Sentencia n° 2011-147 QPC de 8 de Julio de 2011
Tras el requerimiento formulado ante el Consejo Constitucional el 4 de mayo de 2011 por el Tribunal Supremo (sentencia nº 2411 de 27 de abril de 2011), en la forma prevista por el artículo 61-1 de la Constitución, relativo a una cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por Don Tarek J., referida a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución de los artículos L. 251-3 y L. 251-4 del código francés de organización judicial.
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,
Vista la Constitución;
Visto el decreto-ley n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificado relativo a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional;
Visto el código de la organización judicial;
Vista la ley de 12 de abril de 1906 por la que se modifican los artículos 66, 67 del código penal, 340 del código de instrucción criminal y por la que se fija la mayoría de edad penal a los dieciocho años;
Vista la ley de 22 de julio de 1912 sobre los tribunales de menores [niños y adolescentes] y sobre la libertad vigilada;
Visto el decreto-ley nº 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativo a menores delincuentes;
Visto el reglamento de 4 de febrero de 2010 sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;
Vistas las observaciones presentadas por el Primer Ministro, registradas el 26 de mayo de 2011;
Vista la carta de 9 de junio de 2011 por la cual el Consejo Constitucional sometió a las partes una queja susceptible de ser planteada de oficio;
Vistas las observaciones presentadas en representación del recurrente por el Sr. Letrado Don Jean-Baptiste Gavignet, abogado del colegio de Dijon, registradas el 14 de junio de 2011;
Vistas las observaciones presentadas por el Primer Ministro, registradas el 15 de junio de 2011;
Vistos los documentos presentados y que se adjuntan al expediente;
Tras haber sido oídos en la audiencia pública celebrada el 21 de junio de 2011 el Sr. Letrado Gavignet, en representación del recurrente, y Don Xavier Pottier, designado por el Primer Ministro;
Tras haber oído al ponente;
-
Considerando que con arreglo al artículo L. 251-3 del código de la organización judicial: “El tribunal de menores está compuesto por un juez de menores, en calidad de presidente, y por varios asesores”;
-
Considerando que con arreglo al artículo L. 251-4 del mismo código: “Los asesores titulares y suplentes son elegidos entre las personas de más de treinta años de edad, de nacionalidad francesa y que se han señalado por el interés que muestran en cuestiones de infancia y por sus competencias.
“Los asesores son nombrados por cuatro años por el ministro de justicia. Su renovación se lleva a cabo por mitad. No obstante, en caso de creación de un tribunal de menores, aumento o reducción del número de asesores en estas jurisdicciones, o de reemplazo de uno o varios de estos asesores en una fecha diferente de la prevista para su renovación, la designación de los interesados puede realizarse por un periodo inferior a cuatro años dentro del límite de la duración requerida para permitir su renovación por mitad”; -
Considerando que, según el recurrente, la presidencia del tribunal de menores asumida por un juez de menores encargado de las diligencias y la presencia mayoritaria de asesores no magistrados en el seno de este tribunal, incumplen el artículo 66 de la Constitución; que, además, el Consejo Constitucional ha planteado de oficio la queja resultante de que la presidencia del tribunal de menores por el juez de menores que ha instruido el proceso vulneraría el principio de imparcialidad de las jurisdicciones;
SOBRE LOS ASESORES DEL TRIBUNAL DE MENORES:
-
Considerando que con arreglo al artículo 66 de la Constitución: “Nadie podrá ser detenido arbitrariamente. La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el respeto de este principio en la forma prevista por la ley”; que, si bien estas disposiciones se oponen a que el poder de pronunciar medidas privativas de libertad se confíe a una jurisdicción que tan sólo estuviese compuesta por jueces no profesionales, no prohíben, por sí mismas, que este poder sea ejercido por una jurisdicción penal de derecho común en el seno de la cual ejercen tales jueces;
-
Considerando, con todo, que en este caso, deben proporcionarse garantías apropiadas que permitan cumplir el principio de independencia, indisociable del ejercicio de funciones jurisdiccionales, así como las exigencias de capacidad, que se desprenden del artículo 6 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789; que, tratándose de formaciones penales de derecho común, la proporción de jueces no profesionales debe ser minoritaria;
-
Considerando, por una parte, que en virtud del artículo L. 251 del código de la organización judicial, el tribunal de menores es una jurisdicción penal especializada que “conoce, en la forma establecida por el decreto-ley nº 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativo a menores delincuentes, de las faltas y delitos menos graves cometidos por menores y de delitos graves cometidos por menores de dieciséis años”; que, por ello, al preveer que este órgano jurisdiccional esté compuesto, de forma mayoritaria, por asesores no profesionales, las disposiciones impugnadas no incumplen las exigencias constitucionales anteriormente citadas;
-
Considerando, por otra parte, que el artículo L. 251-4 prevé que los asesores son nombrados por cuatro años y “elegidos entre las personas de más de 30 años de edad, de nacionalidad francesa y que se han señalado por el interés que muestran en cuestiones de infancia y por sus competencias”; que el artículo L. 251-5 precisa que prestan juramento antes de entrar en funciones; que el artículo L. 251-6 dispone que la cour d'appel [tribunal de apelación] puede declarar el cese de los asesores que, “sin motivo legítimo, se han abstenido de comparecer en varias convocatorias sucesivas” y pronunciar su suspensión “en caso de falta grave que manche el honor o a la probidad”; que, en estas condiciones, tratándose de funciones de asesores, las disposiciones impugnadas no vulneran ni el principio de independencia indisociable del ejercicio de funciones judiciales ni las exigencias de capacidad que resultan del artículo 6 de la Declaración de 1789; que, por ende, el artículo L. 251-4 del código de organización judicial, que no incumple ningún derecho o libertad garantizados por la Constitución, es conforme a la Constitución;
SOBRE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE MENORES:
-
Considerando, por una parte, que con arreglo al artículo 16 de la Declaración de 1789: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”; que el principio de imparcialidad es indisociable del ejercicio de funciones jurisdiccionales;
-
Considerando, por otra parte, que la atenuación de la responsabilidad penal de los menores en función de la edad, como la necesidad de buscar la rehabilitación educativa y moral de los menores delincuentes mediante medidas adaptadas a su edad y su personalidad, pronunciadas por una jurisdicción especializada o según procedimientos apropiados, han sido reconocidas constantemente por las leyes de la República desde principios del siglo XX; que estos principios encuentran especialmente su expresión en la ley de 12 de abril de 1906 sobre la mayoría penal de los menores, la ley de 22 de julio de 1912 sobre los tribunales de menores y el decreto-ley de 2 de febrero de 1945 sobre menores delincuentes; que, no obstante, la legislación republicana anterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1946 no consagra ninguna norma según la cual las medidas obligatorias o las sanciones deberían evitarse siempre en beneficio de medidas puramente educativas; que en particular, las disposiciones originales del decreto-ley de 2 de febrero de 1945 no descartan la responsabilidad penal de los menores y no excluyen, en caso de ser necesario, que fuesen pronunciadas con respecto a ellos medidas tales como la acogida, la vigilancia, la retención o, para los menores de más de trece años, la detención; que tal es el alcance del principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia de menores;
-
Considerando que el decreto-ley de 2 de febrero de 1945 anteriormente citado, del que resultan las disposiciones impugnadas, instituyó un juez de menores, magistrado especializado, y un tribunal de menores presidido por el juez de menores; que el fiscal del tribunal correspondiente a la jurisdicción del tribunal de menores recurre al juez de menores de dicho tribunal y éste es el único encargado de las acciones judiciales; que en virtud del artículo 8 de este mismo decreto-ley, el juez de menores procede a “todas las diligencias e investigaciones útiles para llegar a la manifestación de la verdad y al conocimiento de la personalidad del menor así como de los medios apropiados para su reeducación”; que este artículo dispone, asimismo, que puede “posteriormente, mediante auto, bien declarar no haber lugar a seguir y proceder como se indica en el artículo 177 del código de enjuiciamiento penal, bien reenviar al menor ante el tribunal de menores”; que ninguna disposición del decreto-ley de 2 de febrero de 1945 o del código de enjuiciamiento penal no obstaculiza que el juez de menores participe en el enjuiciamiento de los casos penales que ha instruido”;
-
Considerando que el principio de imparcialidad de las jurisdicciones no se opone a que el juez de menores que instruyó el proceso pueda, al término de la instrucción, pronunciar medidas de asistencia, vigilancia o educación; que, sin embargo, al permitir al juez de menores que ha estado encargado de llevar a cabo las diligencias útiles para llegar a la manifestación de la verdad y que ha reenviado al menor ante el tribunal de menores que presida esta jurisdicción encargada del enjuiciamiento habilitada para pronunciar condenas, las disposiciones impugnadas vulneran el principio constitucional de imparcialidad de las jurisdicciones; que por consiguiente, el artículo L. 251-3 del código de organización judicial es contrario a la Constitución;
-
Considerando que en principio, una declaración de inconstitucionalidad debe beneficiar a la parte que planteó la cuestión prioritaria de constitucionalidad; que, sin embargo, la derogación inmediata del artículo L. 251-3 del código de la organización judicial incumpliría el principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia penal de los menores e implicaría consecuencias excesivas; que, por consiguiente, para permitirle al legislador poner fin a esta inconstitucionalidad, procede aplazar al 1 de enero de 2011 la fecha de esta derogación;
RESUELVE:
Artículo 1º.- El artículo L. 251-3 del código de la organización judicial es contrario a la Constitución.
Artículo 2.- El artículo L. 251-4 del mismo código es conforme a la Constitución.
Artículo 3.- La declaración de inconstitucionalidad prevista por el artículo 1 surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2013 en la forma establecida por el considerando 12 de la presente sentencia.
Artículo 4.- La presente sentencia será publicada en el Journal officiel [Boletín Oficial] de la República Francesa y notificada en la forma prevista por el artículo 23-11 del decreto-ley de 7 de noviembre de 1958 anteriormente citado.
Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión del 7de julio de 2011, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques BARROT, Doña Claire BAZY MALAURIE, Don Guy CANIVET, Don Michel CHARASSE, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Don Hubert HAENEL y Don Pierre STEINMETZ.
Hecho público el 8 de julio de 2011.
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.18. Article 16
1.2.18.6. Impartialité et indépendance des juridictions
Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
- 1.4.3. Principes retenus
1.4.3.10. Atténuation de la responsabilité des mineurs et traitement pénal adapté
Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs impose l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
- 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
- 4.18.3.1. Notion d'autorité judiciaire
4.18.3.1.3. Juridictions composées de juges non professionnels
Si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. Toutefois, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire.
En vertu de l'article L. 251-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants est une juridiction pénale spécialisée qui " connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans ". Dès lors, en prévoyant que siègent dans cette juridiction, en nombre majoritaire, des assesseurs non professionnels, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.6. Justice pénale des mineurs
4.23.6.1. Existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs
Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs impose l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.6. Justice pénale des mineurs
- 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
4.23.6.2.2. Contrôle sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789
Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles.
L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont sont issus les articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants. Le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites. En vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à " toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation ". Cet article dispose, en outre, qu'il peut " ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ". Aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites.
Le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire porte au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution. Par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.6. Justice pénale des mineurs
- 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
- 4.23.6.2.3. Contrôle sur le fondement du principe fondamental
4.23.6.2.3.2. Autres dispositions
L'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à l'inconstitutionnalité de cet article, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de son abrogation.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
11.6.3.2. Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel
Saisi d'une QPC portant sur les articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire au motif que, selon le requérant, la présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants chargé des poursuites et la présence majoritaire d'assesseurs non magistrats au sein de ce tribunal, méconnaitraient l'article 66 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce que la présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure porterait atteinte au principe d'impartialité des juridictions. Sur ce grief soulevé d'office, le Conseil constitutionnel censure l'article L. 251-3 du COJ.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.2. Abrogation
11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps
En principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
12.2.1.2. Exigences de capacité et d'impartialité (article 6 de la Déclaration de 1789)
Les dispositions de l'article 66 de la Constitution n'interdisent pas, par elles-mêmes, que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent des juges non professionnels. Toutefois, en ce cas, doivent être apportées des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
L'article L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les assesseurs du tribunal pour enfants sont nommés pour quatre ans et " choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences ". L'article L. 251-5 précise qu'ils prêtent serment avant d'entrer en fonction. L'article L. 251-6 dispose que la cour d'appel peut déclarer démissionnaires les assesseurs qui " sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives " et prononcer leur déchéance " en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité ". Dans ces conditions, s'agissant de ces fonctions d'assesseurs, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'indépendance indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
- 12.3.1. Composition
- 12.3.1.1. Juridictions de droit commun
12.3.1.1.3. Présence minoritaire de juges non professionnels
Si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. Toutefois, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire.
En vertu de l'article L. 251-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants est une juridiction pénale spécialisée qui " connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans ". Dès lors, en prévoyant que siègent dans cette juridiction, en nombre majoritaire, des assesseurs non professionnels, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.