después del 1 de septiembre de 2012, en lo que concierne a la supresión de las reducciones de cotizaciones sociales, resulta de la sucesión de dos regímenes jurídicos en el tiempo; que, en consecuencia, no desconocen el principio de igualdad;

24. Considerando, en último lugar, que el artículo 3, que no está viciado de ininteligibilidad, no afecta a una situación legalmente adquirida; que no es contrario al artículo 16 de la Declaración de 1789;

25. Considerando que de lo anterior resulta que el artículo 3 de la ley cuestionada no es contrario a ninguna regla ni a ningún principio de valor constitucional; que debe ser declarado conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 4:

26. Considerando que el artículo 4 instituye, en concepto del año 2012, una contribución excepcional sobre la fortuna; que esta contribución es debida por las personas sujetas al impuesto de solidaridad sobre la fortuna en concepto del año 2012; que su base imponible se establece según las mismas reglas que las relativas a dicho impuesto; que su baremo es progresivo; que la cantidad debida en concepto del impuesto de solidaridad sobre la fortuna en 2012 antes de la eventual imputación de las reducciones del impuesto se deduce de la cantidad debida en concepto de esta contribución excepcional;

27. Considerando que, según los recurrentes, al elevar los tipos de la imposición sobre el patrimonio, estas disposiciones instituyen una imposición confiscatoria; que, al omitir la previsión de un mecanismo que permita limitar la cantidad de esta imposición en función de las rentas del contribuyente, estas disposiciones introducirían una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas; que comprenden, vulnerando el principio de igualdad ante el impuesto, efectos de umbral, que conducen a los titulares de patrimonio a pagar más en concepto de la contribución excepcional que otros titulares de un patrimonio de valor superior; que tendrían como efecto modificar retroactivamente el baremo del impuesto de solidaridad sobre la fortuna en concepto del año 2012 y lesionarían así la garantía de los derechos enunciada por el artículo 16 de la Declaración de 1789;

28. Considerando que, según el artículo 6 de la Declaración de 1789: «La ley… debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar»; que el principio de igualdad no se opone ni a que el legislador regule de forma diferente situaciones diferentes ni a que derogue la igualdad por razones de interés general, siempre que, en uno y otro caso, la diferencia de trato que de ello resulte tenga relación directa con el objeto de la ley que la establezca;

29. Considerando que, según el artículo 13 de la Declaración de 1789: «Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad»; que, en virtud del artículo 34 de la Constitución, corresponde al legislador determinar, dentro del respeto de los principios constitucionales y teniendo en cuenta las características de cada impuesto, las reglas según las cuales deberán apreciarse las capacidades contributivas; que, en particular, para asegurar el respeto del principio de igualdad, deberá fundar su apreciación sobre criterios objetivos y racionales en función de los fines que se proponga; que esta apreciación no debe sin embargo entrañar una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

30. Considerando que al legislador le está permitido en todo momento, al decidir en el ámbito de su competencia, modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, dado el caso, por otras disposiciones; que, al hacerlo, no se privarían sin embargo de garantías legales las exigencias constitucionales; que, en particular, desconocería la garantía de los derechos proclamada por el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 si se lesionaran las situaciones legalmente adquiridas sin estar justificado por un motivo de interés general suficiente;

31. Considerando, en primer lugar, que al instituir la contribución excepcional sobre la fortuna, el legislador ha pretendido establecer una imposición diferencial por relación al impuesto de solidaridad sobre la fortuna en concepto de 2012; que ha establecido la base imponible de esta contribución según las reglas relativas a la base imponible de este impuesto; que ha considerado tramos y tipos de imposición que aseguren, al tomar en consideración a la vez la contribución excepcional y el impuesto de solidaridad sobre la fortuna, la progresividad de estas imposiciones satisfechas en 2012 en concepto de la titularidad de un conjunto de bienes y de derechos;

32. Considerando, en segundo lugar, que el legislador ha incrementado el número de tramos y elevado los tipos de imposición que pesan sobre la titularidad del patrimonio en 2012 a fin de aumentar la imposición de los titulares de estos patrimonios y de liberar nuevos ingresos fiscales; que ha elevado el nivel de estos tipos, manteniendo en 1,3 millones de euros el umbral de sujeción y dejando numerosos bienes y derechos fuera de la base imponible de esta imposición; que ha fijado en el 1,8% el tipo marginal superior para los patrimonios de un valor que exceda de 16,79 millones de euros; que el Consejo Constitucional no dispone de un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento; que no podría investigar si los objetivos que ha asignado el legislador habrían podido conseguirse por otras vías, dado que las modalidades consideradas por la ley no son manifiestamente inapropiadas para el objetivo planteado; que, al hacer más pesada la carga que recae sobre ciertos contribuyentes siempre reforzando la progresividad de las imposiciones satisfechas en 2012 en concepto de la titularidad de un conjunto de bienes y de derechos, el legislador ha basado su apreciación en criterios objetivos y racionales en función de los fines perseguidos; que la contribución excepcional sobre la fortuna, combinada con el impuesto de solidaridad sobre la fortuna para 2012, no hace pesar sobre una categoría de contribuyentes una carga excesiva con relación a la capacidad contributiva que confiere la titularidad de un conjunto de bienes y de derechos;

33. Considerando, en tercer lugar, que, para no entrañar ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas, el legislador, desde la creación del impuesto de solidaridad sobre la fortuna por la mencionada ley de 23 de diciembre 1988, ha incluido en el régimen de este, reglas de límites máximos que no proceden de un cálculo impuesto por impuesto y que limitan la suma del impuesto de solidaridad sobre la fortuna y los impuestos debidos en concepto de renta y productos del año precedente a una fracción total de los ingresos netos del año precedente; que, si, en la mencionada ley de 29 de julio de 2011, el legislador ha podido derogar, a partir del año 2012, el artículo 885 V bis del Código general de impuestos relativo al límite máximo del impuesto de solidaridad sobre la fortuna sin vulnerar la Constitución, es debido a la fuerte bajada concomitante de los tipos de este impuesto; que el legislador no habría podido establecer un baremo del impuesto de solidaridad sobre la fortuna tal como estaba en vigor antes del año 2012 sin acompañarla de un dispositivo de límites máximos o que produjera efectos equivalentes destinado a evitar una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

34. Considerando, no obstante, que la ley de modificación presupuestaria recurrida implementa, en el curso del año, nuevas orientaciones fiscales que incluyen, de manera no renovable, la creación de una contribución excepcional sobre la fortuna exigible en concepto únicamente del año 2012; que esta contribución se establece después de deducción del impuesto de solidaridad sobre la fortuna debido en concepto del año 2012; que se deduce el importe bruto de este impuesto sin cuestionar las reducciones imputadas por el contribuyente sobre el impuesto de solidaridad sobre la fortuna; que, además, el derecho a restitución adquirido en aplicación de los artículos 1 y 1649-0 A del Código general de impuestos en concepto de las imposiciones correspondientes a los ingresos realizados en 2010, al imputarse sobre el impuesto de solidaridad sobre la fortuna debido en concepto del año 2012 para los contribuyentes sujetos a este impuesto, produce sus efectos sobre la cotización del impuesto de solidaridad sobre la fortuna debido en 2012; que, en estas condiciones, la ruptura de la igualdad ante las cargas públicas que deriva de la ausencia de un dispositivo de límite máximo o que produzca efectos equivalentes no debe conducir a juzgar esta contribución excepcional contraria a la Constitución;

35. Considerando que de lo anterior resulta que las lesiones alegadas de la vulneración de la igualdad ante el impuesto y las cargas públicas garantizada por los artículos 6 y 13 de la Declaración de 1789 deben ser descartadas;

36. Considerando, en cuarto lugar, que la contribución excepcional sobre la fortuna en concepto del año 2012 se ha establecido en función del valor de los bienes y derechos poseídos el 1 de enero de 2012; que, no obstante, el hecho generador de la imposición es la situación del contribuyente a la fecha de la entrada en vigor de la ley modificación presupuestaria; que sólo serán deudores de la contribución excepcional sobre la fortuna los contribuyentes en vida a fecha del hecho generador; que está previsto igualmente que los contribuyentes que hayan abandonado el territorio nacional entre el 1 de enero y el 4 de julio de 2012 podrán deducir de la base imponible de la contribución excepcional sobre la fortuna el valor de sus bienes que no estén situados en Francia; que la imposición que se ha instituido no reviste por tanto ningún carácter retroactivo y no afecta a una situación legalmente adquirida; que no es contraria a la garantía de los derechos proclamada por el artículo 16 de la Declaración de 1789;

37. Considerando que el artículo 4 debe ser declarado conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 10:

38. Considerando que el artículo 10 instituye, en concepto del año 2012, una contribución excepcional sobre el valor de los stocks de productos petroleros;

39. Considerando que, según los senadores recurrentes, al considerar para la contribución excepcional una base imponible correspondiente a la titularidad pasada de productos petroleros, en el curso de los tres últimos meses del año 2011, al excluir del ámbito de la imposición a las personas que no son propietarias de ningún stock el 4 de julio de 2012, exonerando a los propietarios que hubieran interrumpido totalmente su actividad durante una duración continua superior a tres meses en el curso del primer semestre de 2012 y al incluir en la base imponible de la tasa la titularidad ligada a la obligación legal de constituir y de conservar stocks estratégicos, el artículo recurrido instituiría una imposición sin relación con la capacidad contributiva de los contribuyentes y que vulneraría el principio de igualdad ante las cargas públicas;

40. Considerando, en primer lugar, que la contribución excepcional es debida por las empresas propietarias el 4 de julio de 2012 de volúmenes de productos petrolíferos situados bajo uno de los regímenes de suspensión de tasas previstos en los artículos 158 A y 165 del Código aduanero; que esta contribución tiene como base imponible el valor medio de los volúmenes así definidos del que los sujetos pasivos fueran propietarios el último día de cada uno de los tres últimos meses del año 2011; que la base imponible de la tasa se determina a partir del volumen de los stocks poseídos el último día de cada uno de los tres últimos meses del año 2011, a fin de tomar en consideración el volumen medio de los stocks de productos petrolíferos poseídos bajo un régimen de suspensión de tasas; que la definición del valor medio de los productos petroleros corresponde al que ha sido fijado a tanto alzado para el último trimestre del año 2011 en aplicación del apartado 1° del párrafo 2 del artículo 298 del Código general de impuestos; que la definición de este valor medio para los gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos se calcula a partir del precio de coste de estos productos a fecha de 31 de diciembre de 2011; que la base imponible de la tasa incluye los stocks estratégicos que deben constituirse y conservarse en aplicación del artículo L. 642-2 del Código de la energía;

41. Considerando que el legislador ha pretendido obtener ingresos suplementarios sobre las empresas del sector petrolero a razón de los stocks de los que fueran propietarias bajo un régimen de suspensión de tasas en el curso del último trimestre de 2011; que el Consejo Constitucional no tiene un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento; que no podría investigar si los objetivos que ha asignado el legislador habrían podido conseguirse por otras vías, dado que las modalidades consideradas por la ley no son manifiestamente inapropiadas para el objetivo planteado; que, al gravar la propiedad de volúmenes de productos petrolíferos situados bajo un régimen de suspensión de tasas cualquiera que sea la razón de la titularidad de estos stocks, el legislador ha definido un hecho generador y establecido una base imponible ligada a las capacidades contributivas de empresas del sector petrolero;

42. Considerando, en segundo lugar, que el legislador ha excluido del ámbito de la contribución las empresas que no son propietarias de ningún volumen de productos petrolíferos situados bajo un régimen de suspensión de tasas a fecha de 4 de julio de 2012; que ha previsto una exoneración de la contribución para las empresas propietarias a 4 de julio de 2012 de volúmenes de productos petrolíferos situados bajo un régimen de suspensión de tasas que hubieran interrumpido su actividad durante una duración continua superior a tres meses en el curso del primer semestre de 2012; que ha pretendido así tener en cuenta la situación de las empresas en dificultades, y especialmente de las refinerías que hayan cedido la propiedad de sus volúmenes de productos petrolíferos o cerrado temporalmente sus instalaciones; que, al distinguir la situación de los propietarios de volúmenes de productos petrolíferos que han debido interrumpir su actividad durante una duración continua superior a tres meses, así como la de las empresas que hayan debido ceder la propiedad de sus volúmenes de productos petrolíferos, el legislador ha fundado su apreciación en criterios objetivos y racionales en relación con los fines perseguidos; que todos los propietarios de volúmenes de productos petrolíferos a 4 de julio de 2012 que tengan stocks a 31 de diciembre de 2011 y no han cesado desde entonces su actividad durante más de tres meses serán gravables en las mismas condiciones;

43. Considerando que de lo anterior resulta que las lesiones alegadas de la vulneración de la igualdad ante el impuesto y las cargas públicas debe ser descartada; que el artículo 10 no es contrario a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 12:

44. Considerando que, en virtud del artículo 30 de la mencionada ley de 28 de diciembre de 2011, los sujetos pasivos del impuesto sobre las sociedades que realicen una cifra de negocios superior a 250 millones de euros están sometidos a una contribución excepcional sobre este impuesto en concepto de los ejercicios cerrados entre el 31 de diciembre de 2011 y el 30 de diciembre de 2013; que el artículo 12 de la ley cuestionada prevé la implantación de un ingreso anticipado de esta contribución excepcional; que este ingreso anticipado que se aplica a los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2012, es exigible a la fecha prevista para el pago del último anticipo del impuesto de sociedades del ejercicio o del periodo de imposición; que la cantidad del ingreso anticipado está fijado, para las empresas que hayan realizado una cifra de negocios comprendida entre 250 millones y mil millones de euros, en el 75% de la cantidad de la contribución excepcional estimada en concepto del ejercicio o del periodo de imposición en curso y, para las que hayan realizado una cifra de negocios superior a mil millones de euros, en el 95% de la cantidad de esta contribución;

45. Considerando que, según los diputados recurrentes, esta medida conducirá a numerosas empresas a pagar esta contribución desde el 15 de diciembre de 2012; que, al adoptar dicha medida, que no era previsible, el legislador habría vulnerado la garantía de los derechos proclamados por el artículo 16 de la Declaración de 1789;

46. Considerando que las disposiciones recurridas que prevén el ingreso anticipado de esta contribución excepcional sobre el impuesto sobre las sociedades no modifican el impuesto debido en concepto del ejercicio cerrado a contar desde el 31 diciembre de 2012; que no revisten ningún carácter retroactivo; que el legislador no ha vulnerado situaciones legalmente adquiridas; que no ha vulnerado el artículo 16 de la Declaración de 1789;

47. Considerando que de lo anterior resulta que el artículo 12 debe declarase conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 20:

48. Considerando que el artículo 30 de la mencionada ley de 2 de julio de 1990 prevé que la liquidación y el servicio de pensiones asignadas en aplicación del Código de las pensiones civiles y militares de jubilación a los funcionarios de Correos y de France Télécom serán efectuados por el Estado y que, como contrapartida, estas empresas están obligadas a ingresar al Tesoro Público una contribución a cargo del empleador, de carácter liberatorio en proporción de las sumas pagadas en concepto de paga sometidas a retención para pensión; que, tratándose de France Télécom, «el tipo de la contribución liberatoria se calcula para igualar los niveles de cargas sociales y fiscales obligatorias basados en los salarios entre France Télécom y las otras empresas del sector de las telecomunicaciones que es competencia del derecho común de las prestaciones sociales, para los de los riesgos que son comunes a los asalariados de derecho común y a los funcionarios del Estado»; que el artículo 20 de la ley cuestionada tiene por objeto modificar las modalidades de cálculo de los ingresos que France Télécom debe abonar al Estado como contrapartida de la contribución de las pensiones de sus funcionarios; que, al suprimir el citado artículo 30, la referencia a «el de los riesgos que son comunes a los asalariados de derecho común y a los funcionarios del Estado», integra, en el ámbito de la contribución ingresado por France Télécom, los riesgos de paro y garantía de los salarios a los que esta parte del personal no está sometido;

49. Considerando que, según los autores de los recursos, esta disposición trae causa de la mencionada decisión de la Comisión europea de 20 de diciembre de 2011, según la cual las modalidades actuales de esta contribución constituyen una ayuda del Estado; que tal pago, que está entre las imposiciones de toda naturaleza, sería contrario al artículo 34 de la Constitución en la medida en que debería restituirse a la empresa en caso de anulación de la decisión de la Comisión Europea por la Corte de Justicia de la Unión europea al que se ha recurrido por este motivo; que sería igualmente contrario al principio de igualdad ante el impuesto en cuanto que la empresa que ya ha soportado las consecuencias financieras de la cobertura de la jubilación de sus funcionarios por el Estado debería soportar la carga de este nuevo pago; que sería, asimismo, contrario al principio de igualdad ante las cargas públicas en la medida en que Correos no estaría sometida a las mismas obligaciones;

50. Considerando que, al modificar las modalidades de cálculo de los ingresos que France Télécom debe abonar al Estado como contrapartida de la cobertura por el de las pensiones de sus funcionarios, las disposiciones recurridas tienen como único objeto «igualar los niveles de cargas sociales y fiscales obligatorias basadas en los salarios entre France Télécom y las otras empresas del sector de las telecomunicaciones»; que el legislador ha pretendido así satisfacer la mencionada decisión de la Comisión Europea del 20 de diciembre de 2011 en espera de la sentencia de la Corte de Justicia de la Unión europea ante la cual esta decisión se ha recurrido; que la empresa France Télécom estaría, en función de esta sentencia, justificada para solicitar el reembolso de las sumas ingresadas en aplicación de las disposiciones recurridas; que, en sí mismas, estas disposiciones no vulneran las exigencias Constitucionales que derivan de los artículos 6 y 13 de la Declaración de 1789; que Correos y France Télécom no se encuentran en una situación idéntica; que ninguna exigencia constitucional impone que estas empresas estén sometidas a las mismas reglas;

51. Considerando que el artículo 20, que no vulnera ulteriormente el artículo 34 de la Constitución, debe ser declarado conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 28:

52. Considerando que el artículo 28 baja el tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido sobre los libros y ciertos espectáculos; que, según los diputados recurrentes, en tanto que instaura una diferencia de tratamiento entre los establecimientos en los que se ofrecen espectáculos de variedades según que sea costumbre consumir durante las sesiones, el artículo 28 vulneraría el principio de igualdad ante el impuesto;

53. Considerando que el apartado 1° del párrafo I del artículo 28 modifica el artículo 278-0 bis del Código general de impuestos; que completa la lista de las actividades u operaciones para las cuales el impuesto sobre el valor añadido se percibe al tipo reducido de 5,5%; que la letra b) de este apartado 1° completa esta lista con una letra F cuyo apartado 1° prevé que se someten al tipo reducido: «Los espectáculos siguientes: teatros, teatros de humoristas [théâtres de chansonniers], circos, conciertos; espectáculos de variedades con excepción de los que se ofrecen en los establecimientos donde sea costumbre consumir durante las sesiones»; que la letra a) del apartado 3° del párrafo I del artículo 28 suprime en consecuencia los apartados segundo a sexto del párrafo b bis del artículo 279 del mismo Código que sometía estos espectáculos a un tipo del impuesto sobre el valor añadido del 7%;

54. Considerando que la disposición recurrida tiene por único objeto bajar de un 7% a un 5,5% el tipo del impuesto sobre el valor añadido sobre ciertos espectáculos, al mantener la exclusión de los espectáculos de variedades del beneficio del tipo reducido mientras se ofrezcan en establecimientos donde sea costumbre consumir durante las sesiones; que esta exclusión crea una diferencia de tratamiento entre espectáculos ofrecidos en condiciones diferentes; que no introduce diferencia de tratamiento entre personas que se encuentren en la misma situación; que de ello no resulta una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas; que el segundo apartado de la letra b) del número 1° y la letra a) del número 3° del párrafo I del artículo 28 deben ser declarados conformes a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 29:

55. Considerando que el artículo 29, que modifica los artículos L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 y L. 245-15 del Código de la seguridad social, así como los artículos 15 y 16 de la mencionada Ordenanza de 24 de enero de 1996, somete a la contribución social sobre la rentas del patrimonio, a la retención social sobre las rentas del patrimonio, a la contribución adicional a esta retención social, así como a la contribución para el reembolso de la deuda social los beneficios de inmuebles sitos en Francia o de derechos relativos a estos inmuebles percibidos a partir del 1 de enero de 2012 por las personas físicas domiciliadas fuera de Francia; que somete a la contribución social sobre las rentas de inversión, a la retención social sobre las rentas de inversión, a la contribución adicional a esta retención social, así como a la contribución para el pago de la deuda social a las plusvalías de cesión de bienes o derechos inmobiliarios o de partes de sociedades inmobiliarias percibidas por las personas físicas domiciliadas fuera de Francia a partir de la publicación de la ley;

56. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones no tienen cabida en una ley de finanzas y vulneran los compromisos europeos de Francia;

57. Considerando, en primer lugar, que las contribuciones sociales sobre las rentas del patrimonio y sobre las rentas de inversión, las retenciones sociales sobre las rentas del patrimonio y sobre las rentas de inversión y la contribución para el pago de la deuda social están destinadas a asegurar la financiación de los gastos de los regímenes obligatorios de la seguridad social y de los organismos que concurren a la financiación de estos regímenes o a la amortización de su deuda y no constituyen cotizaciones que otorguen derechos a las prestaciones y beneficios concedidos por estos regímenes; que la contribución adicional a las retenciones sociales sobre las rentas del patrimonio y de inversión, destinada a financiar el fondo nacional de solidaridades activas, no constituye en sí una cotización que otorgue derechos a las prestaciones pagadas por este fondo; que, en consecuencia, las disposiciones del artículo29 son relativas a la base imponible o al tipo impositivo de toda naturaleza; que, por lo tanto, tienen cabida en la ley modificación presupuestaria; que, así, el artículo 29 ha sido adoptado según un procedimiento que no es contrario a la Constitución;

58. Considerando, en segundo lugar, que según el artículo 55 de la Constitución: «Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte»; que, si estas disposiciones confieren a los tratados, en las condiciones que ellas definen, una autoridad superior a la de las leyes, no prescriben ni implican que el respeto de este principio deba asegurarse en el marco del control de la conformidad de las leyes a la Constitución; que el motivo de la incompatibilidad de una disposición legislativa a los compromisos internacionales y europeos de Francia no podría considerarse como una alegación de inconstitucionalidad; que el examen de dicha alegación fundada en los tratados o el derecho de la Unión europea recae bajo la competencia de las jurisdicciones administrativas y judiciales;

59. Considerando que las disposiciones recurridas, que no tienen por objeto instituir una doble imposición, no vulneran ninguna exigencia constitucional; que, en consecuencia, el artículo 29 debe ser declarado conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 32:

60. Considerando que el artículo 32 modifica el artículo L. 137-11 del Código de la seguridad social relativo a las contribuciones ingresadas por el empleador sobre los regímenes de jubilación que condicionan la constitución de derechos a prestaciones a la finalización de la carrera del beneficiario en la empresa y en el que la financiación por el empleador no es individualizable por asalariado; que dobla el tipo de esta contribución al situarlo en el 32%, cuando la contribución está basada en las rentas, en el 24% cuando está basada en la cantidad de las primas ingresadas por el empleador para la financiación de estos regímenes y en el 48% cuando está basada en la parte de la dotación a las provisiones, o de la cantidad mencionada en anexo al balance, correspondiente al coste de los servicios prestados en el curso del ejercicio; que el aumento de los tipos contributivos basado en las rentas ingresadas es aplicable a aquellas que correspondan a las jubilaciones que han sido liquidadas a partir del 1 de enero de 2013;

61. Considerando que, según los diputados recurrentes, al aplicar sólo esta modificación de tipos a las rentas ingresadas en concepto de las jubilaciones liquidadas a partir del 1 de enero de 2013, estas disposiciones instituyen una diferencia de tratamiento con las jubilaciones liquidadas antes de esta fecha, que no está relación con el objeto de la ley;

62. Considerando que, al aplicar la subida de los tipos contributivos únicamente a las rentas ingresadas en concepto de jubilaciones liquidadas a partir del 1 de enero de 2013, el legislador ha pretendido no poner en cuestión el tipo contributivo aplicable a las rentas ingresadas en concepto de jubilaciones ya liquidadas o que lo serían de aquí al 31 de diciembre de 2012; que, al tratarse de pensiones de jubilación, la elección del legislador de hacer depender el tipo contributivo de la fecha de la liquidación de estas pensiones no vulnera el principio de igualdad; que el artículo 32 debe ser declarado conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 41:

63. Considerando que el artículo 41 se refiere a la ayuda médica del Estado; que el apartado 1° del párrafo I del artículo 41 suprime, en el artículo L. 251-1 del Código de la acción social y familiar, la condición de satisfacción de un derecho de timbre anual para acceder a la ayuda médica del Estado; que el apartado 2° del mismo párrafo suprime, en el artículo L. 251-2 del mismo Código, el acuerdo previo a la concesión de ciertos cuidados hospitalarios a las personas que se benefician de esta ayuda; que el apartado 3° del mismo párrafo modifica en el artículo L. 252-1 del mismo Código, la lista de los organismos a través de los cuales se puede presentar una demanda relativa a esta ayuda; que el apartado 4° del mismo párrafo deroga el artículo L. 253-3-1 del mismo Código relativo al Fondo nacional de la ayuda médica del Estado; que el párrafo II deroga el artículo 968 E del Código general de impuestos que instituía este derecho de timbre; que el párrafo III fija las condiciones de aplicación de esta reforma;

64. Considerando que, según los senadores recurrentes, estas disposiciones no tienen cabida en una ley de finanzas; que, según los diputados recurrentes, la gratuidad de los cuidados aportados a las personas extranjeras que se encuentren sobre el territorio de la República en situación irregular desconoce el buen empleo del dinero público así como el objetivo de valor constitucional de lucha contra el fraude y vulnera el principio de igualdad habida cuenta de la diferencia instituida entre los beneficiarios de la ayuda médica del Estado y las personas cuyos cuidados son asumidos en concepto de seguro médico, que deben soportar las tasas sanitarias [franchises médicales]; que los diputados recurrentes sostienen que la enmienda, adoptada en primera lectura en el Senado, de la que derivan las disposiciones del apartado 3° del párrafo I, habría debido ser declarada inadmisible desde su depósito, por el motivo de que tenía por consecuencia la agravación de una carga pública;

En lo que concierne al procedimiento:

65. Considerando, en primer lugar, que las disposiciones del artículo 41, que son relativas a las condiciones de acceso a la ayuda médica del Estado, tienen un impacto directo sobre los gastos del presupuesto del Estado; que estas disposiciones tienen cabida por lo tanto en la ley de modificación presupuestaria;

66. Considerando, en segundo lugar, que según el artículo 40 de la Constitución: «No se admitirán a trámite las proposiciones y enmiendas formuladas por los miembros del Parlamento cuando su aprobación tuviera como consecuencia una disminución de los ingresos públicos o bien la creación o aumento de un gasto público»; que la cuestión de la admisibilidad financiera de una enmienda de origen parlamentario debe haber sido planteada ante la primera Cámara que hubiera sido convocada para que el Consejo Constitucional pueda examinar su conformidad al artículo 40 de la Constitución; que en el caso concreto, la enmienda del que deriva el apartado 3° del párrafo I del artículo 41 no ha visto su admisibilidad cuestionada, en aplicación del artículo 40 de la Constitución, ante el Senado; que la cuestión de la admisibilidad de la enmienda no al no haber sido planteada ante el Senado, no puede invocarse directamente por los diputados recurrentes ante el Consejo constitucional;

67. Considerando que de lo anterior resulta que las disposiciones del artículo 41 no han sido adoptadas según un procedimiento contrario a la Constitución;

En lo que concierne al fondo:

68. Considerando que según el apartado undécimo del Preámbulo de 1946, la Nación «garantiza a todos, y especialmente al niño, a la madre y a los antiguos trabajadores, la protección de la salud, la seguridad material, el descanso y el ocio. Todo ser humano que, debido a su edad, su estado físico o mental o su situación económica, se encuentre incapacitado para trabajar, tiene derecho a obtener de la colectividad los medios de existencia necesarios»; al legislador le está permitido en todo momento, al decidir en el ámbito de su competencia, modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, dado el caso por otras disposiciones, siempre que al hacerlo, no prive de garantías legales las exigencias constitucionales;

69. Considerando que la ayuda médica del Estado beneficia a las personas extranjeras en situación irregular que residen en Francia de manera ininterrumpida desde más de tres meses y cuyos recursos no sobrepasen un límite máximo fijado por decreto en aplicación del artículo L. 861-1 del Código de la seguridad social; que esta ayuda pone a cargo del Estado los gastos sanitarios mencionados en el artículo L. 251-2 del Código de la acción social y familiar;

70. Considerando, por una parte, que las personas de nacionalidad francesa, al igual que las personas de nacionalidad extranjera residentes regularmente en Francia, y cuyos recursos sean inferiores al límite fijado por decreto en aplicación del artículo L. 861-1 del Código de la seguridad social se benefician, en aplicación de este artículo, de una cobertura complementaria sin contrapartida contributiva; que del artículo L. 322-4 del mismo Código resulta que la participación mencionada en el párrafo II del artículo L. 322-2 del mismo Código y la tasa [franchise] prevista en su párrafo III no se exigen a los beneficiarios de esta protección complementaria; que, en consecuencia, el motivo de la diferencia de tratamiento entre las personas beneficiarias de la ayuda médica del Estado y las personas beneficiarias de la cobertura médica universal complementaria carece de base fáctica;

71. Considerando, por otra parte, que al restaurar la gratuidad de la ayuda médica del Estado respecto de las personas extranjeras que residen en Francia sin estar en situación regular, el legislador no ha desconocido las exigencias del apartado undécimo del Preámbulo de 1946;

72. Considerando que de lo anterior resulta que el artículo 41 debe ser declarado conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 42:

73. Considerando que, según el artículo 133 de la mencionada ley de 27 de diciembre de 2008: «Toda extensión eventual de la asunción de los gastos de escolaridad de los niños franceses escolarizados en un centro de enseñanza francés en el extranjero en las clases de segundo, de primero y de terminal estará precedida de un estudio de impacto transmitido al Parlamento, precisando especialmente las modalidades de su financiación»; que el artículo 141 de la mencionada ley de 29 de diciembre de 2010 dispone: «No obstante el otorgamiento de becas escolares, la asunción por el Estado de los gastos de escolaridad de los niños franceses escolarizados en un centro de enseñanza francés en el extranjero no podrá exceder un límite máximo, por centro, determinado por decreto adoptado previo dictamen de la Asamblea de Franceses en el extranjero y, a más tardar, el 31 de julio de 2011.
    «El límite máximo se determinará según los gastos de escolaridad practicados el año de referencia fijado por el decreto; se ajustará anualmente por orden ministerial [arrêté] especialmente para tener en cuenta las variaciones de los cambios y de las condiciones locales de existencia»;

74. Considerando que el párrafo I del artículo 42 de la ley cuestionada deroga estas disposiciones y que su párrafo II prevé la presentación al Parlamento por el Gobierno de un informe «que presente las consecuencias de la supresión de la asunción de los gastos de escolaridad de los niños franceses escolarizados en un centro de enseñanza francés en el extranjero y sobre los ajustes a efectuar a las becas sobre criterios sociales»;

75. Considerando que, según los diputados y senadores recurrentes, al suprimir la asunción por el Estado de los gastos de escolaridad en los centros de enseñanza francesa en el extranjero, las disposiciones del artículo 42 vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza pública; que los diputados recurrentes sostienen asimismo que, al restablecer los gastos de escolaridad «desde la vuelta al colegio de 2012», estas disposiciones desconocen el principio de seguridad jurídica; que vulneraría en definitiva el principio de igualdad entre los niños escolarizados en los centros públicos, según que se encuentren en Francia o en el extranjero;

76. Considerando, en primer lugar, que la segunda frase del apartado decimotercero del Preámbulo de la Constitución de 1946 dispone: «La organización de la enseñanza pública gratuita y laica en todos los grados es un deber del Estado»; que esta obligación constitucional de organizar una enseñanza pública gratuita y laica no se impone al Estado fuera del territorio de la República; que las disposiciones recurridas se refieren a las condiciones de asunción de los gastos de escolaridad de los niños franceses escolarizados en los centros franceses en el extranjero; que, en consecuencia, el motivo alegado de la violación del principio de gratuidad de la enseñanza pública es inoperante; que el principio de igualdad ante la ley no impone ulteriormente la gratuidad de la escolaridad de los niños franceses escolarizados en el extranjero;

77. Considerando, en segundo lugar, que al legislador le está permitido en todo momento, al decidir en el ámbito de su competencia, modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, dado el caso, por otras disposiciones, siempre que al hacerlo, no prive de garantías legales las exigencias constitucionales; que las disposiciones recurridas no revisten ningún carácter retroactivo y no cuestionan situaciones legalmente adquiridas; que, en consecuencia, el motivo alegado de la vulneración a la seguridad jurídica debe ser rechazado en todo caso;

78. Considerando que las disposiciones del artículo 42 deben ser declarados conformes a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 40:

79. Considerando que, según el párrafo I del artículo 14 de la mencionada ley de 6 de agosto de 2002: «El Presidente de la República y los miembros del Gobierno recibirán un sueldo bruto mensual calculado con referencia al sueldo de los funcionarios que ocupen los puestos del Estado clasificados en la categoría denominada "fuera de escala". Será cómo máximo igual al doble de la mitad del sueldo más bajo y del sueldo más elevado de esta categoría.
    «Este sueldo se completará con unas dietas de alojamiento iguales al 3% de su cantidad y por unas dietas de función iguales al 25% de la suma del sueldo bruto y de las dietas de alojamiento.
    «El sueldo bruto mensual, las dietas de alojamiento y las dietas de función del Presidente de la República y del Primer ministro serán iguales a las cantidades más elevadas definidas en los dos apartados anteriores aumentados un 50%.
    «El sueldo bruto mensual y las dietas de alojamiento están sometidos a las cotizaciones sociales obligatorias y sujetos al impuesto sobre la renta siguiendo las reglas aplicables a los sueldos y salarios.
    «Los elementos de remuneración del Presidente de la República son excluyentes de todo otro sueldo, pensión, prima o dieta, excepto las de carácter familiar»;

80. Considerando que el artículo 40 de la ley cuestionada baja el tipo fijado en el tercer apartado de este párrafo I del 50% al 5%;

81. Considerando que según el artículo 16 de la Declaración de 1789: «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución»; que, en virtud del artículo 5 de la Constitución, el Presidente de la República es el garante de la independencia nacional y de la integridad del territorio; que según el primer apartado del artículo 20: «El Gobierno determina y conduce la política de la Nación»; que el principio de la separación de poderes se aplica respecto del Presidente de la República y del Gobierno;

82. Considerando que, al modificar el sueldo del Presidente de la República y del Primer ministro, el artículo 40 de la ley cuestionada desconoce el principio de la separación de poderes; que, en consecuencia, debe ser declarado contrario a la Constitución;

83. Considerando que la conformidad a la Constitución de una ley ya promulgada puede ser apreciada con ocasión del examen de disposiciones legislativas que la modifiquen, la completen o afecten su ámbito; que, en concreto, el artículo 40 modifica las disposiciones del párrafo I del artículo 14 de la mencionada ley de 6 de agosto de 2002; que estas disposiciones, relativas al tratamiento del Presidente de la República y de los miembros del Gobierno, deben, por los mismos motivos, ser declarados contrarios a la Constitución;

• SOBRE EL LUGAR DE OTRAS DISPOSICIONES EN LA LEY DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

84. Considerando que el artículo 11 tiene principalmente por objeto, en su párrafo I, de modificar el artículo 42-3 de la mencionada ley de 30 de septiembre de 1986 a fin de instaurar un permiso del Consejo Superior Audiovisual en caso de transferencia del control directo o indirecto de una sociedad titular de una autorización de uso del recurso radioeléctrico; que el párrafo II del mismo artículo introduce en el Código general de impuestos un nuevo artículo 235 ter ZG al crear una tasa sobre la cesión de títulos de un editor de servicio de comunicación audiovisual; que el párrafo III del mismo artículo precisa la aplicación de las disposiciones de los párrafos I y II del mismo artículo;

85. Considerando, en premier lugar, que el párrafo I del artículo 11, que prevé la introducción de un procedimiento de acuerdo, en caso de cesión de partes de sociedades titulares de una autorización de edición de servicio de comunicación audiovisual no concierne ni los recursos, ni las cargas, ni la tesorería, ni los préstamos, ni la deuda, ni las garantías o la contabilidad del Estado; que no hay rastro de imposiciones de toda naturaleza que afecten a personas jurídicas aparte del Estado; que no tiene por objeto repartir dotaciones a las colectividades territoriales o aprobar acuerdos financieros; que no se refiere al régimen de la responsabilidad pecuniaria de los agentes de los servicios públicos o a la información y al control del Parlamento sobre la gestión de la finanzas públicas; que, de esta manera, el párrafo I del artículo 11 es extraño al ámbito de las leyes de modificación presupuestaria tal y como resulta de la ley orgánica del 1 de agosto de 2001; que ha sido adoptado según un procedimiento contrario a la Constitución;

86. Considerando, en segundo lugar, que el párrafo II del artículo 11 instituye una tasa sobre la cesión de títulos de un editor de servicio de comunicación audiovisual; que prevé que la base imponible de esta tasa está constituida por el conjunto de las aportaciones, cesiones o intercambios de títulos cuya acumulación, en el curso de seis meses, haya conducido a la transferencia del control de la sociedad titular de una autorización de uso del recurso radioeléctrico; que subordina no obstante el pago de la tasa al hecho de que la aportación, la cesión o el intercambio de los títulos haya sido objeto de aceptación acordada por el Consejo Superior Audiovisual en el marco del procedimiento creado por el párrafo I del mismo artículo; que, en consecuencia, las disposiciones del párrafo II del artículo 11, que no son separables del párrafo I, no tienen cabida en una ley de modificación presupuestaria;

87. Considerando que, en consecuencia y en todo estado de causa, el artículo 11 de la ley cuestionada debe ser declarado contrario a la Constitución;

88. Considerando que no ha lugar, por parte del Consejo constitucional, a elevar de oficio ninguna otra cuestión de conformidad a la Constitución,

RESUELVE:

Artículo 1.- Se declaran contrarias a la Constitución las disposiciones siguientes de la ley de modificación presupuestaria para 2012:

• el artículo 11;
• el artículo 40.

Artículo 2.- Son conformes a la Constitución las disposiciones siguientes de esta misma ley:

• los artículos 3, 4, 10, 12 y 20;
• en la letra b) del apartado 1° del párrafo I del artículo 28, el apartado 1° de la letra F del artículo 278-0 bis del Código general de impuestos, y la letra a) del apartado 3° del párrafo I del mismo artículo 28;
• los artículos 29, 32, 41 y 42.

Artículo 3.- El párrafo 1 del artículo 14 de la ley 2002-1050 de 6 agosto de 2002 de modificación presupuestaria para 2002 es contrario a la Constitución.

Artículo 4.- La presente decisión se publicará en el Diario Oficial de la República francesa.

Deliberada por el Consejo constitucional en su sesión de 9 de agosto de 2012, en la que estaban presentes: Don Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques BARROT, Doña Claire BAZY MALAURIE, Don Guy CANIVET, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Don Valéry GISCARD d'ESTAING, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Hubert HAENEL y Don Pierre STEINMETZ.