Sentencia n° 2013-667 DC de 16 de Mayo de 2013

El Consejo constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el artículo 61, párrafo segundo, de la Constitución, para pronunciarse sobre la ley relativa a la elección de los consejeros departamentales, de los consejeros municipales y de los consejeros comunitarios, y modificativa del calendario electoral, el 18 de abril de 2013, por los Sres. y Sras. François ZOCCHETTO, Jean-Claude GAUDIN, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Jean ARTHUIS, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Joël BILLARD, Jean BIZET, Jean-Marie BOCKEL, Pierre BORDIER, Mme Natacha BOUCHART, MM. Joël BOURDIN, Jean BOYER, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Caroline CAYEUX, Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Isabelle DEBRÉ, Francis DELATTRE, Vincent DELAHAYE, Robert del PICCHIA, Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DE LOS ESGAULX, Yves DÉTRAIGNE, Muguette DINI, Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Marie-Annick DUCHÊNE, Daniel DUBOIS, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Françoise FÉRAT, André FERRAND, Louis-Constant FLEMING, Michel FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, René GARREC, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Colette GIUDICELLI, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Joël GUERRIAU, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean-François HUMBERT, Benoît HURÉ, Jean-Jacques HYEST, Sophie JOISSAINS, Chantal JOUANNO, Christiane KAMMERMANN, Roger KAROUTCHI, Fabienne KELLER, Marc LAMÉNIE, Élisabeth LAMURE, Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Valérie LÉTARD, Gérard LONGUET, Roland del LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Hervé MARSEILLE, Hervé MAUREY, Hélène MASSON-MARET, Jean-François MAYET, Colette MÉLOT, Jean-Claude MERCERON, Michel MERCIER, Alain MILON, Aymeri de MONTESQUIOU, Albéric de MONTGOLFIER, Catherine MORIN-DESAILLY, Philippe NACHBAR, Christian NAMY, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Xavier PINTAT, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Yves POZZO di BORGO, Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Gérard ROCHE, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Esther SITTLER, Abdourahamane SOILIHI, Henri TANDONNET, André TRILLARD, Catherine TROENDLE, François TRUCY, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Hilarion VENDEGOU y Jean-Pierre VIAL, senadores;

Y el 19 de abril de 2013, por los Sres. y Sras. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Olivier AUDIBERT TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Xavier BERTRAND, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Jean-François COPÉ, Édouard COURTIAL, Marie-Christine DALLOZ, Gérald DARMANIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Georges FENECH, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Françoise GUÉGOT, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Thierry MARIANI, Olivier MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Jacques MYARD, Mmes Dominique NACHURY, Valérie PECRESSE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Édouard PHILIPPE, Jean-Frédéric POISSON, Bérangère POLETTI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Arnaud ROBINET, Camille de ROCCA-SERRA, Martial SADDIER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, François VANNSON, Catherine VAUTRIN, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Michel VOISIN, Jean-Luc WARSMANN, Éric WOERTH y François SAUVADET, diputados.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Vista la Constitución;

Visto el decreto legislativo n° 58−1067, de 7 de noviembre de 1958, modificado, por el que se aprueba la ley orgánica sobre el Consejo constitucional;

Vista la ley orgánica nº 2009-403, de 5 de abril de 2009, relativa a la aplicación de los artículos 34-1, 39 y 44 de la Constitución;

Visto el código electoral;

Visto el código general de las entidades territoriales;

Visto el código general de los impuestos;

Vista la ley nº 2010-145, de 16 de febrero de 2010, por la que se organiza la coincidencia de la renovación de los consejos generales y de los consejos regionales;

Vista la ley nº 2011-884, de 27 de julio de 2011, relativa a las entidades territoriales de Guyana y Martinica;

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 26 de abril de 2013;

Vistas las alegaciones en réplica presentadas por los senadores demandantes, registradas el 26 de abril de 2013;

Habiendo sido oído el ponente;

1. Considerando que los senadores y los diputados demandantes elevan al Consejo constitucional la ley relativa a la elección de los consejeros departamentales, de los consejeros municipales y de los consejeros comunitarios, y modificativa del calendario electoral; que impugnan el procedimiento de aprobación de la ley; que ponen en cuestión la conformidad con la Constitución de los artículos 3, 4, 24, 30 y 47 de dicha ley; que los senadores ponen en cuestión, además, la conformidad con la Constitución de su artículo 33 y que los diputados también cuestionan la conformidad con la Constitución de sus artículos 15, 16, 17, 18 y 19;

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA LEY:

En lo que atañe el estudio de impacto adjunto al proyecto de ley:

2. Considerando que los diputados demandantes alegan que el estudio de impacto adjunto al proyecto de ley no ha permitido ilustrar suficientemente a los parlamentarios sobre el alcance del texto que se les ha sometido; que el estudio de impacto, en particular, habría omitido la referencia a la incidencia del artículo 8 del proyecto de ley presentado por el gobierno sobre la segunda vuelta de las elecciones cantonales, que no habría prestado atención a las dificultades que tendría la elaboración de las listas de candidatos para las elecciones municipales en los municipios pequeños, como consecuencia de las modificaciones previstas en los artículos 16 y siguientes del proyecto de ley, y que no habría demostrado suficientemente los postulados que motivan el retraso de las elecciones departamentales y regionales hasta 2015, previsto por el artículo 24 del proyecto de ley; que, en consecuencia, se habría incumplido la exigencia de claridad de los debates parlamentarios;

3. Considerando que en virtud de los párrafos tercero y cuarto del artículo 39 de la Constitución: “La presentación de los proyectos de ley ante la Asamblea Nacional o el Senado cumplirá las condiciones fijadas por una ley orgánica. - Los proyectos de ley no podrán incorporarse al orden del día si la Conferencia de Presidentes de la cámara que intervenga en primer lugar constata que no se han cumplido las normas fijadas por la ley orgánica. En caso de desacuerdo entre la Conferencia de Presidentes y el Gobierno, el Presidente de la cámara correspondiente o el Primer Ministro podrán remitir la cuestión al Consejo Constitucional, que se pronunciará en el plazo de ocho días”; que en virtud del premier párrafo del artículo 8 de la ley orgánica de 15 de abril de 2009 a la que nos acabamos de referir: “Los proyectos de ley deberán ser objeto de un estudio de impacto. Los documentos en los que se dé cuenta de este estudio de impacto se adjuntarán a los proyectos de ley desde el momento de su remisión al Consejo de Estado. Dichos documentos deberán presentarse ante la mesa de la cámara que intervenga en primer lugar al mismo tiempo que los proyectos de ley a los que se refieran”; que, según el primer párrafo del artículo 9 de dicha ley orgánica, la Conferencia de Presidentes de la cámara en cuya mesa haya sido presentado el proyecto de ley dispone de un plazo de diez días a partir de dicha presentación para constatar si ha existido incumplimiento de las reglas relativas a los estudios de impacto;

4. Considerando que el proyecto de ley fue presentado el 28 de noviembre de 2012 en la mesa del Senado y que la Conferencia de Presidentes del Senado no fue requerida para pronunciarse sobre ninguna demanda dirigida a constatar el incumplimiento de las reglas relativas a los estudios de impacto; que en vista del contenido del estudio de impacto, la alegación relativa al incumplimiento del artículo 8 de la ley orgánica de 15 de abril de 2009 debe ser rechazada; que lo mismo sucede con la alegación relativa a la infracción de las exigencias constitucionales de claridad y de autenticidad de los debates parlamentarios;

En lo que atañe al procedimiento parlamentario:

5. Considerando que, según los diputados demandantes, al suspender la sesión después de haber anunciado la votación del artículo 1º de la ley en su primera lectura ante la Asamblea Nacional y al proceder a tres votaciones sucesivas de una moción de rechazo previa en segunda lectura ante la Asamblea Nacional, el presidente infringió el reglamento de esta cámara, en especial su artículo 64, y ha incumplido el principio de autenticidad de los debates parlamentarios;

6. Considerando, de una parte, que, según consta en el diario de sesiones, con ocasión del examen de las enmiendas de supresión del artículo 1º de la ley, en su primera lectura ante la Asamblea Nacional, en el curso de primera sesión de 19 de febrero de 2013, el presidente no había llamado a votar antes de tomar la decisión de suspender la sesión durante el turno de explicación del voto; que ninguna de las disposiciones del reglamento de la Asamblea Nacional prohíbe al presidente suspender la misma durante el turno de explicación del voto;

7. Considerando, de otra parte, que según consta igualmente en el diario de sesiones, con ocasión del sometimiento a votación de la moción de rechazo previa, en la segunda lectura ante la Asamblea Nacional, en el curso de la primera sesión de 26 marzo de 2013, el presidente, constatando la entrada de numerosos diputados en el hemiciclo y, en consecuencia, el carácter dudoso del resultado de la votación a mano alzada, procedió por dos veces a un recuento por posición de sentado y levantado sin que fuese pedida la votación pública; que, tras el primer recuento, constató el rechazo de la moción; que, en virtud del segundo párrafo del artículo 64 del reglamento de la Asamblea Nacional: “En caso de duda sobre el resultado de una votación a mano alzada, se procederá a votar por posición de sentado y levantado y, si persiste la duda, se procederá preceptivamente a votación pública ordinaria”; que, en el caso que nos ocupa, no se solicitó la votación pública una vez que se hubo llevado a cabo la votación por posición de sentado y levantado una primera vez;

8. Considerando que, en cualquier caso, el incumplimiento de las disposiciones del reglamento no tiene como efecto, por sí solo, la inconstitucionalidad del procedimiento legislativo; que en el caso que nos ocupa no se han incumplido las exigencias constitucionales de claridad y de autenticidad;

SOBRE LOS ARTÍCULOS 3, 15, 16, 17, 18 y 19:

9. Considerando que las disposiciones de los artículos 3, 15, 16, 17, 18 y 19 figuran en el título primero de la ley, que lleva por rúbrica “Disposiciones relativas al consejo departamental”; que los artículos 3, 15 y 16 se refieren al sistema de elección de los consejeros departamentales; que los artículos 17 y 18 modifican las disposiciones relativas a la financiación de las campañas electorales; que el artículo 19 contiene disposiciones de coordinación;

En lo que atañe el artículo 3:

10. Considerando que el artículo 3 modifica el artículo L. 191 del código electoral; que en virtud de este artículo: “Los electores de cada cantón del departamento elegirán para el consejo departamental dos miembros de sexo diferente, que se presentarán en candidaturas de dos nombres, ordenados alfabéticamente, en todas las papeletas de votación que sean impresas con ocasión de la elección”;

11. Considerando que, según los senadores demandantes, en la medida en que restringen la capacidad del elector para escoger entre los candidatos, imponiendo una paridad simultánea en una elección única, no acompañada de una obligación de solidaridad en el ejercicio del mandato por parte de los elegidos, las disposiciones del artículo 3 vulnerarían el principio de libertad de elección del elector y el principio de igualdad del sufragio; que, según los diputados demandantes, al introducir el principio del escrutinio binominal, este artículo no garantiza la autenticidad de la elección, “ni en términos de inteligibilidad, ni de claridad, ni de lealtad”;

12. Considerando que, en virtud del artículo 34 de la Constitución, la ley fija las reglas relativas al régimen electoral de las asambleas locales; que al legislador le está permitido, en todo momento, dictando normas dentro del ámbito de su competencia, modificar los textos anteriores o derogarlos, sustituyéndolos, en su caso, por otras disposiciones; que, al hacer esto, no puede sustraer garantías legales a las exigencias constitucionales;

13. Considerando, de una parte, que, en virtud del párrafo tercero del artículo 3 de la Constitución: “El sufragio puede ser directo o indirecto en las condiciones previstas por la Constitución. Siempre será universal, igual y secreto”;

14. Considerando, de otra parte, que, en virtud del último inciso del artículo 1º de la Constitución: “La ley favorecerá el acceso igual de los hombres y las mujeres a los mandatos electorales y a las funciones electivas”; que estas disposiciones permiten al legislador instaurar cualquier dispositivo tendente a hacer efectivo el acceso de las mujeres y de los hombres a los mandatos electorales y a las funciones electivas; que le está permitido adoptar disposiciones que revistan un carácter incitativo o bien un carácter imperativo; que debe, en todo caso, garantizar la conciliación entre estas disposiciones constitucionales y las demás reglas y principios de valor constitucional que el poder constituyente no ha pretendido derogar;

15. Considerando que, al prever que los electores de cada cantón del departamento “elegirán para el consejo departamental dos miembros de sexo diferente, que se presentarán en candidaturas de dos nombres, ordenados alfabéticamente, en todas las papeletas de votación que sean impresas con ocasión de la elección”, el legislador ha instaurado un sistema de elección mayoritario binominal a dos vueltas sin posibilidad de mezclar candidatos de listas diferentes ni de voto preferencial; que mediante estas disposiciones, que no presentan ningún problema de ininteligibilidad, el legislador ha pretendido garantizar la paridad en el seno de los consejos departamentales; que, de esta forma, ha favorecido el acceso igual de las mujeres y de los hombres al mandato de consejero departamental; que no ha incumplido ninguna exigencia de valor constitucional;

16. Considerando que, como consecuencia de lo que precede, el artículo 3 debe ser declarado conforme con la Constitución;

En lo que atañe al artículo 15:

17. Considerando que el artículo 15 modifica el artículo L. 221 del código electoral relativo a la sustitución de los consejeros generales; que el párrafo primero del artículo L. 221, en su nueva redacción, prevé que, en caso de pérdida del cargo declarada en aplicación del artículo L. 118-3 del dicho código o en caso de anulación de la elección de un binomio de candidatos, se procederá a una elección parcial en el plazo de tres meses a contar desde dicha declaración o anulación; que, en virtud del párrafo segundo del artículo L. 221, el consejero departamental cuyo escaño quede vacante por cualquier otra causa será sustituido por la persona elegida al mismo tiempo; que el párrafo tercero prevé que, cuando la sustitución de un consejero departamental no sea ya posible en aplicación del párrafo segundo, el escaño quedará vacante; que, de cualquier forma, según el mismo párrafo tercero, cuando los dos escaños correspondientes a un cantón queden vacantes, se convocará una elección parcial en el plazo de tres meses a contar desde la última vacante; que, según el párrafo cuarto del artículo L. 221, en los tres meses que precedan a la renovación de los consejos departamentales no se procederá a ninguna elección parcial;

18. Considerando que, según los diputados demandantes, al definir las condiciones de sustitución de un consejero departamental, así como las causas que pueden conducir a la convocatoria de elecciones parciales, el artículo 15 permite que un consejo departamental tome decisiones, en su caso, aun cuando la mitad de sus escaños estén vacantes; que tal situación además haría imposible la elección del presidente de este consejo; que, de esta forma, este artículo atentaría contra la libertad de administración de las entidades territoriales y contra a la autenticidad de la elección;

19. Considerando que, en virtud del artículo 34 de la Constitución, la ley fija las reglas “que conciernen al régimen electoral… de las asambleas locales”; que dicho artículo reserva al legislador la determinación de los principios fundamentales de la libertad de administración de las entidades territoriales, de sus competencias y de sus recursos; que, en virtud del párrafo tercero del artículo 72 de la Constitución, las entidades territoriales “ se administran libremente mediante consejos elegidos”;

20. Considerando que, en aplicación de estas disposiciones, le corresponde a la ley fijar el plazo en el cual se debe proceder a la convocatoria de elecciones parciales al consejo departamental; que, no obstante, las modalidades fijadas por el legislador no deben conducir a la puesta en cuestión de las condiciones de ejercicio de la libre administración de las entidades territoriales;

21. Considerando que las disposiciones del artículo 15 de la ley cuestionada pueden conducir a que diversos escaños permanezcan vacantes en un consejo departamental, sin que se lleve a cabo la elección parcial, si se da la circunstancia de que, respecto a cada uno de los escaños, tanto el consejero departamental como su sustituto hayan dimitido, fallecido o hayan sido declarados inelegibles por una causa imputable a ellos; que estas vacantes pueden durar hasta seis años; que, no obstante el carácter limitado de las hipótesis en las cuales estas vacantes se pueden producir sin que se lleve a cabo la elección parcial, las modalidades previstas por el legislador podrían llevar a que diversos escaños permaneciesen vacantes durante toda la duración del mandato; que, en ciertos casos, el dispositivo previsto por la ley podría conducir a que el funcionamiento normal del consejo departamental se viese afectado de tal forma que se pusiera en cuestión el ejercicio de la libertad de administración de las entidades territoriales y el principio según el cual dichas entidades se administran libremente mediante consejos elegidos;

22. Considerando que, como consecuencia de lo que precede, y sin que sea necesario examinar las otras alegaciones, el párrafo tercero del artículo L. 221 del código electoral debe ser declarado contrario a la Constitución; que, en lo demás, el artículo 15 debe ser declarado conforme a la Constitución;

En lo que atañe a los artículos 16, 17, 18 y 19:

23. Considerando que el artículo 16 modifica el artículo L. 223 del código electoral relativo al contencioso electoral, en especial para adaptarlo a la elección binominal; que prevé que los dos consejeros departamentales elegidos en el mismo cantón permanezcan en funciones hasta que se haya decidido de manera definitiva sobre la reclamación;

24. Considerando que el artículo 17 modifica el capítulo V bis del título I del libro I del código electoral sobre la financiación y la limitación de los gastos electorales, en particular incorporando un artículo L. 52-3-1 a este capítulo; que, en virtud del párrafo primero de este artículo L. 52-3-1, “para la aplicación del presente capítulo a las elecciones binominales, los miembros del binomio ejercerán los derechos reconocidos a los candidatos y estarán sujetos a las obligaciones que se les impongan de manera indisociable”; que, en virtud del párrafo segundo del mismo artículo: “Los miembros del binomio nombrarán un representante único y depositarán una cuenta de campaña única”; que el artículo 17 modifica en particular los artículos L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-9, L. 52-12, L. 52-13 y L. 52-15, relativos a la financiación de las campañas electorales; que, después del párrafo primero del artículo L. 52-13, en el que se prevén las modalidades de totalización y desglose de los gastos de los candidatos con ocasión de una elección de lista, inserta un párrafo redactado de la siguiente manera: “los gastos en los que hayan incurrido los candidatos por separado antes de formar parte de un mismo binomio serán totalizados y desglosados como si hubieran sido hechos en beneficio del binomio”; que el último párrafo del artículo L. 52-15, relativo a la devolución de la suma debida al Tesoro público en caso de superación del límite de gastos electorales, se completa con la siguiente frase: “En caso de elección binominal, los dos candidatos que se hayan presentado en un mismo binomio son responsables solidariamente del pago de la deuda”;

25. Considerando que el artículo 18 modifica el artículo L. 118-3 del código electoral, relativo al contencioso sobre las cuentas de campaña para adaptar las reglas previstas en él al sistema de elección de los consejeros departamentales;

26. Considerando que el artículo 19 prevé medidas de coordinación relacionadas con la introducción del sistema binominal en la elección de los consejeros departamentales y con la supresión de la renovación trienal por series de los consejos generales; que, con este fin, modifica el código electoral, el código general de los impuestos y el código general de las entidades territoriales; que modifica en particular los artículos L. 3122-1 y L. 3122-2 de este último, relativos a la designación y sustitución del presidente del consejo departamental;

27. Considerando que, según los diputados demandantes, los artículos 16, 17, 18 y 19, en cuanto prevén una pena automática de inelegibilidad para los dos miembros del binomio, son contrarios al artículo 8 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y a las exigencias de necesidad, de individualización y de proporcionalidad de las penas;

28. Considerando que, en virtud del artículo 8 de la Declaración de 1789: “La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y tan sólo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente”; que los principios así enunciados no se refieren sólo a las penas impuestas por los órganos de la jurisdicción penal, sino que se extienden a toda sanción que tenga carácter punitivo;

29. Considerando que, en virtud de las disposiciones del artículo 18 de la ley cuestionada, que modifican el artículo L. 118-3 del código electoral, el juez de la elección, a instancia de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política, puede decretar la inelegibilidad de los dos candidatos del mismo binomio en el supuesto en que las cuentas de campaña, o en su caso la revisión de las mismas, ponga en evidencia una superación del límite de gastos, en el supuesto en el que las cuentas de campaña no se hayan depositado en las condiciones y dentro del plazo previstos en el artículo L. 52-12 del código electoral o, también, en el supuesto en el que las cuentas hayan sido rechazadas de plano como consecuencia de una voluntad fraudulenta o de un incumplimiento particularmente grave de las normas sobre financiación de las campañas electorales; que la inelegibilidad puede ser decretada por un período máximo de tres años; que la misma se aplica a todas las elecciones, pero no tiene efectos sobre los mandatos adquiridos con anterioridad a la fecha de la decisión; que, si el juez de la elección decreta la inelegibilidad de los miembros de un binomio proclamado electo, dicha decisión comporta la anulación de la elección o, si la elección no ha sido impugnada, supone la declaración del cese de oficio de los miembros del binomio;

30. Considerando que las disposiciones relativas a la presentación de las cuentas de campaña y a la financiación de las campañas electorales tienen principalmente la finalidad de garantizar la autenticidad de la elección, la cual constituye una exigencia constitucional; que al imponer el carácter único de las cuentas de campaña de los candidatos miembros del binomio, así como la obligación de nombrar un administrador común y establecer el principio de solidaridad de estos candidatos, el legislador ha tenido la intención de que los miembros del binomio apliquen de forma conjunta las reglas relativas a las campañas electorales con el fin de favorecer su cumplimiento; que, a estos efectos, mediante las disposiciones del artículo 18, el legislador ha previsto que los dos miembros del mismo binomio se enfrenten a la misma declaración de inelegibilidad en caso de incumplimiento de las reglas establecidas por el artículo L. 118-3 del código electoral en relación con la presentación de las cuentas de campaña y con la financiación de la campaña electoral; que, en el momento de decretar las inelegibilidades, corresponde al juez de la elección tener en cuenta las circunstancias del caso; que las disposiciones del artículo 18 no incumplen ni las exigencias del artículo 8 de la Declaración de 1789 ni ninguna otra exigencia constitucional;

31. Considerando que los artículos 16, 17, 18 y 19, al no incumplir ninguna otra exigencia constitucional, deben ser declarados conformes con la Constitución;

SOBRE LOS ARTÍCULOS 4 Y 46:

32. Considerando que el artículo 4 incorpora al código electoral el artículo L. 191-1; que en virtud del párrafo primero de este artículo: “El número de cantones en los que serán elegidos los consejeros departamentales será igual, en cada departamento, a la mitad del número de cantones existente a 1 de enero de 2013, redondeado a la unidad impar superior si dicho número no fuese impar”; que en virtud del párrafo segundo del mismo artículo: “El número de cantones en los departamentos que cuenten con más de 500.000 habitantes no podrá ser inferior a diecisiete. No podrá ser inferior a trece en los departamentos que cuenten entre 150.000 y 500.000 habitantes”;

33. Considerando que el artículo 46 modifica el artículo L. 3113-2 del código general de las entidades territoriales relativo a las modificaciones de los límites territoriales de los cantones, a su creación y supresión; que incorpora a este artículo un apartado III en virtud del cual la modificación de los límites territoriales de los cantones se realizará de acuerdo con las reglas siguientes:
    “a) El territorio de cada cantón se define en función de criterios esencialmente demográficos;
    “b) El territorio de cada cantón será continuo;
    “c) Los municipios de menos de 3.500 habitantes deberán estar integrados por entero en un mismo cantón;

34. Considerando que el artículo 46 de la ley impugnada incorpora igualmente en el artículo L. 3113-2 un apartado IV en cuyos términos: “Solo se permitirán excepciones a las reglas enunciadas en el apartado III cuando tengan un carácter limitado y estén especialmente justificadas, caso por caso, por consideraciones geográficas, de orden topográfico, como la insularidad, el relieve, la hidrografía; de orden demográfico, como la distribución de la población en el territorio departamental; de equilibrio en la ordenación del territorio, come el enclavamiento, la superficie, el número de municipios por cantón; o por otros imperativos de interés general”;

35. Considerando que, según los demandantes, el artículo 4 resulta contrario a la distribución de competencias prevista en los artículos 34 y 37 de la Constitución en materia de delimitación de las circunscripciones electorales; que, al incumplir la exigencia según la cual la distribución de los escaños debe establecerse en función de criterios esencialmente demográficos, el artículo 4 sería además contrario al principio de igualdad del sufragio; que los senadores demandantes hacen valer, en definitiva, que al decidir mantener los cantones como circunscripciones para la elección de los consejeros departamentales, “a pesar de la aparición del binomio”, el legislador expone al poder reglamentario “a grandes dificultades en el ejercicio de su misión constitucional de respeto al principio de la igualdad del sufragio”;

36. Considerando que, de una parte, en los términos del artículo 34 de la Constitución, la ley fija las reglas que conciernen al “régimen electoral… de las asambleas locales… así como las condiciones del ejercicio de los mandatos electorales y de las funciones electivas de los miembros de los asambleas deliberantes de las entidades territoriales”; que le está permitido en todo momento al legislador, actuando en el ámbito de sus competencias, adoptar nuevas disposiciones, cuya oportunidad le corresponde apreciar, y modificar los textos anteriores o derogarlos, sustituyéndolos, en su caso, por otras disposiciones, siempre que, en el ejercicio de este poder, no sustraiga garantías legales a las exigencias constitucionales;

37. Considerando que, de otra parte, según el artículo 1º de la Constitución, Francia “garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión”; que en virtud del párrafo cuarto del artículo 24: “El Senado… asegura la representación de las entidades territoriales de la República”; que, según el párrafo tercero del artículo 72, las entidades territoriales “se administran libremente mediante consejos elegidos” “en las condiciones previstas por la ley”; que se estas disposiciones se deriva que el órgano deliberante de un departamento debe ser elegido en función de criterios esencialmente demográficos según un reparto de los escaños y una delimitación de las circunscripciones que respeten de la mejor manera posible la igualdad del sufragio; que, de ello no se deriva que el reparto de los escaños deba ser necesariamente proporcional a la población de cada departamento ni que no puedan ser tenidos en cuenta otros imperativos de interés general, teniendo estas consideraciones, en todo caso, un alcance limitado;

38. Considerando, en primer lugar, que el legislador ha previsto que el número de cantones en los que serán elegidos los consejeros departamentales sea igual, en cada departamento, a la mitad del número de cantones existente a 1º de enero de 2013, redondeado a la unidad impar superior si dicho número “no es impar”; que se extrae de los trabajos preparatorios que el legislador ha pretendido, de una parte, “mantener un vínculo de proximidad entre los electores y sus elegidos” y, de otra parte, mantener el número de consejeros departamentales en un nivel próximo al de los consejeros generales actuales; que, con estas finalidades, le estaba permitido al legislador conservar para la elección de los consejeros departamentales el principio de circunscripciones electorales internas en el departamento fijando su número;

39. Considerando, en segundo lugar, que las reglas relativas a la delimitación de las circunscripciones electorales para la elección de los asambleas locales forman parte de su régimen electoral; que, en el caso que nos ocupa, sin incumplir los artículos 34 y 37 de la Constitución, el legislador ha fijado el número de consejeros departamentales y ha enmarcado la competencia del poder reglamentario para la puesta en práctica de dichas reglas;

40. Considerando, en tercer lugar, que los consejeros departamentales son llamados a reunirse en el seno de los consejos departamentales; que el respeto de las exigencias derivadas del principio de igualdad del sufragio ha de valorarse en el seno de cada departamento; que la alegación que se basa en el incumplimiento del principio de igualdad del sufragio es inoperante, en la medida en que se han tomado como referencia las desviaciones de la representación entre departamentos en relación con una media nacional; que las disposiciones impugnadas no producen el efecto de modificar el reparto de los escaños de senadores entre los departamentos; que los consejeros departamentales constituyen por si mismos una parte reducida de los colegios electorales para la elección de los senadores; que, por consiguiente, la alegación relativa al incumplimiento del principio de igualdad del sufragio debe ser rechazada;

41. Considerando, en cuarto lugar, que, de una parte, en virtud de las disposiciones del apartado III que ha sido añadido al artículo L. 3113-2 del código general de las entidades territoriales por el artículo 46 de la ley cuestionada, la modificación de los límites territoriales de los cantones debe ser efectuada respetando las reglas según las cuales el territorio del cantón ha de ser definido en función de criterios esencialmente demográficos, el territorio del cantón ha de ser continuo y todo municipio de menos de 3.500 habitantes ha de estar integrado por entero en el mismo cantón;

42. Considerando que, de otra parte, el apartado IV añadido al artículo L. 3113-2 del código general de las entidades territoriales por el artículo 46 de la ley cuestionada prevé que las reglas enunciadas en el apartado III solo podrán ser excepcionadas de manera limitada y con una justificación especial; que, en virtud de estas mismas disposiciones, las excepciones podrán ser justificadas, caso por caso, por consideraciones geográficas, de orden topográfico, como la insularidad, el relieve, la hidrografía; que también pueden ser justificadas por consideraciones de orden demográfico, como la distribución de la población en el territorio departamental, o por consideraciones de equilibrio en la ordenación del territorio, come el enclavamiento, la superficie, el número de municipios por cantón; que el legislador ha previsto, en última instancia, que las excepciones a las reglas enunciadas en el apartado III pueden estar justificadas “por otros imperativos de interés general”; que, si el legislador puede tener en cuenta consideraciones geográficas, entre las cuales figuran la insularidad, el relieve, el enclavamiento o la superficie, así como otros imperativos de interés general susceptibles de limitar el alcance de la regla de la igualdad del sufragio, esto solo puede hacerlo en una medida limitada; que, por su generalidad, las excepciones previstas en este apartado IV podrían dar lugar a delimitaciones arbitrarias de circunscripciones; que, por consiguiente, las palabras “de orden topográfico, como la insularidad, el relieve, la hidrografía; de orden demográfico, como la distribución de la población en el territorio departamental; de equilibrio en la ordenación del territorio, come el enclavamiento, la superficie, el número de municipios por cantón” son contrarias a la Constitución;

43. Considerando que, como resultado de lo que precede, tanto el artículo 4 como el artículo 46 de la ley cuestionada, con la excepción de las palabras “de orden topográfico, como la insularidad, el relieve, la hidrografía; de orden demográfico, como la distribución de la población en el territorio departamental; de equilibrio en la ordenación del territorio, come el enclavamiento, la superficie, el número de municipios por cantón” que figuran en el apartado IV del artículo L. 3113-2 del código general de las entidades territoriales, deben ser declarados conformes con la Constitución;

SOBRE EL ARTÍCULO 24 :

44. Considerando que el título IV del libro I del código electoral se refiere a la elección de los consejeros municipales; que su capítulo II, aplicable a los municipios de menos de 3.500 habitantes, prevé, en el artículo L. 252, que los miembros de los consejos municipales de estos municipios sean elegidos mediante un sistema mayoritario; que su capítulo III, aplicable a los municipios de 3.500 habitantes y más, prevé, en el artículo L. 260, que, en estos municipios, los miembros de los consejos municipales sean elegidos mediante un sistema de lista a dos vueltas, con presentación de listas que contengan tantos candidatos como puestos a cubrir; que el segundo inciso del párrafo primero del artículo L. 264 dispone que la listea esté compuesta alternativamente por un candidato y una candidata;

45. Considerando que el artículo 24 rebaja de 3.500 a 1.000 habitantes umbral previsto por estas disposiciones;

46. Considerando que, según los senadores demandantes, teniendo en cuenta la exigencia de paridad de las listas electorales, la extensión del sistema de elección proporcional por listas a los municipios con población comprendida entre 1.000 y 3.499 habitantes hará excesivamente difícil la elaboración de las listas en los municipios cuya población sea igual o ligeramente superior a 1.000 habitantes; que de ello se derivaría una vulneración inconstitucional de la libertad del elector para escoger a los candidatos y al principio constitucional de pluralismo de las corrientes de ideas y opiniones;

47. Considerando que en virtud del párrafo segundo del artículo L. 228 del código electoral: “Son elegibles para el consejo municipal todos los electores del municipio y los ciudadanos inscritos en el registro de las contribuciones directas o que justifiquen que debían estarlo a 1 de enero del año de la elección”; que el artículo L. 2121-2 del código general de las entidades territoriales fija el número de miembros del consejo municipal en 15, para los municipios de 500 a 1.499 habitantes, en 19, para los municipios de 1.500 a 2.499 habitantes y en 23 para los municipios de 2.500 a 3.499 habitantes; que, al rebajar de 3.500 a 1.000 habitantes el umbral de población del municipio a partir del cual los consejeros municipales han de ser elegidos mediante el sistema de lista, el legislador ha pretendido favorecer, en los municipios comprendidos en dicho tramo, el acceso igual de las mujeres y de los hombres a estos mandatos; que el umbral de población fijado y el número de consejeros municipales limitan las eventuales dificultades que puedan afectar a la elaboración de listas que cumplan con la exigencia de paridad establecida por el legislador; que, en estas condiciones, el legislador no ha afectado de manera inconstitucional al principio del pluralismo de las corrientes de ideas y opiniones; que, por consiguiente, las disposiciones del artículo 24 no incumplen las exigencias constitucionales antes citadas; que deben ser declarados conformes con la Constitución;

SOBRE EL ARTÍCULO 30:

48. Considerando que el artículo 30 se refiere a la distribución de los escaños de los miembros del consejo de París; que sustituye la tabla n° 2 anexa al código electoral por una tabla anexa a la ley impugnada; que dicha tabla prevé que los 163 escaños del consejo de Paris sean repartidos en veinte sectores que se corresponden con los distritos de París; que mantiene la regla según la cual cada distrito dispone de al menos tres escaños, sea cual sea su población; que la distribución resultante de la nueva tabla reduce un escaño a los sectores correspondientes a los distritos 7º, 16º y 17º y añade un escaño a los sectores de los distritos 10º, 19º y 20º;

49. Considerando que, según los demandantes, los modificaciones introducidas en esta tabla no se justifican por la evolución de la población de los distritos afectados; que el principio de igualdad del sufragio debería haber conducido a una revisión más importante de la distribución de los consejeros de París;

50. Considerando que se deriva de los artículos 1º, 24 y 72 de la Constitución que el consejo de París debe ser elegido, como cualquier otro órgano deliberante de una entidad territorial, en función de criterios esencialmente demográficos según una distribución de los escaños y una delimitación de las circunscripciones que respete de la mejor manera posible el principio de igualdad del sufragio;

51. Considerando que, al fijar un número mínimo de tres consejeros de París por sector, el legislador ha pretendido garantizar una representación mínima de cada sector en el consejo de París; que, en todo caso, en los distritos 1º, 2º y 4º la relación entre el número de consejeros de París con la población se desvía de la media constatada en París en una medida manifiestamente desproporcionada; que de ello se deriva que el artículo 30 y la tabla anexa a la ley, que constituyen disposiciones inseparables, deben ser declarados contrarios a la Constitución; que la conformidad con la Constitución de una ley ya promulgada puede ser valorada con ocasión del examen de las disposiciones legislativas que la modifican, la completan o afectan a su objeto; que, en el caso que nos ocupa, las disposiciones impugnadas del artículo 30 declaradas contrarias a la Constitución tenían como efecto el sustituir la tabla n° 2 anexa al código electoral que fijaba la distribución por distritos de los consejeros de París; que, por las mismas razones, dicha tabla debe ser declarada igualmente contraria a la Constitución;

SOBRE EL ARTÍCULO 33:

52. Considerando que el artículo 33 completa el libro I del código electoral con un título V, que comprende los artículos L. 273-1 a L. 273-12, relativo a la elección de los “consejeros comunitarios” que componen el órgano deliberante de las comunidades de municipios, de las comunidades de aglomeración, de las comunidades urbanas y de las áreas metropolitanas; que prevé que los miembros de este órgano deliberante ya no van a ser elegidos por los consejos municipales de los municipios miembros, sino por sufragio universal directo por una duración igual que los consejeros municipales de los municipios a los que representen y renovados íntegramente en la misma fecha que éstos; que, en virtud del párrafo primero del artículo L. 273-6 del código electoral, los consejeros comunitarios que representen a los municipios de 1.000 habitantes y más “serán elegidos al mismo tiempo que los consejeros municipales y figurarán en la lista de los candidatos a los consejos municipales”; que, en virtud del artículo L. 273-11 del mismo código, los consejeros comunitarios que representen a los municipios de menos de 1.000 habitantes “serán los miembros de los consejos municipales designados según el orden de prelación del mismo”;

53. Considerando que, según los senadores demandantes, al permitir que los miembros de una misma asamblea intermunicipal sean elegidos según un régimen electoral diferente según el tamaño del municipio, estas disposiciones vulneran el principio, garantizado por el artículo 72 de la Constitución, según el cual las entidades territoriales se administran libremente mediante consejos elegidos; que también vulnerarían los principios de igualdad ante la ley y de igualdad del sufragio;

54. Considerando, de una parte, que ninguna exigencia constitucional impone que todos los miembros del órgano deliberante de una entidad pública de cooperación intermunicipal sean elegidos según el mismo sistema electoral;

55. Considerando, de otra parte, que al prever que en los municipios de menos de 1.000 habitantes, los delegados comunitarios sean los miembros del consejo municipal designados según el orden de prelación del mismo, el legislador ha pretendido evitar, en los municipios en los que los consejeros municipales son elegidos por el sistema mayoritario, la complejidad que se derivaría de un procedimiento de designación que distinguiese entre la elección de los consejeros municipales y la de los consejeros comunitarios; que la diferencia de trato así establecida se fundamenta en un criterio objetivo y racional vinculado directamente con el objeto de la ley;

56. Considerando que, como consecuencia de lo que precede, las alegaciones relativas a la vulneración de la igualdad ante la ley y a la igualdad del sufragio deben ser rechazadas; que los artículos L. 273-6 y L. 273-11 del código electoral deben ser declarados conformes con la Constitución ;

SOBRE EL ARTÍCULO 47:

57. Considerando que, no obstante lo dispuesto en los artículos L. 192 y L. 336 del código electoral que fijaban en seis años la duración del mandato de los consejeros generales, de los consejeros regionales y de los miembros de la asamblea de Córcega, la ley de 16 de febrero de 2010, antes citada, en la perspectiva de la reforma del consejero territorial, había reducido de seis a cuatro años la duración del mandato de los consejeros regionales elegidos en marzo de 2010 y de seis a tres años la de los consejeros generales elegidos en 2011; que, como resultado de esta reforma, el mandato de todos los consejeros generales, así como el de los consejeros regionales y el de los miembros de la asamblea de Córcega expira en marzo de 2014; que en aplicación del artículo 21 de la ley de 27 de julio de 2011, antes citada, las asambleas de Guyana y de Martinica deben ser elegidas en marzo de 2014, coincidiendo con la renovación de los consejos regionales y de los consejos generales;

58. Considerando que el artículo 47 prorroga por un año el mandato de los consejeros generales, de los consejeros regionales y de los miembros de la asamblea de Córcega con el fin de que las elecciones tengan lugar en marzo de 2015;

59. Considerando que, según los demandantes, esta modificación del calendario electoral no está justificada por un motivo de interés general; que, en particular, la ley cuestionada no modificaría el régimen de la elección de los consejeros regionales; que no habría ninguna relación entre el objetivo de favorecer la participación electoral y la extensión durante dos años de las elecciones locales; que, además, la prórroga del mandato de los consejeros generales y de los consejeros regionales más allá de las elecciones senatoriales previstas en septiembre de 2014 incumpliría el principio, fijado en el artículo 24 de la Constitución, según el cual el Senado asegura la representación de los entidades territoriales de la República;

60. Considerando que el legislador, competente para fijar las reglas relativas al régimen electoral de las asambleas locales en aplicación del artículo 34 de la Constitución, puede, a este título, determinar la duración del mandato de los elegidos que van a componer el órgano deliberante de una entidad territorial; que, en cualquier caso, en el ejercicio de esta competencia, debe respetar los principios constitucionales, los cuales implican, en particular, que los electores sean llamados a ejercer su derecho de sufragio de acuerdo con una periodicidad razonable;

61. Considerando que el Consejo constitucional no dispone de un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento; que no le corresponde, por tanto, investigar sobre si la finalidad perseguida por el legislador podría ser alcanzada por otras vías, en la medida en que las modalidades establecidas por la ley no resulten manifiestamente inapropiadas a dicho objetivo;

62. Considerando que, prorrogando por un año el mandato de los consejeros generales, de los consejeros regionales y de los miembros de la asamblea de Córcega, el legislador ha estimado que la convocatoria en 2014 de las renovaciones de las asambleas deliberantes de los departamentos, de las elecciones regionales, de las elecciones municipales y de la elección de los diputados europeos habría podido favorecer la abstención; que, además, el retraso de la elección de los miembros de las asambleas departamentales resulta necesario como consecuencia de los plazos de la puesta en práctica de las reformas introducidas por el capítulo I del título I de la ley cuestionada; que no le corresponde al Consejo constitucional sustituir la apreciación del legislador por la suya propia en lo que atañe a la decisión de mantener o no la coincidencia de las elecciones regionales y de las elecciones departamentales cuando, por otra parte, se deroga la ley de 16 de febrero de 2010, antes citada, que imponía esta coincidencia; que el retraso, limitado a un año, no tiene como efecto el incumplimiento del principio según el cual los electores deben ser convocados a ejercer su derecho de sufragio de acuerdo con una periodicidad razonable;

63. Considerando, de otra parte, que en virtud del párrafo cuarto del artículo 24 de la Constitución: “El Senado… se elige mediante sufragio indirecto. Asegura la representación de las entidades territoriales de la República”;

64. Considerando que el cuerpo electoral de los senadores está compuesto, en una gran mayoría, de cargos electos y representantes de los municipios; que las elecciones municipales serán organizadas en marzo de 2014; que la alegación según la cual los senadores elegidos en septiembre de 2014 serán designados por un colegio compuesto en su mayor parte por cargos electos que estarán ejerciendo su mandato más allá de la duración normal del mismo no tiene base fáctica; que, en consecuencia, la alegación relativa al incumplimiento del artículo 24 de la Constitución debe ser rechazada;

65. Considerando que, a resultas de lo anterior, el artículo 47 de la ley impugnada debe ser declarado conforme a la Constitución;

66. Considerando que por parte del Consejo constitucional no ha lugar a plantear de oficio ninguna otra cuestión de constitucionalidad,

DECIDE:

Artículo 1º.- Se declaran contrarios a la Constitución las disposiciones siguientes de la ley relativa a la elección de los consejeros departamentales, de los consejeros municipales y de los consejeros comunitarios, y modificativa del calendario electoral:

• en el artículo 15, el párrafo tercero del artículo L. 221 del código electoral;
• el artículo 30 y la tabla anexa;
• en el artículo 46, las palabras “de orden topográfico, como la insularidad, el relieve, la hidrografía; de orden demográfico, como la distribución de la población en el territorio departamental; de equilibrio en la ordenación del territorio, come el enclavamiento, la superficie, el número de municipios por cantón” que figuran en el apartado IV del artículo L. 3113-2 del código general de las entidades territoriales.

Artículo 2.- Se declaran conformes con la Constitución las disposiciones siguientes de esta misma ley:

• los artículos 3 y 4;
• el resto del artículo 15;
• los artículos 16, 17, 18, 19 y 24;
• en el artículo 33, los artículos L. 273-6 y L. 273-11 del código electoral;
• el resto del artículo 46 y del artículo 47.

Artículo 3.- La tabla n° 2 anexa al código electoral (Tabla de los sectores para la elección de los miembros del consejo de París) se declara contraria a la Constitución.

Artículo 4.- La presente decisión se publicará en el Diario oficial de la República francesa.

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 16 de mayo de 2013 en la que estaban presentes: el Sr. Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, el Sr. Jacques BARROT, la Sras. Claire BAZY MALAURIE y Nicole BELLOUBET, los Sres. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL y la Sra. Nicole MAESTRACCI.