Sentencia

Sentencia n° 2019-790 DC de 1 de Agosto de 2019

Ley de transformación de la función pública (Extractos)

El CONSEJO CONSTITUCIONAL FUE REQUERIDO en fecha 24 de julio de 2019, en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Francesa, acerca de la Ley de Transformación de la Función Pública, bajo el n.º 2019-790 DC, por Dña. Valérie RABAULT, D. Jean-Luc MÉLENCHON, D. André CHASSAIGNE, D. Joël AVIRAGNET, Dña. Ericka BAREIGTS, Dña. Marie-Noëlle BATTISTEL, Dña. Gisèle BIÉMOURET, D. Christophe BOUILLON, D. Jean-Louis BRICOUT, D. Luc CARVOUNAS, D. Alain DAVID, Dña. Laurence DUMONT, D. Olivier FAURE, D. Guillaume GAROT, D. David HABIB, D. Christian HUTIN, D. Régis JUANICO, Dña. Marietta KARAMANLI, D. Jérôme LAMBERT, D. Serge LETCHIMY, Dña. Josette MANIN, Dña. George PAU-LANGEVIN, Dña. Christine PIRES BEAUNE, D. Dominique POTIER, D. Joaquim PUEYO, D. Hervé SAULIGNAC, Dña. Sylvie TOLMONT, Dña. Cécile UNTERMAIER, Dña. Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, D. Boris VALLAUD, Dña. Michèle VICTORY, Dña. Clémentine AUTAIN, D. Ugo BERNALICIS, D. Éric COQUEREL, D. Alexis CORBIÈRE, Dña. Caroline FIAT, D. Bastien LACHAUD, D. Michel LARIVE, Dña. Danièle OBONO, Dña. Mathilde PANOT, D. Loïc PRUD'HOMME, D. Adrien QUATENNENS, D. Jean-Hugues RATENON, Dña. Muriel RESSIGUIER, Dña. Sabine RUBIN, D. François RUFFIN, Dña. Bénédicte TAURINE, D. Alain BRUNEEL, Dña. Marie-George BUFFET, D. Pierre DHARRÉVILLE, D. Jean-Paul DUFRÈGNE, Dña. Elsa FAUCILLON, D. Sébastien JUMEL, D. Jean-Paul LECOQ, D. Stéphane PEU, D. Fabien ROUSSEL, D. Hubert WULFRANC, Dña. Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Dña. Huguette BELLO, D. Moetaï BROTHERSON, D. Jean-Philippe NILOR y D. Gabriel SERVILLE, diputados.

Vistas las siguientes normas jurídicas:

  • Constitución Francesa
  • Ordenanza n.º 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 de ley orgánica del Consejo Constitucional
  • Código de Acción Social y de las Familias
  • Código de Educación
  • Código de Salud Pública
  • Código de Trabajo
  • Ley n.º 83-634 de 13 de julio de 1983 de derechos y obligaciones de los funcionarios
  • Ley n.º 84-16 de 11 de enero de 1984 por la que se establecen disposiciones estatutarias relativas a la función pública del Estado
  • Ley n.º 84-53 de 26 de enero de 1984 por la que se establecen disposiciones estatutarias relativas a la función pública territorial
  • Ley n.º 86-33 de 9 de enero de 1986 por la que se establecen disposiciones estatutarias relativas a la función pública hospitalaria

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 29 de julio de 2019

Y tras oír al ponente

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE:

  1. Los diputados requirentes someten a la consideración del Consejo Constitucional la Ley de transformación de la función pública. Impugnan la conformidad con la Constitución de algunas disposiciones de sus artículos 1, 4, 10, 16, 18, 21, 25, 30, 33 y 76 y de sus artículos 19 y 56.

[…]

  • Sobre algunas disposiciones de los artículos 16, 18 y 21 y sobre el artículo 19:
  1. El artículo 16 amplía los casos en que como excepción, se podrá contratar a agentes contractuales para ocupar empleos de dirección en la función pública del Estado, territorial y hospitalaria. Los artículos 18 y 21 persiguen el mismo objeto para otros empleos permanentes de la administración del Estado y de la función pública territorial. Asimismo, el artículo 19 permite a los centros públicos de salud y médico-sociales contratar a agentes contractuales para hacer frente a un aumento temporal o estacional de actividad.

  2. Los diputados requirentes sostienen que estos artículos, al tener por efecto ampliar considerablemente las posibilidades de recurso a los agentes contractuales, desconocerían el principio según el cual los empleos permanentes de la función pública deben ser ocupados por funcionarios regidos por un estatuto. Además, esta ampliación supondría una violación de los principios de igualdad y continuidad del servicio público, ya que los agentes contractuales no dispondrían de las mismas garantías que los funcionarios y no estarían sujetos a los mismos deberes.

  3. Estos artículos también desconocerían el principio de igualdad de acceso a los empleos públicos, ya que sólo la contratación por la vía de oposiciones permitiría garantizar una selección basada en la capacidad. Los requirentes consideran que el legislador debió al menos recordar expresamente que las exigencias derivadas del principio de igualdad de acceso a los empleos públicos se aplican a una contratación por la vía contractual.

  4. Por otra parte, al permitir el ejercicio de funciones soberanas por parte de agentes contractuales, el legislador habría desconocido un principio fundamental reconocido por las leyes de la República, cuyo reconocimiento piden los requirentes al Consejo Constitucional, según el cual dichas funciones deben ser ejercidas por agentes públicos con estatuto de funcionario.

  5. Por último, estos artículos adolecerían de incompetencia negativa en la medida en que determinarían de manera insuficientemente precisa los empleos abiertos a los agentes contractuales. Más concretamente, el artículo 16 adolecería de dicha incompetencia por remitir al poder reglamentario la determinación de la lista de los empleos de dirección del Estado que pueden asignarse a no funcionarios, así como de la lista de los establecimientos públicos locales cuyas características e importancia justifican la apertura del puesto de director general a la vía de la contratación directa. Lo mismo se aplicaría al artículo 18, por permitir el recurso a empleos contractuales cuando «la naturaleza de las funciones o las necesidades de los servicios lo justifiquen» y «cuando el empleo no requiera una formación estatutaria que dé lugar a una titularización en un cuerpo de funcionarios», al ser estas condiciones insuficientemente precisas. Lo mismo ocurriría con los conceptos de «aumento temporal» y «aumento estacional» de actividad, que aparecen en el artículo 19.

. En lo que se refiere a la alegación basada en el desconocimiento del artículo 34 de la Constitución:

  1. El legislador es competente en virtud del artículo 34 de la Constitución para fijar las garantías fundamentales otorgadas a los funcionarios civiles y militares del Estado y determinar los principios fundamentales de la libre administración de las entidades territoriales. Por consiguiente, le corresponde establecer las condiciones generales de acceso a los empleos públicos.

  2. De acuerdo con los artículos 3 de la ley de 13 de julio de 1983 y 41 de la ley de 26 de enero de 1984, los empleos civiles permanentes del Estado, de las entidades territoriales y de sus establecimientos públicos con carácter administrativo serán ocupados por funcionarios.

  3. Los artículos 16, 18, 19 y 21 establecen diversas excepciones a dicho principio.

  4. De conformidad con el 1º bis del artículo 3 de la ley de 11 de enero de 1984, el 1º, el 2º y el 3º del artículo 47 de la ley de 26 de enero de 1984, el primer párrafo del 1º y el 2º del artículo 3 de la ley de 9 de enero de 1986, modificados por el artículo 16 de la ley sometida a consideración, se podrá nombrar a personas que no tengan la calidad de funcionario en los empleos de dirección del Estado, de los establecimientos públicos cuyas características e importancia lo justifiquen, de determinadas entidades territoriales y establecimientos públicos de cooperación intermunicipal, y de los establecimientos de la función pública hospitalaria. Lo mismo se aplicará, de conformidad con el 2º del artículo 3 de la ley de 11 de enero de 1984, modificado por el artículo 18 de la ley sometida a consideración, a determinados empleos de los establecimientos públicos del Estado.

  5. Asimismo, de conformidad con el 2º y el 3º del artículo 4 de la ley de 11 de enero de 1984, modificado por el artículo 18 de la ley sometida a consideración, se podrá contratar a personas que no tengan la calidad de funcionario cuando la naturaleza de las funciones o las necesidades de los servicios lo justifiquen, especialmente cuando se trate de funciones que requieran competencias técnicas especializadas o nuevas, o cuando la autoridad de contratación no esté en condiciones de cubrir un empleo con un funcionario que posea los conocimientos especializados o la experiencia profesional adecuados para las tareas que deba desempeñar, o cuando el empleo no requiera una formación estatutaria que dé lugar a una titularización en un cuerpo de funcionarios.

  6. Por otra parte, de conformidad con el apartado III del artículo 9-1 de la ley de 9 de enero de 1986, modificado por el artículo 19 de la ley sometida a consideración, los centros públicos de salud y médico-sociales podrán contratar a agentes contractuales para hacer frente a un aumento temporal o estacional de actividad.

  7. Por último, de conformidad con el 2º, el 3º, el 3º bis y el 4º del artículo 3-3 de la ley de 26 de enero de 1984, modificado por el artículo 21 de la ley sometida a consideración, podrán ser ocupados por agentes contractuales los empleos permanentes de la función pública territorial cuando las necesidades de los servicios o la naturaleza de las funciones lo justifiquen, todos los empleos de dicha función pública en los municipios y las agrupaciones de municipios con una población inferior a un determinado umbral y, en las demás entidades territoriales y en determinadas condiciones, todos los empleos a tiempo no completo.

  8. Resulta de todo lo anterior que el legislador definió con precisión las categorías de empleos públicos que pueden ser ocupados por agentes contractuales sujetos a un régimen de derecho público, como excepción al principio recogido en las leyes antes mencionadas según el cual los empleos públicos serán ocupados por funcionarios. Lo mismo hizo con las condiciones en las que se autorizará la contratación de dichos agentes en los demás empleos públicos. Al respecto, podía, sin desconocer el alcance de su competencia, remitir al poder reglamentario la determinación de aquellos empleos del Estado, entre los empleos de dirección, abiertos a una contratación por la vía contractual, así como la lista de los establecimientos públicos cuyas características e importancia justifican que su director general pueda ser un agente contractual. Del mismo modo, el legislador podía prever que se recurra a agentes contractuales para los empleos públicos «cuando la naturaleza de las funciones o las necesidades de los servicios lo justifiquen» y «para los empleos públicos para los cuales no sea necesaria una formación estatutaria». Estos conceptos, como los de «aumento temporal» y «aumento estacional» de actividad, son suficientemente precisos con respecto a las exigencias impuestas al legislador por el artículo 34 de la Constitución.

  9. Por consiguiente, la alegación basada en el desconocimiento por el legislador del alcance de su competencia debe descartarse.

. En lo que se refiere a la alegación basada en el desconocimiento del principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos:

  1. En virtud del artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, todos los ciudadanos «son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos».

  2. En primer lugar, el principio de igualdad de acceso a los empleos públicos no prohíbe al legislador prever que se pueda nombrar a personas que no tengan la calidad de funcionario en empleos ocupados en principio por funcionarios.

  3. En segundo lugar, por una parte, resulta del artículo 15 de la ley sometida a consideración, del 1º bis del artículo 3 de la ley de 11 de enero de 1984, del quinto apartado del artículo 47 de la ley de 26 de enero de 1984, del último apartado del artículo 3 de la ley de 9 de enero de 1986, modificados por el artículo 16 que, con excepción de los empleos superiores al arbitrio del Gobierno, de los de director general de los servicios de una entidad territorial mencionados en el 1º y el 2º del artículo 47 antes mencionado y de los de dirección de la función pública hospitalaria, la contratación de agentes contractuales para ocupar empleos permanentes deberá cumplir con un procedimiento que garantice la igualdad de acceso a los empleos públicos. Por este motivo, la autoridad competente se encargará de la publicidad de la vacante y de la creación de dichos empleos.

  4. Por otra parte, de acuerdo con el apartado I del artículo 32 de la ley de 13 de julio de 1983, corresponde a las autoridades competentes, bajo el control del juez, fundamentar su decisión de nombramiento en la capacidad de los interesados para desempeñar sus tareas, incluido en los empleos para los que el procedimiento mencionado en el apartado anterior no se aplique.

  5. Además, de conformidad con el artículo 34 de la ley sometida a consideración, la contratación de un agente contractual que ocupe un empleo cuyo nivel jerárquico o cuya naturaleza de las funciones lo justifique, será objeto de un control deontológico que dará lugar, llegado el caso, a un dictamen de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública.

  6. Por consiguiente, las disposiciones impugnadas no desconocen el principio de igualdad de acceso a los empleos públicos.

. En lo que se refiere a las demás alegaciones:

  1. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 32 de la ley de 13 de julio de 1983, salvo disposiciones legislativas o reglamentarias en contrario, serán aplicables a los agentes contractuales los capítulos II y IV de dicha ley, relativos respectivamente a las garantías de los funcionarios y a sus obligaciones y su deontología. Además, todo agente contractual de derecho público estará sujeto a las obligaciones derivadas de los principios de igualdad y continuidad inherentes al servicio público. Por consiguiente, la alegación basada en el desconocimiento de dichos principios debe descartarse.

  2. En segundo lugar, ninguna exigencia constitucional impone que todos los empleos que participen en el ejercicio de «funciones soberanas» sean ocupados por funcionarios.

  3. Resulta de todo lo anterior que el 1º bis y el 2º del artículo 3, así como el 2º y el 3º del artículo 4 de la ley de 11 de enero de 1984, el 3º, el 3º bis y el 4º del artículo 3-3, así como el 1º, el 2º y el 3º del artículo 47 de la ley de 26 de enero de 1984, el primer párrafo del 1º y el 2º del artículo 3, así como el apartado III del artículo 9-1 de la ley de 9 de enero de 1986, y el a del 1º del apartado I del artículo 21, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, son conformes a la Constitución.

[…]

  • Sobre el artículo 56:
  1. El artículo 56 introduce un artículo 7-2 en la ley de 26 de enero de 1984, con el objeto de enmarcar el ejercicio del derecho de huelga en determinados servicios públicos locales.

  2. El apartado I de dicho artículo 7-2 establece que, en las entidades territoriales y sus establecimientos públicos, la autoridad territorial y las organizaciones sindicales que tengan al menos un escaño en los órganos en los que se ejerza la participación de los funcionarios podrán entablar negociaciones con miras a la firma de un acuerdo para garantizar la continuidad de determinados servicios públicos. Dicho acuerdo, que deberá ser aprobado por el órgano deliberante de la entidad o del establecimiento, determinará las funciones y el número de agentes indispensables, así como las condiciones de adaptación de la organización del trabajo y de asignación de los agentes presentes en el servicio en caso de perturbación previsible del mismo. A falta de acuerdo en un plazo de doce meses, una resolución del órgano deliberante determinará los servicios, las funciones y el número de agentes indispensables para garantizar la continuidad del servicio público.

  3. El apartado II establece en particular que, en caso de convocatoria de huelga en las condiciones establecidas en el artículo L. 2512-2 del Código de Trabajo, los agentes de los servicios mencionados en el apartado I informarán a la autoridad territorial de su intención de participar en la huelga, a más tardar cuarenta y ocho horas antes de su participación.

  4. El apartado III permite a la autoridad territorial, cuando el ejercicio del derecho de huelga durante el servicio pueda ocasionar un riesgo de desorden manifiesto en la prestación del servicio, exigir a los agentes que hayan declarado su intención de participar en la huelga que ejerzan su derecho desde la entrada hasta la salida del trabajo.

  5. El apartado IV establece, en particular, que los agentes que no hayan cumplido con las obligaciones anteriores podrán ser objeto de sanciones disciplinarias.

  6. Según los diputados requirentes, estas disposiciones serían contrarias al séptimo párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946. Conducirían a una variación de las condiciones de ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos locales de una entidad territorial a otra, en función de los acuerdos celebrados con los sindicatos o de las resoluciones de cada entidad. Asimismo impondrían restricciones excesivas al derecho de huelga, por una parte al obligar a los agentes públicos, so pena de sanciones disciplinarias, a declarar de antemano su intención de participar en una huelga y, por otra parte al permitir a la autoridad territorial exigir a dichos agentes que ejerzan ese derecho desde la entrada hasta la salida del trabajo. Por último, no determinarían con suficiente precisión los servicios públicos y los agentes susceptibles de estar sujetos a estas nuevas obligaciones. Por el mismo motivo, estas disposiciones adolecerían de incompetencia negativa, lo que permitiría a cada entidad territorial regular a su discreción el ejercicio del derecho de huelga.

  7. De acuerdo con el séptimo párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946: «El derecho de huelga se ejerce con arreglo a las leyes que lo reglamentan». Al aprobar esta disposición, los constituyentes pretendieron subrayar que el derecho de huelga es un principio de valor constitucional, pero que tiene límites, y facultaron al legislador para determinar los mismos mediante una conciliación necesaria entre la defensa de los intereses profesionales, de los que la huelga es uno de los medios, y la salvaguarda del interés general que la huelga podría vulnerar. En lo que respecta a los servicios públicos, el reconocimiento del derecho de huelga no debe tener por efecto obstaculizar el poder del legislador de imponer a este derecho las limitaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio público que, como el derecho de huelga, tiene el carácter de un principio de valor constitucional.

  8. En primer lugar, el legislador precisó que el nuevo dispositivo que enmarca el derecho de huelga se aplicaría a los servicios públicos de recogida y tratamiento de los residuos domésticos, de transporte público de personas, de ayuda a las personas mayores y discapacitadas, de atención a los niños menores de tres años, de asistencia extraescolar y de restauración colectiva y escolar. También precisó que este dispositivo sólo sería aplicable a dichos servicios públicos cuando su interrupción, en caso de huelga de los agentes públicos que participen directamente en su prestación, afecte al mantenimiento del orden público, en particular de la salubridad pública, o a las necesidades esenciales de los usuarios de dichos servicios. Al definir estas condiciones, cuyos términos no son imprecisos, el legislador delimitó suficientemente el alcance de los servicios públicos sujetos a las disposiciones impugnadas.

  9. Además, al supeditar a un acuerdo la determinación de las funciones y del número de agentes indispensables, así como de las condiciones de organización del trabajo y de asignación de los agentes presentes en el servicio, el legislador enmarcó con suficiente precisión el contenido de las facultades así otorgadas a las organizaciones sindicales y a la entidad o al establecimiento.

  10. Por último, al establecer que, a falta de acuerdo, corresponderá al órgano deliberante de la entidad o del establecimiento determinar los servicios, las funciones y el número de agentes indispensables para garantizar la continuidad del servicio público, el legislador no desconoció el alcance de su competencia.

  11. Resulta de lo anterior que la alegación basada en la incompetencia negativa del legislador debe descartarse.

  12. En segundo lugar, la obligación de declaración previa de participación en la huelga, que no podrá extenderse a la totalidad de los agentes, sólo es oponible a los agentes que participen directamente en la prestación de los servicios públicos antes mencionados y calificados de «indispensables» para la continuidad del servicio público en el acuerdo o la resolución de la entidad o del establecimiento. Por otra parte, dicha obligación no prohíbe a uno de estos agentes unirse al movimiento de huelga ya iniciado y en el que no tenía previamente intención de participar o en el que haya dejado de participar, siempre que informe a la autoridad territorial con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación.

  13. En tercer lugar, al permitir a la autoridad territorial exigir a los agentes en cuestión que ejerzan su derecho de huelga desde la entrada hasta la salida del trabajo, el legislador pretendió prevenir los riesgos de que se produjera una perturbación manifiesta en la prestación del servicio público como consecuencia de la interrupción o la reanudación del trabajo durante el servicio. Por consiguiente, esta restricción de las condiciones de ejercicio del derecho de huelga tiende a evitar el recurso reiterado a huelgas de corta duración que ponga en peligro la continuidad del servicio público. Por otra parte, no obliga al agente que desee cesar el trabajo a hacerlo desde su primera entrada al trabajo después del inicio de la huelga.

  14. En último lugar, las sanciones disciplinarias impugnadas sólo pretenden castigar el incumplimiento de las obligaciones de declaración previa y de ejercicio del derecho de huelga desde la entrada al trabajo, cuyo desconocimiento no confiere al ejercicio del derecho de huelga un carácter ilícito.

  15. Resulta de todo lo anterior que las adaptaciones así efectuadas a las condiciones de ejercicio del derecho de huelga no son desproporcionadas con respecto al objetivo perseguido por el legislador. La alegación basada en el desconocimiento del séptimo párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946 debe descartarse.

  16. Por consiguiente, el artículo 7-2 de la ley de 26 de enero de 1984, que no desconoce ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.

[…]

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:

Artículo 1.- Que son conformes a la Constitución las siguientes disposiciones:

  • Las palabras «y al examen de decisiones individuales cuya lista será establecida mediante decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado», que aparece en el artículo 9 de la ley n.º 83-634 de 13 de julio de 1983 de derechos y obligaciones de los funcionarios, en su redacción dada por el artículo 1 de la Ley de Transformación de la Función Pública.

  • El primer párrafo del apartado III del artículo 15 de la ley n.º 84-16 de 11 de enero de 1984 por la que se establecen disposiciones estatutarias relativas a la función pública del Estado, el primer párrafo del apartado I del artículo 32-1 de la ley n.º 84-53 de 26 de enero de 1984 por la que se establecen disposiciones estatutarias relativas a la función pública territorial, el primer párrafo del apartado III del artículo L. 6144-3 del Código de Salud Pública, el primer párrafo del apartado III del artículo L. 6144-3-1 del mismo código y el primer párrafo del apartado III del artículo L. 315-13 del Código de Acción Social y de las Familias, en su redacción dada por el artículo 4 de la ley sometida a consideración

  • El quinto párrafo del artículo 14 de la misma ley de 11 de enero de 1984, el primer párrafo del artículo 30 de la misma ley de 26 de enero de 1984 y el apartado I del artículo 21 de la ley n.º 86-33 de 9 de enero de 1986 por la que se establecen disposiciones estatutarias relativas a la función pública hospitalaria, en su redacción dada por el artículo 10 de la ley sometida a consideración

  • El a del 3º el apartado III, el a y el b del 1º, el 2º y el 4º del apartado IV y el b del 6º del apartado V del artículo 10 de la ley sometida a consideración

  • El 1º bis y el 2º del artículo 3, así como el 2º y el 3º del artículo 4 de la misma ley de 11 de enero de 1984, en su redacción dada por los artículos 16 y 18 de la ley sometida a consideración

  • El primer párrafo del 1º y el 2º del artículo 3, así como el apartado III del artículo 9-1 de la misma ley de 9 de enero de 1986, en su redacción dada por los artículos 16 y 19 de la ley sometida a consideración

  • El 3º, el 3º bis y el 4º del artículo 3-3, así como el 1º, el 2º y el 3º del artículo 47 de la misma ley de 26 de enero de 1984, en su redacción dada por los artículos 16 y 21 de la ley sometida a consideración

  • El a del 1º del apartado I del artículo 21 de la ley sometida a consideración

  • El a del 2º y el segundo párrafo del c del 3º del apartado I, el d del mismo 3º, el a del 2º, el 3º y el segundo párrafo del a del 4º del apartado II, el b de ese mismo 4º, el a del 2º, así como el a y el c del 3º del apartado III del artículo 30 de la ley sometida a consideración

  • El primer párrafo del artículo L. 232-3 del Código de Educación y las palabras «Con excepción de su presidente» que aparecen en el segundo párrafo del mismo artículo, en su redacción dada por el artículo 33 de la ley sometida a consideración

  • El artículo 7-2 de la misma ley de 26 de enero de 1984, en su redacción dada por el artículo 56 de la ley sometida a consideración

  • Los apartados I y III del artículo 15 de la misma ley de 13 de julio de 1983, en su redacción dada por el artículo 76 de la ley sometida a consideración

Artículo 2.- Esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française).

Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 31 de julio de 2019, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, Dña. Nicole MAESTRACCI, D. Jacques MÉZARD, D. François PILLET y D. Michel PINAULT.

Publicada el 1 de agosto de 2019.

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