Sentencia

Sentencia n° 2009-590 DC de 22 de Octubre de 2009

Ley relativa a la protección penal de la propiedad literaria y artística en internet

Ante el requerimiento formulado al Consejo Constitucional francés, en la forma prevista en el artículo 61, segundo párrafo, de la Constitución, con respecto a la ley relativa a la protección penal de la propiedad literaria y artística en internet, el 28 de septiembre de 2009, por:
Don Jean-Marc AYRAULT, Doña Patricia ADAM, Doña Sylvie ANDRIEUX, Don Jean-Paul BACQUET, Don Dominique BAERT, Don Jean-Pierre BALLIGAND, Don Jacques BASCOU, Don Christian BATAILLE, Doña Delphine BATHO, Doña Gisèle BIÉMOURET, Don Serge BLISKO, Don Patrick BLOCHE, Don Jean-Michel BOUCHERON, Doña Marie-Odile BOUILLÉ, Don Christophe BOUILLON, Doña Monique BOULESTIN, Don Pierre BOURGUIGNON, Doña Danielle BOUSQUET, Don François BROTTES, Don Alain CACHEUX, Don Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Don Thierry CARCENAC, Don Christophe CARESCHE, Doña Martine CARRILLON-COUVREUR, Don Bernard CAZENEUVE, Don Guy CHAMBEFORT, Don Jean-Paul CHANTEGUET, Don Gérard CHARASSE, Don Alain CLAEYS, Don Jean-Michel CLÉMENT, Doña Marie-Françoise CLERGEAU, Don Pierre COHEN, Doña Catherine COUTELLE, Doña Pascale CROZON, Don Frédéric CUVILLIER, Don Pascal DEGUILHEM, Don Guy DELCOURT, Don François DELUGA, Don Bernard DEROSIER, Don Tony DREYFUS, Don Jean-Pierre DUFAU, Don William DUMAS, Don Jean-Louis DUMONT, Doña Laurence DUMONT, Don Jean-Paul DUPRÉ, Don Yves DURAND, Don Philippe DURON, Don Olivier DUSSOPT, Don Christian ECKERT, Don Henri EMMANUELLI, Doña Corinne ERHEL, Don Laurent FABIUS, Don Albert FACON, Don Hervé FÉRON, Doña Aurélie FILIPPETTI, Doña Geneviève FIORASO, Don Michel FRANÇAIX, Don Jean-Louis GAGNAIRE, Don Guillaume GAROT, Don Jean GAUBERT, Doña Catherine GÉNISSON, Don Paul GIACOBBI, Don Jean-Patrick GILLE, Don Jean GLAVANY, Don Daniel GOLDBERG, Don Gaëtan GORCE, Doña Pascale GOT, Don Marc GOUA, Doña Élisabeth GUIGOU, Don David HABIB, Doña Danièle HOFFMAN-RISPAL, Don François HOLLANDE, Doña Monique IBORRA, Don Michel ISSINDOU, Don Serge JANQUIN, Don Henri JIBRAYEL, Don Régis JUANICO, Don Armand JUNG, Doña Marietta KARAMANLI, Don Jean-Pierre KUCHEIDA, Doña Conchita LACUEY, Don Jérôme LAMBERT, Doña Colette LANGLADE, Don Jean LAUNAY, Don Jean-Yves LE DÉAUT, Doña Annick LE LOCH, Doña Marylise LEBRANCHU, Don Michel LEFAIT, Don Patrick LEMASLE, Doña Catherine LEMORTON, Doña Annick LEPETIT, Don Bernard LESTERLIN, Don Michel LIEBGOTT, Don Albert LIKUVALU, Don François LONCLE, Don Jean MALLOT, Don Louis-Joseph MANSCOUR, Doña Marie-Lou MARCEL, Don Philippe MARTIN, Doña Martine MARTINEL, Doña Frédérique MASSAT, Don Didier MATHUS, Doña Sandrine MAZETIER, Don Didier MIGAUD, Don Pierre MOSCOVICI, Don Pierre-Alain MUET, Don Alain NÉRI, Doña Marie-Renée OGET, Doña Françoise OLIVIER-COUPEAU, Doña Dominique ORLIAC, Doña George PAU-LANGEVIN, Don Germinal PEIRO, Don Jean-Luc PÉRAT, Doña Martine PINVILLE, Don Philippe PLISSON, Don François PUPPONI, Doña Catherine QUÉRÉ, Don Jean-Jack QUEYRANNE, Don Dominique RAIMBOURG, Doña Marie-Line REYNAUD, Don Alain RODET, Don Marcel ROGEMONT, Don René ROUQUET, Don Alain ROUSSET, Don Patrick ROY, Don Michel SAINTE-MARIE, Don Michel SAPIN, Don Christophe SIRUGUE, Doña Marisol TOURAINE, Don Jean-Louis TOURAINE, Don Philippe TOURTELIER, Don Jean-Jacques URVOAS, Don Daniel VAILLANT, Don Jacques VALAX, Don André VALLINI, Don Michel VAUZELLE, Don Michel VERGNIER, Don Alain VIDALIES, Don Jean-Michel VILLAUMÉ, Don Philippe VUILQUE, Doña Martine BILLARD, Don Yves COCHET, Don Noël MAMÈRE, Don François de RUGY, Doña Marie-Hélène AMIABLE, Don François ASENSI, Don Alain BOCQUET, Don Patrick BRAOUEZEC, Don Jean-Pierre BRARD, Doña Marie-George BUFFET, Don Jean-Jacques CANDELIER, Don André CHASSAIGNE, Don Jacques DESALLANGRE, Don Marc DOLEZ, Don André GERIN, Don Pierre GOSNAT, Don Maxime GREMETZ, Doña Jacqueline FRAYSSE, Don Jean-Paul LECOQ, Don Roland MUZEAU, Don Daniel PAUL, Don Jean-Claude SANDRIER, Don Michel VAXES y Doña Huguette BELLO, diputados.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,

  • Vista la Constitución francesa;

  • Vista la orden francesa n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificada relativa a la ley orgánica del Consejo Constitucional;

  • Visto el código penal francés;

  • Visto el código francés de enjuiciamiento penal, junto con la sentencia nº 2002-461 DC de 29 de agosto de 2002;

  • Visto el código francés de propiedad intelectual;

  • Vista la ley francesa n° 2009-669 de 12 de junio de 2009 por la que se favorece la difusión y la creación en internet, junto con la sentencia nº 2009-580 DC de 10 de junio de 2009;

  • Vistas las observaciones del Gobierno, presentadas el 14 de octubre de 2009;

  • Vistas las observaciones de la réplica, presentadas el 19 de octubre de 2009;

Tras haber oído al ponente;

  1. Considerando que los diputados recurrentes impugnan ante el Consejo Constitucional la ley relativa a la protección penal de la propiedad literaria y artística en internet; que contestan la conformidad con la Constitución de sus artículos 1º, 6, 7, 8 y 11;

  2. Considerando que la ley impugnada tiende a completar la ley de 12 de junio de 2009 anteriormente citada al extraer las consecuencias de la citada sentencia de 10 de junio de 2009; que, en especial, determina la forma en que pueden constatarse, perseguirse y juzgarse ciertas infracciones previstas en el código de propiedad intelectual en caso de que ser cometidas mediante un servicio de comunicación pública en línea; que instituye, además, una pena complementaria de suspensión del acceso a dicho servicio tanto para los delitos previstos en los artículos L. 335-2, L. 335-3 y L. 335-4 del código de propiedad intelectual, cuando sean cometidos a través de este servicio, como para las faltas que se tipifiquen por decreto; que organiza, por último, las condiciones para la imposición y la ejecución de dicha pena complementaria;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 1:
  1. Considerando que el artículo 1º de la ley impugnada incorpora en el código de propiedad intelectual el artículo L. 331-21-1 que aparece redactado de la siguiente forma: “Los miembros de la comisión de protección de derechos, así como sus agentes habilitados y jurados ante la autoridad judicial mencionados en el artículo L. 331-21, podrán constatar los actos susceptibles de constituir infracciones previstas en el presente título cuando éstas se castiguen con la pena complementaria de suspensión del acceso a un servicio de comunicación pública en línea mencionada en los artículos L. 335-7 y L. 335-7-1.
    “También podrán recoger las observaciones de las personas concernidas. Se mencionará este derecho en la carta de citación.
    “Cuando las personas implicadas soliciten ser escuchadas, serán convocadas y oídas. Cualquier persona que declare tendrá derecho a ser asistida por un letrado de su elección.
    “Se remitirá una copia del acta del interrogatorio a la persona implicada”;

  2. Considerando que, según los recurrentes, la frase “constatar los actos susceptibles de constituir infracciones” vulnera el objetivo de inteligibilidad y de accesibilidad de la ley; que solicitan, por consiguiente, al Consejo Constitucional, por una parte, que “precise que el adjetivo “susceptible” debe conducir a las autoridades que aplican la ley a proceder en cualquier caso a un complemento de investigación para que las constataciones de la HADOPI (Alta Autoridad para la difusión de obras y la protección de derechos en internet) no permitan por sí solas la condena de los abonados sospechosos” y, por otra parte, que imponga que cualquier procedimiento dé lugar a un interrogatorio en la fase de la constitución del expediente en el que se basan las actuaciones judiciales;

  3. Considerando, por una parte, que por no ser ni oscuras ni ambiguas las disposiciones criticadas, la queja relativa a la vulneración del objetivo constitucional de inteligibilidad y de accesibilidad de la ley carece de fundamento;

  4. Considerando, por otra parte, que en virtud del segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución, el Consejo Constitucional tiene competencia para pronunciarse sobre la conformidad con la Constitución de una ley sometida a su examen; que tan sólo le corresponde proceder a la interpretación de texto que se impugna ante él en la medida en que esta interpretación sea necesaria para la apreciación de su constitucionalidad; que, en este caso preciso, las autoridades judiciales competentes apreciarán caso a caso, como les corresponde hacerlo, si se necesita un suplemento de investigación o si los elementos de prueba reunidos por los funcionarios y agentes encargados de las funciones de policía judicial bastan para determinar la culpabilidad de la persona emplazada y permiten, en su caso, determinar la pena; que, por consiguiente, no es procedente, para el Consejo Constitucional, estimar la solicitud de interpretación formulada por los recurrentes;

  5. Considerando que, por lo tanto, el artículo 1º de la ley no es contrario a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 6:
  1. Considerando que el I del artículo 6 modificado del artículo 398-1 del código de enjuiciamiento penal; que añade a la lista de los delitos juzgados por el tribunal correctionnel de carácter unipersonal “los delitos previstos por los artículos L. 335-2, L. 335-3 y L. 335-4 del código de propiedad intelectual, cuando sean cometidos mediante un servicio de comunicación pública en línea”; que el II del artículo 6 incorpora en el código de enjuiciamiento penal el artículo 495-6-1 en el que se dispone que: “Los delitos previstos en los artículos L. 335-2, L. 335-3 y L. 335-4 del código de propiedad intelectual, cuando sean cometidos mediante un servicio de comunicación público en línea, también podrán ser objeto del procedimiento simplificado del auto en materia penal previsto por la presente sección. - En este caso, la víctima podrá solicitar al juez que resuelva, mediante el mismo auto por el que se pronuncie sobre la acción pública, sobre el ejercicio de acción civil de la víctima. El auto será notificado entonces a la parte civil y podrá ser objeto de contestación según las modalidades previstas en el artículo 495-3”;

  2. Considerando que, según los recurrentes, la institución de un procedimiento específico aplicable a los delitos de falsificación cometidos mediante un servicio de comunicación pública en línea y que permite que sean juzgados por un único juez o según el procedimiento simplificado del auto en materia penal vulnera el principio de igualdad ante la justicia; que, para ellos, esta “regresión de las garantías de procesales” es incompatible tanto con la complejidad de los litigios relativos a la falsificación como con la gravedad de las sanciones susceptibles de ser pronunciadas; que además, la posibilidad reservada a las víctimas de solicitar al juez que se pronuncie mediante auto penal sobre la demanda de daños y perjuicios de la parte civil privaría a las personas juzgadas de la posibilidad de contestar estas demandas; que, por consiguiente, estas disposiciones vulnerarían el derecho a un juicio justo, el respeto de los derechos de defensa y la presunción de inocencia;

  3. Considerando que el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 dispone que la ley “debe ser igual para todos, tanto para proteger como para castigar”; que, si bien el legislador puede prever normas de procedimiento diferentes según los hechos, las situaciones y las personas a quienes se aplican, tiene que darse la condición de que estas diferencias no procedan de distinciones injustificadas y que se garanticen a los justiciables garantías iguales, especialmente en lo relativo al respeto del principio de los derechos de defensa, que implica especialmente la existencia de un juicio justo y equitativo;

  4. Considerando, en primer lugar, que con respecto a las particularidades de los delitos de falsificación cometidos mediante un servicio de comunicación pública en línea, se le permite al legislador someter la persecución de estas infracciones a normas específicas; que al prever que estos delitos fuesen juzgados por el tribunal correctionnel [juzgado de lo penal] compuesto por un único juez o que pudiesen ser juzgados en virtud del procedimiento simplificado, el legislador ha pretendido tomar en consideración la amplitud de las falsificaciones cometidas mediante estos servicios de comunicación; que las normas de procedimiento instituidas por las disposiciones criticadas no crean diferencia alguna entre las personas que cometen tales actos;

  5. Considerando, en segundo lugar, que, como ha estimado el Consejo Constitucional en los considerandos 78 a 82 de su sentencia de 29 de agosto de 2002 anteriormente mencionada, el procedimiento simplificado previsto por los artículos 495 a 495-6 del código francés de enjuiciamiento penal no vulnera el principio de igualdad ante la justicia; que la extensión del campo de aplicación de este procedimiento a los delitos de falsificación cometidos mediante un servicio de comunicación pública en línea y la posibilidad de que una pena de suspensión del acceso a dicho servicio sea pronunciada por auto penal no vulneran este principio;

  6. Considerando, en tercer lugar, que ninguna norma ni principio constitucional se opone a que el juez pueda resolver también, mediante auto en materia penal, sobre la demanda por daños y perjuicios formulada por la víctima siempre y cuando estime disponer de suficientes elementos para pronunciarse;

  7. Considerando, no obstante, que el artículo 34 de la Constitución le reserva a la ley la tarea de establecer normas de procedimiento penal; que el segundo párrafo del artículo 495-6-1 del código de enjuiciamiento penal prevé que, en el marco del procedimiento simplificado, la víctima podrá presentar una demanda por daños y perjuicios y, en su caso, impugnar el auto penal; que, sin embargo, esta disposición no establece la forma en que debe ser presentada esta demanda; que no precisa los efectos de la eventual oposición de la víctima; que no garantiza el derecho del procesado de limitar su oposición únicamente a las disposiciones civiles del auto penal o tan sólo a sus disposiciones penales; que, por consiguiente, el segundo párrafo del artículo 495-6-1 del código de enjuiciamiento penal debe declararse contrario a la Constitución;

  8. Considerando que se desprende de todo lo anterior que, en todo lo demás, el artículo 6 no es contrario a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 7:
  1. Considerando que el artículo 7 de la ley impugnada restablece en el código de la propiedad intelectual el artículo L. 335-7 que dispone lo siguiente: “Cuando la infracción sea cometida mediante un servicio de comunicación pública en línea, las personas culpables de las infracciones previstas en los artículos L. 335-2, L. 335-3 y L. 335-4 pueden además ser condenadas a la pena complementaria de suspensión del acceso a un servicio de comunicación pública en línea durante un periodo de un año como máximo, junto con la prohibición de suscribir durante este mismo periodo otro contrato relativo a un servicio del mismo tipo con cualquier otro operador.
    “Cuando se compra este servicio según ofertas comerciales combinadas que incluyen otros tipos de servicios, tales como servicios de telefonía o de televisión, las decisiones de suspensión no se aplicarán a estos servicios.
    “La suspensión del acceso no afectará, por sí misma, al pago del precio del abono al proveedor del servicio. El artículo L. 121-84 del código de consumo no será aplicable durante el periodo de suspensión.
    “Los gastos de una eventual rescisión del abono durante el periodo de suspensión correrán a cuenta del abonado.
    “Cuando la resolución sea ejecutiva, la pena complementaria prevista en el presente artículo se comunicará a la Alta Autoridad para la difusión de obras y la protección de derechos en internet, que la notificará a la persona cuya actividad sea ofrecer un acceso a servicios de comunicación pública en línea para que aplique, en un plazo de quince días como máximo a partir de la notificación, la suspensión con respecto al abonado en cuestión.
    “El hecho, por parte de la persona cuya actividad es ofrecer un acceso a servicios de comunicación pública en línea, de no aplicar la pena de suspensión que le haya sido notificada se castigará con una multa máxima de 5.000 €.
    “El 3° del artículo 777 del código de enjuiciamiento penal no será aplicable a la pena complementaria prevista por el presente artículo”;

  2. Considerando que, según los recurrentes, la pena de suspensión del acceso a internet durante un año es desproporcionada y no debe especialmente pronunciarse en el marco del procedimiento simplificado; que alegan que la obligación de pagar el precio del abono suscrito durante la suspensión constituye una sanción manifiestamente desproporcionada; que afirman, además, que la imposibilidad técnica, al menos temporal, de hacer respetar las disposiciones del segundo párrafo del artículo L. 335-7 del código de propiedad intelectual en el conjunto del territorio nacional confiere a ciertos ciudadanos una forma de inmunidad que vulnera el principio de igualdad y se opone a la aplicación inmediata de la ley; que, por último, estiman que al confiar a una autoridad administrativa el poder de hacer ejecutar las penas de suspensión del acceso a internet, el quinto párrafo del artículo L. 335-7 viola el principio de separación de los poderes;

  3. Considerando, en primer lugar, que el artículo 8 de la Declaración de 1789 dispone que: “La ley tan sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias…”; que de acuerdo con el artículo 34 de la Constitución: “La ley fijará las normas sobre… la tipificación de los delitos, así como las penas aplicables”;

  4. Considerando que el artículo 61 de la Constitución no atribuye al Consejo Constitucional un poder general de apreciación y de decisión del mismo tipo que el del Parlamento, sino que tan sólo le da competencia para pronunciarse sobre la conformidad con la Constitución de las leyes sometidas a su examen;

  5. Considerando que, si bien la necesidad de las penas aplicables a las infracciones depende del poder de apreciación del legislador, corresponde al Consejo Constitucional asegurarse de la ausencia de desproporción manifiesta entre la infracción y la pena en la que se incurre;

  6. Considerando que la instauración de una pena complementaria destinada a reprimir los delitos de falsificación cometidos mediante un servicio de comunicación pública en línea y que consiste en la suspensión del acceso a este servicio durante un periodo máximo de un año, junto con la prohibición de suscribir durante este mismo período otro contrato relativo a un servicio del mismo tipo con cualquier operador, no vulnera el principio de necesidad de las penas;

  7. Considerando, en segundo lugar, que el tercer párrafo del artículo L. 335-7 del código de propiedad intelectual precisa las consecuencias de la pena de suspensión del acceso a internet en las relaciones contractuales entre el proveedor de acceso y el abonado; que la obligación impuesta a este último de pagar el precio del abono, a defecto de rescisión, no constituye ni una pena ni una sanción con carácter de castigo; que esta disposición, que tiene su fundamento en el hecho de que el incumplimiento del contrato es imputable al abonado, no vulnera ninguna exigencia constitucional;

  8. Considerando, en tercer lugar, que las disposiciones impugnadas son aplicables al conjunto del territorio de la República, a excepción de la Polinesia francesa, entidad ultramarina que se rige por el artículo 74 de la Constitución; que, si bien, por razones vinculadas con las características de las redes de comunicación en ciertas zonas, la imposibilidad de garantizar el respeto de las disposiciones del segundo párrafo del artículo L. 335-7 del código de propiedad intelectual puede obstaculizar temporalmente que la pena complementaria de suspensión del acceso a internet sea efectivamente ejecutada, esta circunstancia, que deberá considerar el juez al pronunciar la pena, no implica, por sí misma, vulneración del principio de igualdad ante la ley;

  9. Considerando, en cuarto lugar, que ninguna norma ni ningún principio constitucional se opone a que una autoridad administrativa participe en la aplicación de la ejecución de la pena de suspensión del acceso a internet;

  10. Considerando que de todo lo anterior se desprende que el artículo 7 no es contrario a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 8:
  1. Considerando que el artículo 8 incorpora en el código de propiedad intelectual un artículo L. 335-7-1 que aparece redactado de la siguiente forma: “Para las faltas de la quinta clase previstas por el presente código, cuando el reglamento lo prevea, la pena complementaria definida en el artículo L. 335-7 podrá ser pronunciada según las mismas modalidades, en caso de negligencia caracterizada, contra el titular del acceso a un servicio de comunicación pública en línea a quien la comisión de protección de derechos, en cumplimiento del artículo L. 331-25, haya remitido previamente, por carta con acuse de recibo o por cualquier otro medio por el que se pueda determinar la prueba de la fecha de presentación, una recomendación invitándolo a aplicar un medio de seguridad para su acceso a internet.
    “La negligencia caracterizada se apreciará con fundamento en los actos cometidos como máximo un año más tarde desde la presentación de la recomendación mencionada en el párrafo anterior.
    “En este caso, la duración máxima de la suspensión será de un mes.
    “El hecho, por parte de la persona condenada a la pena complementaria prevista en el presente artículo de no respetar la prohibición, de suscribir otro contrato de abono a un servicio de comunicación pública en línea durante la duración de la suspensión se castigará con una multa de un importe máximo de 3.750 €”;

  2. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones crean una nueva tipología de negligencia caracterizada sancionada con una pena de suspensión del acceso a internet; que su imprecisión vulneraría el principio de legalidad de los delitos y de las penas e instituiría una presunción de culpabilidad contraria al principio de presunción de inocencia; que, por último, esta pena revestiría un carácter manifiestamente desproporcionado;

  3. Considerando, por otra parte, que el artículo 8 de la ley impugnada no instaura una falta sino que crea una nueva categoría de pena complementaria que será aplicable a ciertas faltas de la quinta clase; que si bien, en virtud de las disposiciones criticadas, estas faltas tan sólo podrán ir acompañadas de la pena complementaria de suspensión del acceso a internet por una duración máxima de un mes en caso de negligencia caracterizada, corresponde al poder reglamentario, en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 37 de la Constitución, y bajo el control de los órganos jurisdiccionales competentes, definir sus elementos constitutivos; que, asimismo, el carácter proporcionado de una pena se aprecia con respecto al conjunto de los elementos constitutivos de la infracción que debe reprimir; que, por ello, las quejas de que la nueva tipificación vulneraría los artículos 8 y 9 de la Declaración de 1789 deben desestimarse;

  4. Considerando, por otra parte, que, si bien corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes apreciar las situaciones de hecho que responden a la mencionada «negligencia caracterizada» en el artículo L. 335-7-1 del código de propiedad intelectual, esta noción, que no reviste carácter equívoco, es lo bastante precisa como para garantizar contra el riesgo de arbitrariedad;

  5. Considerando, por consiguiente, que el artículo 8 no es contrario a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 11:
  1. Considerando que el artículo 11 modifica el artículo 434-41 del código penal; que castiga con una pena de dos años de cárcel y 30.000 € de multa “la violación, por parte de la persona condenada, de las obligaciones o prohibiciones resultantes de las penas… de la prohibición de suscribir un nuevo contrato de abono a un servicio de comunicación pública en línea resultante de la pena complementaria prevista en materia delictiva en el artículo L. 335-7 del código de propiedad intelectual”; que, contrariamente a lo afirmado por los recurrentes, esta disposición no instituye una pena manifiestamente desproporcionada; que, por consiguiente, el artículo 11 no es contrario a la Constitución;

  2. Considerando que no procede, para el Consejo Constitucional, plantear de oficio ninguna cuestión de conformidad con la Constitución,

D E C I D E:

Artículo 1.- El segundo párrafo del artículo 495-6-1 del código francés de enjuiciamiento penal, tal y como resulta del artículo 6 de la ley relativa a la protección penal de la propiedad literaria y artística en internet, se declara contrario a la Constitución.

Artículo 2.- Los artículos 1º, 7, 8 y 11 de la misma ley, así como el resto de su artículo 6, no son contrarios a la Constitución.

Artículo 3.- La presente sentencia se publicará en el Journal officiel [Boletín Oficial del Estado] de la República Francesa.

Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión de 22 de octubre de 2009, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Guy CANIVET, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Don Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Don Valéry GISCARD d'ESTAING, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Pierre JOXE, Don Jean-Louis PEZANT, Doña Dominique SCHNAPPER y Don Pierre STEINMETZ.

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.1. Cas d'incompétence négative
  • 3.3.4.1.1. Droit pénal et procédure pénale
  • 3.3.4.1.1.2. Procédure pénale, contrôle d'identité

L'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. Le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, s'opposer à l'ordonnance pénale. Toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée. Elle ne précise pas les effets de l'éventuelle opposition de la victime. Elle ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales. Censure pour incompétence négative.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 14, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.1. Détermination des infractions et des peines
  • 3.7.3.1.1. Autorité compétente en matière de contraventions

L'article 8 de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet n'instaure pas une contravention mais, d'une part, crée une nouvelle catégorie de peine complémentaire qui sera applicable à certaines contraventions de la cinquième classe et, d'autre part, encadre les conditions dans lesquelles une telle peine contraventionnelle pourra être prononcée. Il appartient au pouvoir réglementaire, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de la Constitution, et sous le contrôle des juridictions compétentes, d'en définir les éléments constitutifs.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 28, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.2. Procédure pénale

L'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. Le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, s'opposer à l'ordonnance pénale. Toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée. Elle ne précise pas les effets de l'éventuelle opposition de la victime. Elle ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales. Censure pour incompétence négative.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 14, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Le troisième alinéa de l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle précise les conséquences de la peine de suspension de l'accès à internet sur les relations contractuelles entre le fournisseur d'accès et l'abonné. L'obligation imposée à ce dernier de s'acquitter du prix de l'abonnement, à défaut de résiliation, ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Cette disposition, qui trouve son fondement dans le fait que l'inexécution du contrat est imputable à l'abonné, ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 22, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.2. Méconnaissance de la compétence du législateur

L'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. Le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, s'opposer à l'ordonnance pénale. Toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée. Elle ne précise pas les effets de l'éventuelle opposition de la victime. Elle ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales. Censure pour incompétence négative.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 14, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.1. Nature du contrôle du Conseil constitutionnel
  • 4.23.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 18, 19, 20, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

L'article 11 de la loi relative à la protection pénale de la propriété littérale et artistique sur internet modifie l'article 434-41 du code pénal. Il punit d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende " la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines... d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette disposition n'institue pas une peine manifestement disproportionnée.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 31, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.7. Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites
  • 4.23.9.7.2. Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la personne mise en cause
  • 4.23.9.7.2.3. Ordonnance pénale

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 78 à 82 de sa décision n° 2002-461 du 29 août 2002, la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice. L'extension du champ d'application de cette procédure aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne et la possibilité qu'une peine de suspension de l'accès à un tel service soit prononcée par ordonnance pénale ne méconnaissent pas davantage ce principe.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 12, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.9. Application des peines

Aucune règle ni aucun principe constitutionnel ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative participe à la mise en œuvre de l'exécution de la peine complémentaire de suspension de l'accès à internet.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 24, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.10. Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle
  • 4.23.10.2. Prononcé des peines et sanctions ayant le caractère d'une punition

Le deuxième alinéa de l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que dans le cas d'offres de service composites, la mise à exécution de peine complémentaire de suspension de l'accès à internet n'affecte pas les services de téléphonie ou de télévision. Si, pour des raisons tenant aux caractéristiques des réseaux de communication dans certaines zones, l'impossibilité d'assurer le respect de ces prescriptions peut faire temporairement obstacle à ce que cette peine complémentaire soit effectivement exécutée, cette circonstance, qu'il appartiendra au juge de prendre en compte dans le prononcé de la peine, n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 23, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.8. Droit pénal et procédure pénale

Le deuxième alinéa de l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que dans le cas d'offres de service composites, la mise à exécution de peine complémentaire de suspension de l'accès à internet n'affecte pas les services de téléphonie ou de télévision. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Si, pour des raisons tenant aux caractéristiques des réseaux de communication dans certaines zones, l'impossibilité d'assurer le respect de ces prescriptions peut faire temporairement obstacle à ce que cette peine complémentaire soit effectivement exécutée, cette circonstance, qu'il appartiendra au juge de prendre en compte dans le prononcé de la peine, n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 23, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.2. Droits de la défense

Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 10, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.5. Procédures dérogatoires pour certaines infractions

D'une part, eu égard aux particularités des délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, il était loisible au législateur de soumettre la poursuite de ces infractions à des règles spécifiques. En prévoyant que ces délits seraient jugés par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat du siège ou pourraient être poursuivis selon la procédure simplifiée, le législateur a entendu prendre en compte l'ampleur des contrefaçons commises au moyen de ces services de communication. Les règles de procédure ainsi instituées ne créent pas de différence entre les personnes qui se livrent à de tels actes.
D'autre part, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 78 à 82 de sa décision n° 2002-461 du 29 août 2002, la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice. L'extension du champ d'application de cette procédure aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne et la possibilité qu'une peine de suspension de l'accès à un tel service soit prononcée par ordonnance pénale ne méconnaissent pas davantage ce principe. Par conséquent, rejet du grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la justice.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 11, 12, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.3. Juridictions
  • 5.2.3.1. Composition et compétence des juridictions
  • 5.2.3.1.1. Juge unique

Eu égard aux particularités des délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, il était loisible au législateur de soumettre la poursuite de ces infractions à des règles spécifiques. En prévoyant que ces délits seraient jugés par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat du siège, le législateur a entendu prendre en compte l'ampleur des contrefaçons commises au moyen de ces services de communication. Les règles de procédure instituées par les dispositions critiquées ne créent pas de différence entre les personnes qui se livrent à de tels actes. Par conséquent, rejet du grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la justice.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 11, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.3. Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

D'une part, l'expression " constater les faits susceptibles de constituer des infractions " n'est ni obscure ni ambiguë et ne méconnaît donc pas l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. D'autre part, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la " négligence caractérisée " mentionnée à l'article L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 5, 29, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.1. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.1.8. Demande en interprétation de la loi

Les requérants demandent au Conseil constitutionnel de préciser que les autorités chargées de l'application de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet devront procéder systématiquement à certains actes d'investigation avant l'engagement des poursuites.
Le Conseil rappelle qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité. En l'espèce, les autorités judiciaires compétentes apprécieront au cas par cas, comme il leur appartient de le faire, si un supplément d'enquête ou d'instruction est nécessaire ou si les éléments de preuve rassemblés par les fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire suffisent à établir la culpabilité de la personne mise en cause et permettent, le cas échéant, la détermination de la peine. En conséquence, il refuse de donner suite à la demande en interprétation dont il est saisi.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 4, 6, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
  • 11.8.7.3.2. Autorité de la chose jugée

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 78 à 82 de sa décision n° 2002-461 du 29 août 2002, la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 12, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.1. Règles communes
  • 14.4.6.1.1. Principe de spécialité législative (article 74, alinéa 3)

Les dispositions déférées sont applicables à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2009-590 DC, 22 Octubre 2009, cons. 23, Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18292, texte n° 3)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 22 septembre 2009 (T.A. n° 337), Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Réplique par 60 députés, Références doctrinales.