Sentencia

Sentencia n° 2014-693 DC de 25 de Marzo de 2014

Ley relativa a la geolocalización

El Consejo constitucional ha sido requerido, el 27 de febrero de 2014, en las condiciones previstas en el artículo 61, párrafo segundo, de la Constitución, para pronunciarse sobre la Ley relativa a la geolocalización por los Sres. Bruno LE ROUX, Avi ASSOULY, Alexis BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Serge BARDY, Christian BATAILLE, la Sra. Kheria BOUZIANE, los Sres. Jean-Louis BRICOUT, Jean-Jacques BRIDEY, Alain CALMETTE, la Sra. Colette CAPDEVIELLE, el Sr. Christophe CARESCHE, la Sra. Fanélie CARREY-CONTE, el Sr. Christophe CASTANER, la Sra. Marie-Anne CHAPDELAINE, el Sr. Alain CLAEYS, las Sras. Marie-Françoise CLERGEAU, Carole DELGA, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, los Sres. Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, la Sra. Laurence DUMONT, los Sres. Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Matthias FEKL, Jean-Pierre FOUGERAT, la Sra. Michèle FOURNIER-ARMAND, los Sres. Christian FRANQUEVILLE, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Marc GOUA, la Sra. Chantal GUITTET, el Sr. Régis JUANICO, la Sra. Chaynesse KHIROUNI, el Sr. Jean-Marie LE GUEN, la Sra. Annie LE HOUEROU, el Sr. Michel LEFAIT, la Sra. Martine LIGNIÈRES-CASSOU, los Sres. François LONCLE, Jean-Philippe MALLÉ, la Sra. Jacqueline MAQUET, el Sr. Jean-René MARSAC, la Sra. Sandrine MAZETIER, los Sres. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, la Sra. Ségolène NEUVILLE, el Sr. Philippe PLISSON, la Sra. Émilienne POUMIROL, los Sres. Michel POUZOL, Denys ROBILIARD, la Sra. Odile SAUGUES, los Sres. Gilbert SAUVAN, Christophe SIRUGUE, la Sra. Julie SOMMARUGA, el Sr. Gérard TERRIER, la Sra. Sylvie TOLMONT, y los Sres. Jean-Louis TOURAINE y Jean-Jacques URVOAS, diputados.
 
EL CONSEIL CONSTITUCIONAL,
 
Vista la Constitución;
 
Visto el Decreto legislativo n° 58−1067, de 7 de noviembre de 1958, modificado, por el que se aprueba la ley orgánica sobre el Consejo constitucional;
 
Visto el Código de Procedimiento Penal.
 
Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 18 de marzo de 2014.
 
Habiendo sido oído el ponente;
 

  1. Considerando que los diputados demandantes elevan al Consejo constitucional la Ley relativa a la geolocalización; que demandan al Consejo constitucional que se pronuncie sobre la conformidad del artículo 230-40 del Código de procedimiento penal, en la redacción resultante del artículo primero de la citada ley, con los derechos de la defensa.
     
    SOBRE EL ARTÍCULO 1:
     
  2. Considerando que el artículo 1 de la Ley completa el Título IV del Libro I del Código de procedimiento penal con un Capítulo V titulado «De la geolocalización» que comprende  los artículos 230-32 a 230-44;
     
  3. Considerando que el artículo 230-32 define la geolocalización como «cualquier medio técnico destinado a la localización en tiempo real, en el conjunto del territorio nacional, de una persona, sin su conocimiento, de un vehículo o de cualquier otro objeto, sin el consentimiento de su propietario o poseedor»; que los artículos 230-32 y 230-33 definen los casos en los cuales puede autorizarse la utilización de esta técnica de vigilancia así como los modalidades y la duración de dicha autorización;
     
  4. Considerando que el artículo 230-34 define las condiciones en las cuales el Fiscal, el Juez de Instrucción o el Juez de las Libertades y de la Detención, en función del tipo de investigación o de instrucción y de los hechos sobre los que se base la incriminación, pueden, cuando las necesidades de la investigación o de la instrucción así lo exijan, autorizar la entrada en ciertos lugares privados o en un vehículo con el fin de colocar o retirar el instrumento técnico que permite la geolocalización;
     
  5. Considerando que el artículo 230-35 prevé que, en caso de urgencia debido a la existencia de un riesgo inminente de desaparición de las pruebas o de grave peligro para personas o bienes, las operaciones de geolocalización pueden ser ordenadas o realizadas por un oficial de policía judicial que informara inmediatamente sobre ello al Fiscal o al Juez de Instrucción, quienes pueden ordenar su levantamiento;
     
  6. Considerando que los artículos 230-38 y 230-39 prevén que el oficial de policía judicial levante acta de las operaciones de colocación del dispositivo de geolocalización, de las operaciones de grabación de los datos de localización y de los datos grabados que resulten útiles para la búsqueda de la verdad; que el artículo 230-43 prevé la destrucción de las grabaciones de los datos de localización cuando se produzca la expiración del plazo de prescripción de la acción pública;
     
  7. Considerando que los artículos 230-40 à 230-42 fijan las condiciones en las cuales el Juez de las Libertades y de la Detención puede autorizar que no aparezcan en el sumario ciertas informaciones relativas a la instalación o a la retirada del dispositivo de geolocalización, a la grabación de los datos de localización o a los elementos que permitan identificar a una persona que haya participado en la instalación o en la retirada del dispositivo de geolocalización;
     
  8. Considerando que el artículo 230-44 prevé que las disposiciones del Capítulo V, antes citado, no sean aplicables cuando las operaciones de geolocalización tengan por objeto la localización de un equipo terminal de comunicación electrónica, de un vehículo o de cualquier otro objeto cuyo propietario o poseedor legítimo sea la víctima de la infracción que motivó la investigación o la instrucción, o la persona desaparecida, siempre que dichas operaciones estén destinadas a encontrar a la víctima, al objeto que le ha sido robado o a la persona desaparecida;
     
    En relación con la puesta en práctica de la geolocalización:
     
  9. Considerando que el artículo 34 de la Constitución obliga al legislador a fijar por sí mismo el ámbito de aplicación de la ley penal; que, tratándose del procedimiento penal, esta exigencia se impone sobre todo para evitar un rigor innecesario en la persecución de de los autores de las infracciones;
     
  10. Considerando que es al legislador a quien le incumbe asegurar la conciliación entre, de una parte, la prevención de los ataques contra el orden público y la persecución de los autores de infracciones, ambas necesarias para la salvaguarda de los derechos y principios de valor constitucional, y, de otra parte, el ejercicio de los derechos y las libertades garantizados constitucionalmente; que entre estas últimas figuran la libertad de ir y venir, que deriva del artículo 4 de la Declaración de derechos de hombre y del ciudadano de 1789, y el derecho al respeto de la vida privada, de la inviolabilidad del domicilio y del secreto de las comunicaciones, protegidas por su artículo 2;
     
  11. Considerando que se deriva del artículo 66 de la Constitución que la policía judicial debe estar situada bajo la dirección y el control de la autoridad judicial;
     
  12. Considerando que, si bien el legislador puede prever medidas de investigación especiales con el fin de esclarecer crímenes y delitos de particular gravedad y complejidad, de obtener las pruebas correspondientes y de perseguir a sus autores, esto se podrá hacer a condición, de una parte, de que las restricciones de derechos constitucionales derivadas de estas medidas sean proporcionales a la gravedad y a la complejidad de las infracciones y no supongan discriminaciones injustificadas y, de otra parte, a condición de que dichas medidas sean aplicadas respetando las prerrogativas de la autoridad judicial, que es a quien incumbe garantizar en particular que su puesta en práctica sea necesaria para el esclarecimiento de la verdad;
     
    En relación con el respeto de la vida privada:
     
  13. Considerando que la geolocalización es una medida de policía judicial que consiste en vigilar a una persona por medio de procedimientos técnicos, siguiendo, en tiempo real, la posición geográfica de un vehículo que se supone que está siendo utilizado por ella, o de cualquier otro objeto -un teléfono, en particular- que se supone que está en su poder; que la puesta en práctica de este procedimiento no implica ningún acto de coacción sobre la persona afectada, ni ningún ataque a su integridad corporal, ni ningún acto de incautación, de interceptación de comunicaciones o de grabación de imagen o sonido; que la intromisión en la vida privada que se deriva de la puesta en práctica de este procedimiento consiste en la vigilancia mediante localización continua y en tiempo real de una persona, en el seguimiento de sus desplazamientos en lugares tanto públicos como privados, así como en la grabación y el tratamiento de los datos así obtenidos;
     
  14. Considerando que no puede recurrirse a la geolocalización salvo cuando lo exijan las necesidades de la investigación o de la instrucción relativas a un crimen o a un delito que estén castigados con una pena de privación de libertad de al menos tres años, cuando se trate de ataques contra las personas, de la colaboración con el autor o el cómplice de un acto de terrorismo o de evasión, o de al menos cinco años, cuando se trate de cualquier otra infracción, o cuando lo exijan las investigaciones o instrucciones referidas a la búsqueda de las causas de la muerte o desaparición de una persona o los procedimientos de persecución de una persona huída;
     
  15. Considerando que el recurso a la geolocalización queda situado bajo la dirección y el control de la autoridad judicial; que, en los casos previstos por el apartado 1° del artículo 230-33, el Fiscal sólo puede autorizarla por una duración máxima de 15 días consecutivos; que a partir de este plazo, la medida debe ser autorizada por el Juez de las Libertades y de la Detención por una duración máxima de un mes renovable; que, en los casos previstos en el aparatado 2° del mismo artículo, el Juez de Instrucción puede autorizarla por una duración máxima de cuatro meses renovables; que, en caso de urgencia, un oficial de policía judicial puede ponerla en práctica u ordenarla, siendo informado inmediatamente el Fiscal o el Juez de Instrucción, quienes pueden ordenar su levantamiento;
     
    En relación con la inviolabilidad del domicilio:
     
  16. Considerando que, cuando la colocación o la retirada del dispositivo técnico que permite la geolocalización haga necesaria la entrada, inclusive de noche, en un lugar privado, dicha entrada debe ser autorizada por escrito, según los casos, por el Fiscal, por el Juez de Instrucción o por el Juez de la Libertad y de la Detención, en consideración a la gravedad y a la complejidad de de los hechos y a las necesidades de la investigación o de la instrucción; que en caso de urgencia, definido en el artículo 230-35, la operación puede ser puesta en marcha por el oficial de policía judicial que debe informar inmediatamente sobre ello a la autoridad judicial, la cual dispone de veinticuatro horas para ordenar, por escrito, la continuación de las operaciones; que, si es necesaria la entrada en un lugar destinado a vivienda, la operación no puede ponerse en marcha, bajo ningún concepto, sin la autorización previa del juez competente, realizada por cualquier medio; que la entrada en lugares privados destinados a almacén o en un vehículo situado en la vía pública sólo es posible cuando la operación venga exigida por las necesidades de una investigación o de una instrucción en relación con un crimen o un delito contra las personas o en relación con delitos particulares castigados con una pena de prisión de al menos tres años; que, si se trata de otros lugares privados, la entrada sólo es posible cuando la investigación o la instrucción se refiera a un crimen o a un delito castigado con al menos cinco años de prisión o cuando se trate de un procedimiento o una instrucción destinada a la búsqueda de las causas de la muerte o desaparición de una persona, o de la persecución de una persona huída; que el párrafo quinto del artículo 230-34 prohíbe la colocación de un medio técnico de geolocalización en cualquiera de los lugares mencionados en los artículos 56-1 à 56-4 del Código de procedimiento penal o en la oficina o el domicilio de las persona mencionadas en el artículo 100-7 del dicho Código;
     
  17. Considerando que de todo lo que precede se extrae que el legislador ha rodeado la puesta en práctica de la geolocalización de medidas, situadas bajo la autorización y el control de la autoridad judicial, dirigidas a garantizar que las restricciones de los derechos constitucionalmente reconocidos sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad y no revistan un carácter desproporcionado en atención a la gravedad ya la complejidad de las infracciones cometidas; que, a través de estas disposiciones, el legislador no ha llevado a cabo una conciliación que resulte desequilibrada entre los derechos y libertades en juego;
     
    En relación con el sumario:
     
  18. Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Declaración de 1789: «Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni establecida la separación de poderes, carece de Constitución»; que a través de este precepto se garantiza el derecho de las personas interesadas a ejercer un recurso jurisdiccional efectivo, así como al respeto de los derechos de defensa, lo que implica, en particular, la existencia de un procedimiento justo y equitativo que garantice el equilibrio entre los derechos de las partes;
     
  19. Considerando que el oficial de la policía judicial o el agente de la policía judicial, actuando bajo su responsabilidad, levanta acta de cada una de las operaciones de colocación de instrumentos de geolocalización y de las operaciones de grabación de los datos de localización, que en dicha acta menciona la fecha y la hora en las que la operación ha dado comienzo y en las que ha terminado; que describe o transcribe en un acta incorporada al sumario, los datos grabados que sean de utilidad para el esclarecimiento de la verdad; que, de todas formas, las disposiciones del artículo 230-40 permiten que las informaciones relativas a la fecha, la hora y el lugar de la instalación o la retirada del medio técnico de geolocalización, así como la grabación de los datos de localización y los elementos que permiten identificar las personas que hayan participado en la instalación o la retirada de dicho medio, no aparezcan en el sumario, sino que sean insertadas en un acta incorporada a un expediente distinto del sumario del procedimiento, al cual no tienen acceso las partes y en el que figura igualmente la orden del Juez de Instrucción por la cual se pone en práctica este procedimiento; que estas informaciones son inscritas en un registre numerado y rubricado, abierto a este efecto en el Tribunal de primera instancia;
     
    En relación con los artículos 230-40 y 230-41:
     
  20. Considerando, en primer lugar, que en virtud del artículo 230-40, esta posibilidad solo está abierta en el marco de una información judicial que trate de crímenes y delitos referidos a la criminalidad o a la delincuencia organizadas, que entren en el ámbito de aplicación del artículo 706-73 del Código de procedimiento penal; que solo está permitida cuando, de una parte, «el conocimiento de dichas informaciones sea susceptible de poner gravemente en peligro la vida o la integridad física de una persona, de miembros de su familia o de personas próximas a ella» y, de otra parte, cuando este conocimiento «no sea ni útil para el esclarecimiento de la verdad, ni indispensable para el ejercicio de los derechos de defensa»; que la autorización para acudir a ella se concede mediante decisión motivada del Juez de las Libertades y de la Detención a requerimiento del Juez de Instrucción mediante resolución motivada;
     
  21. Considerando, en segundo lugar, que, si se pone en práctica el procedimiento previsto en el artículo 230-40, en todo caso han de ser incluidos en el sumario la decisión escrita del magistrado autorizando la geolocalización en aplicación del artículo 230-33, la decisión del magistrado autorizando, en su caso, la entrada en lugar privado en aplicación del artículo 230-34, la decisión del Juez de las Libertades y de la Detención autorizando la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 230-40, así como las operaciones de grabación de los datos de localización que no permitan identificar a las personas que hayan participado en la instalación o la retirada del medio técnico de geolocalización;
     
  22. Considerando, en tercer lugar, que el artículo 230-41 dispone que la persona imputada o el testigo asistido pueden impugnar ante el Presidente de la Sala de Instrucción la decisión por la cual se recurra al procedimiento previsto en el artículo 230-40; que este magistrado puede anular la geolocalización si estima que las operaciones de geolocalización no han sido realizadas de manera regular, que no se han cumplido las condiciones previstas en el artículo 230-40 o que las informaciones que no han sido incluidas en el sumario resultan indispensables para el ejercicio de los derechos de defensa; que puede igualmente ordenar que se incluyan dichas informaciones en el sumario si estima que su conocimiento no es, o ya no es, susceptible de poner gravemente en peligro la vida o la integridad física de una persona, de miembros de su familia o de personas próximas a ella;
     
  23. Considerando que, en todo caso, el plazo de diez días durante el que la persona imputada o el testigo asistido pueden impugnar la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 230-40 se inicia «a contar desde la fecha en la que se haya puesto en su conocimiento el contenido de las operaciones de geolocalización realizadas en el marco previsto» en dicho artículo; que, en atención a la complejidad de las investigaciones en materia de criminalidad y delincuencia organizadas, estas disposiciones no pueden ser interpretadas en el sentido de que el plazo de diez días empieza a contar antes de que la decisión del Juez de las Libertades y de la Detención, dictada en aplicación del artículo 230-40, haya sido formalmente puesta en conocimiento de la persona imputada o del testigo asistido, pues ello supondría un menoscabo de los derechos de defensa; que, además, los derechos de defensa se verían igualmente menoscabados si la Sala de Instrucción, requerida en las condiciones previstas en los artículos 170 y siguientes del Código de procedimiento penal, a los efectos de anulación de los actos relativos a las autorizaciones de instalación del dispositivo técnico de geolocalización y a su grabación, no pudiera igualmente ejercer el control y tomar las decisiones previstas en el artículo 230-41 de dicho código;
     
  24. Considerando que, con las reservas enunciadas en el Considerando precedente, las disposiciones de los artículos 230-40 y 230-41 no resultan contrarias al artículo 16 de la Declaración de 1789;
     
    En relación con el artículo 230-42:
     
  25. Considerando que el principio contradictorio y el respeto a los derechos de la defensa implican, en particular, que una persona encausada ante una jurisdicción represiva debe estar en situación de impugnar, por si misma o a través de su abogado, las condiciones en las cuales han sido recogidos los elementos de prueba que fundamentan su imputación;
     
  26. Considerando que el artículo 230-42 prevé que ninguna condena puede ser dictada «teniendo como único fundamento» los elementos recogidos en las condiciones previstas en el artículo 230-40, salvo si el requerimiento y el acta mencionados en el último párrafo de dicho artículo han sido incorporados al sumario en aplicación del artículo 230-41; que se permite así que pueda dictarse una sentencia condenatoria fundamentada sobre unos elementos de prueba cuando la persona encausada no ha estado en disposición de impugnar las condiciones en las cuales dichos elementos han sido recogidos, por lo que estas disposiciones incumplen las exigencias constitucionales que se derivan del artículo 16 de la Declaración de 1789; que, por tanto, en el artículo 230-42, la palabra «único» debe ser declarada contraria a la Constitución; que, en consecuencia, salvo en el supuesto de que el requerimiento y el acta mencionados en el último párrafo del artículo 230-40 hayan sido incorporados al sumario en aplicación del artículo 230-41, corresponderá a la jurisdicción de instrucción ordenar que los elementos recogidos en las condiciones previstas en el artículo 230-40 sean retirados del expediente de información antes de que se produzca la convocatoria del juicio oral; que en lo demás, y teniendo en cuenta esta reserva, el artículo 230-42 no resulta contrario al artículo 16 de la Declaración de 1789;
     
  27. Considerando que, como resultado de todo lo precedente, con las reservas enunciadas en los Considerandos 23 y 26, el texto restante del artículo 1 de la Loi, al no vulnerar ninguna otra exigencia constitucional, debe ser declarado conforme con la Constitución;
     
    SOBRE EL ARTÍCULO 3:
     
  28. Considerando que, en los términos del segundo inciso del primer párrafo del artículo 45 de la Constitución: «Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 40 y 41, toda enmienda es admisible en primera lectura en tanto en cuento posea un vínculo, incluso indirecto, con el texto depositado o tramitado»;
     
  29. Considerando que el artículo 3 modifica el artículo 706-161 del Código de procedimiento penal con el fin de modificar las competencias de la Agencia de gestión y recuperación de haberes incautados y confiscados; que dicho artículo, introducido por vía de enmienda en el Senado en primera lectura, no posee ningún vínculo con las disposiciones que figuran en el Proyecto de ley; que, por consiguiente, ha sido aprobado según un procedimiento contrario a la Constitución;
     
  30. Considerando que por parte del Consejo Constitucional no ha lugar a suscitar de oficio ninguna otra cuestión de constitucionalidad,
     
    DECIDE:
     
    Artículo 1.- Son contrarias a la Constitución las siguientes disposiciones de la Ley relativa a la geolocalización:
  • En el artículo 1, la palabra «único» que figura en el artículo 230-42 del Código de procedimiento penal;
  • El artículo 3.
     
    Artículo 2.- Con las reservas enunciadas en los Considerandos 23 y 26, el testo restante del artículo 1 de dicha ley es conforme con la Constitución.
     
    Artículo 3.- La presente decisión se publicará en el Diario Oficial de la República Francesa.
     
    Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 25 de marzo de 2014 en la que estaban presentes: el Sr. Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, las Sras. Claire BAZY MALAURIE y Nicole BELLOUBET, los Sres. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, y Renaud DENOIX de SAINT MARC, y la Sra. Nicole MAESTRACCI.

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.3. Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)

Lorsque la mise en place ou le retrait du moyen technique permettant la géolocalisation rend nécessaire l'introduction, y compris de nuit, dans un lieu privé, celle-ci doit être autorisée par décision écrite, selon le cas, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge de la liberté et de la détention, au regard de la gravité et de la complexité des faits et des nécessités de l'enquête ou de l'instruction. En cas d'urgence défini à l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'opération peut être mise en place par l'officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le magistrat qui dispose de vingt quatre heures pour prescrire par décision écrite la poursuite des opérations. Si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'opération ne peut, en tout état de cause, être mise en place sans l'autorisation préalable du juge compétent donnée par tout moyen. L'introduction dans des lieux privés à usage d'entrepôt ou dans un véhicule sur la voie publique ou dans de tels lieux n'est possible que si l'opération est exigée pour les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou un délit contre les personnes ou pour des délits particuliers, punis d'un emprisonnement d'au moins trois ans. S'il s'agit d'un autre lieu privé, l'introduction n'est possible que lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou dans le cas d'une procédure ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite. Le cinquième alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale interdit la mise en place d'un moyen technique de géolocalisation dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4 du code de procédure pénale et dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à son article 100-7.
Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 16, 17, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.6. Géolocalisation

La géolocalisation est une mesure de police judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d'un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu'elle est supposée détenir. La mise en œuvre de ce procédé n'implique pas d'acte de contrainte sur la personne visée ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son. L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre de ce dispositif consiste dans la surveillance par localisation continue et en temps réel d'une personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.
Le recours à la géolocalisation ne peut avoir lieu que lorsque l'exigent les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, s'agissant d'atteinte aux personnes, d'aide à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme ou d'évasion, ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement, s'agissant de toute autre infraction, ainsi qu'à des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des causes de la mort, des causes de la disparition d'une personne ou des procédures de recherche d'une personne en fuite.
Le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Dans les cas prévus par le 1° de l'article 230-33 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. À l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable. Dans les cas prévus au 2° du même article, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelable. Lorsqu'en cas d'urgence elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction, immédiatement informé, peut en prescrire la mainlevée.
Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 13, 14, 15, 17, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
  • 4.18.3.2. Séparation des pouvoirs
  • 4.18.3.2.1. Police administrative et police judiciaire

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 11, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.1. Actes d'investigation

La géolocalisation est une mesure de police judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d'un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu'elle est supposée détenir. La mise en œuvre de ce procédé n'implique pas d'acte de contrainte sur la personne visée ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son. L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre de ce dispositif consiste dans la surveillance par localisation continue et en temps réel d'une personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.
Le recours à la géolocalisation ne peut avoir lieu que lorsque l'exigent les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, s'agissant d'atteinte aux personnes, d'aide à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme ou d'évasion, ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement, s'agissant de toute autre infraction, ainsi qu'à des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des causes de la mort, des causes de la disparition d'une personne ou des procédures de recherche d'une personne en fuite.
Le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Dans les cas prévus par le 1° de l'article 230-33, le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. À l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable. Dans les cas prévus au 2° du même article, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelable. Lorsqu'en cas d'urgence elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction, immédiatement informé, peut en prescrire la mainlevée.
Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 13, 14, 15, 17, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)

Lorsque la mise en place ou le retrait du moyen technique permettant la géolocalisation rend nécessaire l'introduction, y compris de nuit, dans un lieu privé, celle-ci doit être autorisée par décision écrite, selon le cas, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge de la liberté et de la détention, au regard de la gravité et de la complexité des faits et des nécessités de l'enquête ou de l'instruction. En cas d'urgence défini à l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'opération peut être mise en place par l'officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le magistrat qui dispose de vingt quatre heures pour prescrire par décision écrite la poursuite des opérations. Si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'opération ne peut, en tout état de cause, être mise en place sans l'autorisation préalable du juge compétent donnée par tout moyen. L'introduction dans des lieux privés à usage d'entrepôt ou dans un véhicule sur la voie publique ou dans de tels lieux n'est possible que si l'opération est exigée pour les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou un délit contre les personnes ou pour des délits particuliers, punis d'un emprisonnement d'au moins trois ans. S'il s'agit d'un autre lieu privé, l'introduction n'est possible que lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou dans le cas d'une procédure ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite. Le cinquième alinéa de l'article 230-34 interdit la mise en place d'un moyen technique de géolocalisation dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4 du code de procédure pénale et dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à son article 100-7.
Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 16, 17, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.3. Instruction

La possibilité que certaines informations relatives aux conditions dans lesquelles le dispositif de géolocalisation a été mis en place ou retiré ne soient pas versées dans la procédure n'est ouverte que dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des crimes et délits relevant de la criminalité ou la délinquance organisées entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale. Elle n'est permise que lorsque, d'une part, " la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches " et, d'autre part, lorsque cette connaissance " n'est ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l'exercice des droits de la défense ". L'autorisation d'y recourir est prise par décision motivée du juge des libertés et de la détention saisi par requête motivée du juge d'instruction.
Si la procédure prévue à l'article 230-40 est mise en œuvre, sont néanmoins versées à la procédure la décision écrite du magistrat autorisant la géolocalisation en application de l'article 230-33, la décision du magistrat autorisant, le cas échéant, l'introduction dans un lieu privé en application de l'article 230-34, la décision du juge des libertés et de la détention autorisant le recours à la procédure prévue à l'article 230-40 ainsi que les opérations d'enregistrement des données de localisation qui ne permettent pas d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique de géolocalisation.
L'article 230-41 dispose que la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue par l'article 230-40. Ce magistrat peut annuler la géolocalisation s'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues par l'article 230-40 ne sont pas réunies ou que les informations qui n'ont pas été versées à la procédure sont indispensables à l'exercice des droits de la défense. Il peut également ordonner le versement de ces informations au dossier de la procédure s'il estime que leur connaissance n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches.
Toutefois, le délai de dix jours dans lequel la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 court " à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu " à cet article. Eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application de l'article 230-40 ne soit formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté. En outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, aux fins d'annulation des actes relatifs aux autorisations d'installation du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 19, 20, 21, 22, 23, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.8. Phase de jugement et prononcé des peines

Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause.
L'article 230-42 du code de procédure pénale prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée " sur le seul fondement " des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 (possibilité que certaines informations relatives aux conditions dans lesquelles le dispositif de géolocalisation a été mis en place ou retiré ne soient pas versées dans la procédure), sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41. En permettant ainsi qu'une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Par suite, à l'article 230-42, le mot " seul " doit être déclaré contraire à la Constitution. Par voie de conséquence, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de l'article 230-40 ont été versés au dossier en application de l'article 230-41, il appartiendra à la juridiction d'instruction d'ordonner que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 soient retirés du dossier de l'information avant la saisine de la juridiction de jugement. Pour le surplus et sous cette réserve, l'article 230-42 ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 25, 26, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.10. Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle
  • 4.23.10.1. Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions.
Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, protégés par son article 2.
Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
Si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve, d'une part, que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées et, d'autre part, que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 9, 10, 11, 12, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.3. Absence de lien direct ou de tout lien (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

L'article 3 de la loi relative à la géolocalisation modifie l'article 706-161 du code de procédure pénale pour modifier les compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Cet article, introduit par voie d'amendement au Sénat en première lecture, ne présente pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi. Par suite, il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 29, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.8. Articles 230-40 à 230-42 (géolocalisation)

Le délai de dix jours dans lequel la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 court " à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu " à cet article. Eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application de l'article 230-40 ne soit formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté.
En outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, aux fins d'annulation des actes relatifs aux autorisations d'installation du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 23, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)

Sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de l'article 230-40 du code de procédure pénale ont été versés au dossier en application de l'article 230-41, il appartiendra à la juridiction d'instruction d'ordonner que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 soient retirés du dossier de l'information avant la saisine de la juridiction de jugement.

(2014-693 DC, 25 Marzo 2014, cons. 26, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Dossier documentaire complémentaire, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 24 février 2014 (T.A. n° 88), Saisine par 60 députés, Observations du Gouvernement, Références doctrinales.