Sentencia

Sentencia n° 2019-787 DC de 25 de Julio de 2019

Ley para una escuela de la confianza

El CONSEJO CONSTITUCIONAL FUE REQUERIDO en fecha 5 de julio de 2019, en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Francesa, acerca de la Ley para una escuela de la confianza, bajo el n.º 2019-787 DC, por D. Christian JACOB, Dña. Emmanuelle ANTHOINE, D. Thibault BAZIN, Dña. Valérie BAZIN-MALGRAS, Dña. Émilie BONNIVARD, D. Ian BOUCARD, Dña. Valérie BOYER, D. Xavier BRETON, D. Fabrice BRUN, D. Gilles CARREZ, D. Gérard CHERPION, D. Dino CINIERI, D. Éric CIOTTI, D. Pierre CORDIER, Dña. Josiane CORNELOUP, D. François CORNUT-GENTILLE, D. Rémi DELATTE, D. Fabien DI FILIPPO, D. Éric DIARD, D. Julien DIVE, D. Jean-Pierre DOOR, D. Pierre-Henri DUMONT, D. Daniel FASQUELLE, D. Nicolas FORISSIER, D. Laurent FURST, Dña. Annie GENEVARD, D. Claude GOASGUEN, D. Philippe GOSSELIN, Dña. Claire GUION-FIRMIN, D. Patrick HETZEL, D. Sébastien HUYGHE, D. Mansour KAMARDINE, Dña. Brigitte KUSTER, Dña. Valérie LACROUTE, D. Guillaume LARRIVÉ, D. Marc LE FUR, Dña. Constance LE GRIP, D. Sébastien LECLERC, Dña. Geneviève LEVY, Dña. Véronique LOUWAGIE, D. Emmanuel MAQUET, D. Olivier MARLEIX, D. Jean-Louis MASSON, D. Gérard MENUEL, Dña. Frédérique MEUNIER, D. Maxime MINOT, D. Jérôme NURY, D. Éric PAUGET, Dña. Bérengère POLETTI, D. Aurélien PRADIÉ, D. Alain RAMADIER, D. Robin REDA, D. Frédéric REISS, D. Bernard REYNES, D. Antoine SAVIGNAT, D. Jean-Marie SERMIER, D. Éric STRAUMANN, D. Jean-Charles TAUGOURDEAU, D. Jean-Louis THIÉRIOT, Dña. Laurence TRASTOUR-ISNART, D. Charles de la VERPILLIÈRE, D. Arnaud VIALA et D. Michel VIALAY, diputados.

Vistas las siguientes normas jurídicas:

  • Constitución Francesa
  • Ordenanza n.º 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 de ley orgánica del Consejo Constitucional
  • Código de Educación

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 15 de julio de 2019

Y tras oír al ponente

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE:

  1. Los diputados requirentes someten a la consideración del Consejo Constitucional la Ley para una escuela de la confianza, de la cual impugnan el artículo 17.
  • Sobre el artículo 17:
  1. El artículo 17 de la ley sometida a consideración determina las condiciones en las que el Estado asigna a los municipios los recursos que resultan necesarios debido a la reducción a tres años, en vez de seis, de la edad a partir de la cual la instrucción es obligatoria. Esta reducción, prevista en el artículo 11, entrará en vigor al comienzo del curso escolar 2019.

  2. Los diputados requirentes alegan que estas disposiciones sólo beneficiarían a los municipios que hasta ahora no financiaban de forma voluntaria escuelas infantiles. En la medida en que limitan el apoyo financiero del Estado a la compensación de los gastos adicionales ocasionados por la reducción a tres años de la edad de instrucción obligatoria, estas disposiciones crearían una diferencia de trato entre los municipios contraria al principio de igualdad ante la ley. Por los mismos motivos, también se desconocerían la libertad de la enseñanza y el principio de igualdad de acceso a la instrucción.

  3. De acuerdo con el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, la ley «debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para castigar». El principio de igualdad no se opone a que el legislador rija de manera diferente situaciones diferentes, ni a que se aparte del principio de igualdad por motivos de interés general, siempre que, en uno y otro caso, la diferencia de trato resultante esté directamente relacionada con el objeto de la ley que la establezca.

  4. Las disposiciones impugnadas prevén que el Estado asigne a cada municipio, con carácter permanente, los recursos correspondientes al aumento, en comparación con el curso escolar 2018-2019, de los gastos obligatorios que el municipio sufraga para la financiación de las escuelas y clases infantiles durante el curso escolar 2019-2010, dentro del límite de la parte de aumento resultante directamente de la reducción a tres años de la edad de instrucción obligatoria. Estos gastos son los que benefician a las escuelas públicas y las instituciones educativas privadas que han firmado un convenio con el Estado.

  5. De las disposiciones impugnadas resulta una diferencia de trato entre los municipios, dependiendo de si éstos financiaban o no clases infantiles antes de la reducción a tres años de la edad de instrucción obligatoria. Los municipios que no financiaban ninguna de ellas se benefician, por tanto, de una compensación financiera del Estado correspondiente a la totalidad de los gastos resultantes de dicha reducción. No pasa lo mismo con los municipios que financiaban estas clases, ya sea en una escuela primaria pública existente o mediante la creación de una escuela infantil pública, ya sea aprobando la firma del convenio entre una escuela infantil privada y el Estado. Estos últimos municipios sólo se benefician de una compensación equivalente a los gastos ocasionados por la ley sometida a consideración como consecuencia del aumento del número de alumnos escolarizados o de la obligación de financiar las escuelas privadas cuyo convenio no haya sido aprobado por el municipio.

  6. Sin embargo, por una parte, los municipios que, durante el curso escolar 2018-2019, instauraron clases o escuelas infantiles públicas o aprobaron convenios de escuelas infantiles privadas, contribuyeron de esa manera a su financiación en las condiciones previstas en el Código de Educación. Por consiguiente, estos municipios no se encuentran en la misma situación que los otros municipios, que no ejercían hasta ahora las mismas competencias y, por lo tanto, no sufragaban los gastos correspondientes.

  7. Por otra parte, la diferencia de trato impugnada está directamente relacionada con el objeto de la ley que la establece, el cual consiste, de conformidad con la segunda frase del cuarto párrafo del artículo 72-2 de la Constitución, en acompañar con recursos financieros una ampliación de las competencias cuya consecuencia sea el aumento de los gastos de las entidades territoriales.

  8. Por consiguiente, la alegación basada en el desconocimiento del principio de igualdad ante la ley debe descartarse.

  9. El artículo 17, que tampoco desconoce la libertad de enseñanza ni el principio de igual acceso a la instrucción, ni ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.

  • En lo que se refiere a otras disposiciones de la ley sometida a consideración:
  1. De acuerdo con la última frase del primer párrafo del artículo 45 de la Constitución: «Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 40 y 41, toda enmienda será admisible en primera lectura a condición de que presente un vínculo, aún indirecto, con el texto presentado o trasladado».

  2. El artículo 33 prevé una información a las familias sobre el «interés» y los «retos» de las ofertas de aprendizaje de los idiomas y las culturas regionales.

  3. El artículo 53 se refiere al derecho de prescripción de los médicos escolares y a las condiciones en las que los enfermeros de la Educación Nacional pueden administrar medicamentos a los alumnos y estudiantes.

  4. Introducidas en primera lectura, las disposiciones de los artículos 33 y 53 no guardan ninguna relación, ni siquiera indirecta, con las contenidas en el proyecto de ley presentado en la mesa de la Asamblea Nacional. Adoptadas según un procedimiento contrario a la Constitución, son por lo tanto contrarias a ésta.

  • Sobre las demás disposiciones:
  1. El Consejo Constitucional no planteó de oficio ninguna otra cuestión de conformidad con la Constitución y, por lo tanto, no se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones distintas de las consideradas en la presente resolución.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:

Artículo 1.- Que los artículos 33 y 53 de la Ley para una escuela de la confianza son contrarios a la Constitución.

Artículo 2.- Que el artículo 17 de la misma ley es conforme a la Constitución.

Artículo 3.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française).

Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 25 de julio de 2019, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, Dña. Nicole MAESTRACCI, D. Jacques MÉZARD, D. François PILLET y D. Michel PINAULT.

Publicada el 25 de julio de 2019.

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