Sentencia

Resolución n° 2010-14/22 QPC de 30 de Julio de 2010

Don Daniel W. y otros

Tras el requerimiento formulado ante el Consejo Constitucional el 1 de junio de 2010 por el Tribunal Supremo francés (sentencia n° 12030 de 31 de mayo de 2010), en la forma prevista por el artículo 61-1 de la Constitución, relativo a una cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por Don Daniel W., Don Laurent D., Don Eddy y Don Driss G., Don Hamza F., Don Antonio M., Don Ferat A., Doña Elena L., Don Alexander Z., Don Ahmed B., Don Samih Z., Don Rachid M., Don Mike S., Don Claudy I., Don Grégory B., Don Ahmed K., Don Kossi H., Don Willy P., Don John C., Doña Virginie P., Don Mehdi T., Don Abibou S., Don Mouhssine M., Don Nouri G., Don Mohamed E., Don Amare K., Don Ulrich K., Don Masire N., Don Abelouahab S., Don Rami Z., Don Edgar A., Don Valentin F., Don Nabil y Don Sophiane S., referida a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución de los artículos 62, 63, 63-1, 63-4, 77 y 706-73 del código francés de enjuiciamiento penal relativos al régimen de detención.
También fue formulado otro requerimiento ante el Consejo Constitucional, con fecha de 11 de junio de 2010, por este mismo Tribunal supremo (sentencia n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 de 4 de junio de 2010), en la misma forma, relativo a una cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por Don Jacques M., Don Jean C., Don Didier B., Don Bruno R., Don Mohammed A., Don François W., Don Jair Alonso R., Don Bilel G., Don Mohamed H. y Don David L., referida a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución de estas mismas disposiciones.
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,
Vista la Constitución;
Vista la orden nº 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificada relativa a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional;
Visto el código de enjuiciamiento penal;
Vista la ley n° 78-788 de 28 de julio de 1978 referida a la reforma del procedimiento penal sobre la policía judicial y el tribunal de jurado, especialmente su artículo 2;
Vista la ley n° 85-1196 de 18 de noviembre de 1985 por la que se modifican diversas disposiciones del código de enjuiciamiento penal y del código de circulación y relativa a la policía judicial, especialmente su artículo 1;
Vista la ley n° 93-1013 de 24 de agosto de 1993 por la que se modifica la ley n° 93-2 de 4 de enero de 1993 sobre la reforma del código de enjuiciamiento penal, junto con la sentencia del Consejo Constitucional n° 93-326 DC de 11 de agosto de 1993;
Vista la ley n° 94-89 de 1 de febrero de 1994 por la que se instituye una pena sin posibilidad de excarcelación y relativa al nuevo código penal y a ciertas disposiciones de procedimiento penal, especialmente su artículo 2;
Vista la ley n° 95-125 de 8 de febrero de 1995 relativa a la organización de las jurisdicciones y al procedimiento civil, penal y administrativo, especialmente su artículo 53;
Vista la ley n° 96-647 de 22 de julio de 1996 por la que se pretende reforzar la represión del terrorismo y de los delitos contra personas con autoridad pública o encargadas de una misión de servicio público, y por la que se establecen disposiciones relativas a la policía judicial, especialmente su artículo 20;
Vista la ley n° 98-1035 de 18 de noviembre de 1998 sobre la extensión de la cualificación de oficial de policía judicial al cuerpo de control y de aplicación de la policía nacional;
Vista la ley n° 2003-239 de 18 de marzo de 2003 para la seguridad interior, especialmente su artículo 8;
Vista la ley n° 2004-204 de 9 de marzo de 2004 relativa a la adaptación de la justicia a las evoluciones de la criminalidad, junto con la sentencia del Consejo Constitucional n° 2004-492 DC de 2 de marzo de 2004;
Vista la ley n° 2006-64 de 23 de enero de 2006 relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se establecen diversas disposiciones relativas a la seguridad y a los controles fronterizos, especialmente su artículo 16;
Vistas las observaciones presentadas por la SCP [Sociedad Civil Profesional] Piwnica y Molinié, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, en representación de los Sres. D. y W., registradas el 17 de junio de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por la SCP [Sociedad Civil Profesional] Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, en representación de las Sras. L.
y P., y de los Sres. Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S. y Z., registradas el 17 de junio de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por el Sr. Letrado Molin, abogado del colegio de Lyon (Francia), en representación de los Sres. M., A., S., G., S. y F., registradas el 18 de junio de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por el Primer Ministro, registradas el 18 y el 24 de junio de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por el Sr. Letrado Barrere, abogado del colegio de Perpiñán (Francia), en representación del Sr. R., registradas el 20 de junio de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por la SCP Piwnica y Molinié, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, en representación del Sr. M., registradas el 23 de junio de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por la SCP Waquet, Farge, Hazan, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, en representación del Sr. C., registradas el 24 de junio de 2010;
Vistas las nuevas observaciones presentadas por el Sr. Letrado Barrere, registradas el 28 de junio de 2010;
Vistas las nuevas observaciones presentadas por la SCP Piwnica y Molinié, registradas el 30 de junio de 2010;
Vistas las nuevas observaciones presentadas por la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, registradas el 30 de junio de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por la SCP Bernard Peignot y Denis Garreau, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, en representación del Sr. G., registradas el 2 de julio de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por el Sr. Letrado Gavignet, abogado del colegio de Dijon (Francia), en representación de A., registradas el 2 de julio de 2010;
Vistas las observaciones complementarias presentadas por el Primer Ministro a petición del Consejo Constitucional para las formalidades de la instrucción, registradas el 16 de julio de 2010;
Vistos los elementos presentados y que se adjuntan a los expedientes;
Tras haber oído a los Sres. Letrados, Don Emmanuel Piwnica, Don René Despieghelaere, Don Gaël Candella, Don Eymeric Molin, Don Jean-Baptiste Gavignet, Doña Marie-Aude Labbe, Don Emmanuel Ravanas, Doña Hélène Farge, Don David Rajjou, Don Denis Garreau, en representación de los recurrentes, y a Don François Seners, designado por el Primer Ministro, en la audiencia pública celebrada el 20 de julio de 2010;
Tras haber oído al ponente;
«Las personas citadas por él tienen la obligación de comparecer. El oficial de policía judicial puede obligar a comparecer mediante la intervención de las fuerzas de orden público a las personas que figuran en el artículo 61. También puede obligar a comparecer por la fuerza, con previa autorización del fiscal, a quienes no han respondido a una citación de comparecencia o bien si se teme que no vayan a hacerlo.
«Redacta un atestado con sus declaraciones. Las propias personas que han declarado lo leen, pueden mandar que se anoten observaciones y lo firman. Si declaran que no saben leer, les será leído el atestado por el oficial de policía judicial previamente a la firma. En caso de negarse a firmarlo, se indicará en el atestado.
«Los agentes de policía judicial designados en el artículo 20 también pueden tomar declaración, bajo el control de un oficial de policía judicial, a todas las personas susceptibles de proporcionar informaciones sobre los hechos en causa. Levantan para este efecto, en la forma prescrita por el presente código, atestados que trasmiten al oficial de policía judicial a quien asisten.
«Las personas contra las que no existe ninguna razón plausible de sospechar que cometieron o intentaron cometer una infracción tan solo pueden ser detenidas el tiempo estrictamente necesario para prestar declaración;
«La persona detenida no puede ser retenida más de veinticuatro horas. No obstante, la detención puede prolongarse un plazo de veinticuatro horas como máximo, por autorización escrita del fiscal. Este último puede supeditar dicha autorización a la presentación previa de la persona detenida.
«Por orden del fiscal, las personas contra las cuales los elementos recogidos pueden motivar el ejercicio de diligencias judiciales son, después de la detención, bien puestas en libertad, bien puestas a disposición del fiscal.
«Para la aplicación del presente artículo, la competencia territorial de los tribunales de grande instance [órganos jurisdiccionales de primera instancia] de París, Nanterre, Bobigny y Créteil [Francia] constituyen una única competencia territorial»;
«De esta puesta en conocimiento se deja constancia en el atestado y dicha anotación será firmada por el detenido; en caso de que este se niegue a firmarla, esto también será mencionado.
«Las informaciones mencionadas en el primer párrafo deben ser comunicadas al detenido en una lengua que comprenda, en su caso mediante formularios escritos.
«Si esta persona padece sordera y no sabe leer ni escribir, debe ser asistida por un intérprete de lengua de signos o por cualquier persona cualificada que domine un lenguaje o un método que le permita comunicarse con sordos. También se puede recurrir a cualquier dispositivo técnico que permita comunicarse con una persona que padezca sordera.
«Si la persona es puesta en libertad después de la detención sin que el fiscal haya tomado ninguna decisión sobre la acción pública, se le informa de las disposiciones del artículo 77-2.
«Salvo en caso de circunstancia insalvable, las diligencias que resultan para los investigadores de la comunicación de los derechos mencionados en los artículos 63-2 y 63-3 deben realizarse como muy tarde en un plazo de tres horas a partir del momento en que la persona es detenida»;
«El decano del colegio de abogados es informado de esta solicitud por cualquier medio y de forma urgente.
«El abogado designado puede comunicarse con el detenido garantizándose la confidencialidad de la entrevista. Es informado por el oficial de policía judicial o, bajo el control de este último, por un agente de policía judicial de la naturaleza y de la presunta fecha de la infracción objeto de la investigación.
«Tras esta entrevista cuya duración no puede superar los treinta minutos, el abogado presenta, en su caso, observaciones escritas que se adjuntan al procedimiento.
«El abogado no puede mencionar esta entrevista ante nadie durante la duración de la detención.
«Cuando la detención es objeto de prolongación, el detenido también puede solicitar entrevistarse con un abogado desde el principio de la prolongación, en la forma y según las modalidades previstas en los párrafos precedentes.
«Si la persona es detenida por una infracción mencionada en el 4°, 6°, 7°, 8° y 15° del artículo 706-73, la entrevista con un abogado tan solo puede hacerse tras un plazo de cuarenta y ocho horas. Si es detenida por una infracción mencionada en el 3º y 11° del mismo artículo, la entrevista con un abogado tan solo puede realizarse tras un periodo de setenta y dos horas. El fiscal es informado de la calificación de los hechos que se imputan al detenido por la policía judicial nada más ser informado por ella de la detención»;
«El fiscal puede, antes del vencimiento del plazo de veinticuatro horas, prolongar la duración de la detención con un nuevo plazo de veinticuatro horas como máximo. Dicha prolongación tan solo podrá decidirse tras presentación previa del detenido ante el fiscal. Si la investigación se realiza en otra jurisdicción diferente de la del fiscal al que se someten los hechos, el fiscal del lugar de ejecución de la medida podrá decidir la prolongación.
«Por orden del fiscal encargado de los hechos, las personas contra las cuales los elementos recogidos pueden motivar el ejercicio de diligencias son, al término de la detención, bien puestas en libertad, bien puestas a disposición del fiscal.
«Para la aplicación del presente artículo, la competencia territorial de los tribunales de grande instance [órganos jurisdiccionales de primera instancia] de París, Nanterre, Bobigny y Créteil [Francia] constituyen una única competencia territorial.
«Las disposiciones de los artículos 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 y 65 son aplicables a las detenciones ejecutadas en el marco del presente capítulo»;
«1° Delito1 grave de homicidio cometido por miembros de una organización criminal previsto por el 8° del artículo 221-4 del código penal;
«2° Delito grave de torturas y actos de barbarie cometido por miembros de una organización criminal previsto por el artículo 222-4 del código penal;
«3° Delitos graves y menos graves de tráfico de estupefacientes previstos por los artículos 222-34 a 222-40 del código penal;
«4° Delitos graves y menos graves de detención ilegal y de secuestro cometidos por miembros de una organización criminal previstos por el artículo 224-5-2 del código penal;
«5° Delitos graves y delitos con agravantes de trata de personas previstos por los artículos 225-4-2 a 225-4-7 del código penal;
«6° Crímenes y delitos con agravantes de proxenetismo previstos por los artículos 225-7 a 225-12 del código penal;
«7° Delito grave de robo cometido por miembros de una organización criminal previsto por el artículo 311-9 del código penal;
«8° Delitos graves con agravantes de extorsión previstos por los artículos 312-6 y 312-7 del código penal;
«9° Delito grave de destrucción, degradación y deterioro de un bien cometidos por miembros de una organización criminal previsto por el artículo 322-8 del código penal;
«10° Delitos graves de moneda falsa previstos por los artículos 442-1 y 442-2 del código penal;
«11° Delitos graves y delitos menos graves de actos de terrorismo previstos por los artículos 421-1 a 421-6 del código penal;
«12° Delitos en materia de armas y productos explosivos cometidos por miembros de una organización criminal, previstos por los artículos L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 y L. 2353-5 del código de la defensa;
«13° Delitos de ayuda a la entrada, circulación y residencia de un extranjero en Francia cometidos por miembros de una organización criminal previstos por el cuarto párrafo del I del artículo 21 de la orden nº 45-2658 de 2 de noviembre de 1945 relativa a las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en Francia;
«14° Delitos de blanqueo previstos por los artículos 324-1 y 324-2 del código penal, o de receptación previstos por los artículos 321-1 y 321-2 del mismo código, del producto, de los ingresos, de las cosas procedentes de las infracciones mencionadas en el 1° al 13°;
«15° Delitos de asociación ilícita previstos por el artículo 450-1 del código penal, cuando tienen como objeto la preparación de una de las infracciones mencionadas en el 1° al 14°;
«16° Delito de no justificación de recursos correspondientes al tren de vida, previsto por el artículo 321-6-1 del código penal, cuando está en relación con una de las infracciones mencionadas en el 1° al 15°.
«Para las infracciones citadas en el 3°, 6° y 11°, son aplicables, salvo precisión contraria, las disposiciones del presente título así como las de los títulos XV, XVI y XVII»;
. En lo referido a la queja resultante de la vulneración de la dignidad humana:
. En lo relativo a las demás quejas:
28. Considerando, por otra parte, que las disposiciones combinadas de los artículos 62 y 63 del mismo código autorizan el interrogatorio de un detenido; que su artículo 63-4 no permite a la persona detenida interrogada de esta forma, pese a ser retenida contra su voluntad, beneficiarse de la asistencia efectiva de un abogado; que se impone de forma general una restricción tal de los derechos de defensa, sin considerar circunstancias particulares susceptibles de justificarla, para juntar o conservar las pruebas o garantizar la protección de las personas; que, por lo demás, la persona detenida no recibe la notificación de su derecho a guardar silencio;
R E S U E L V E:
Artículo 1.- Los artículos 62, 63, 63-1 y 77 del código de enjuiciamiento penal y los párrafos 1 a 6 de su artículo 63-4 son contrarios a la Constitución.
Artículo 2.- La declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 será efectiva el 1 de julio de 2011 en la forma prevista por el considerando 30.
Artículo 3.- No procede, para el Tribunal Constitucional, pronunciarse sobre el artículo 706-73 del código de enjuiciamiento penal y sobre el séptimo párrafo de su artículo 63-4.
Artículo 4.- La presente sentencia será publicada en el Journal officiel [Boletín Oficial del Estado] de la República Francesa y será notificada en la forma prevista por el artículo 23-11 de la orden de 7 noviembre de 1958 anteriormente citada.
Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión celebrada el 29 de julio de 2010, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques BARROT, Don Guy CANIVET, Don Michel CHARASSE, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Hubert HAENEL y Don Pierre STEINMETZ.
Hecho público el 30 de julio de 2010.