Sentencia

Sentencia n° 2008-566 DC de 9 de Julio de 2008

Ley orgánica relativa a los archivos del Consejo Constitucional

Ante el requerimiento formulado al Consejo Constitucional por el Primer Ministro, con fecha de 1 de julio de 2008, de conformidad con los artículos 46, párrafo 5, y 61, párrafo 1, de la Constitución, referido a la impugnación de la ley orgánica relativa a los archivos del Consejo Constitucional;

El CONSEJO CONSTITUCIONAL,

  • Vista la Constitución, especialmente su artículo 63;

  • Vista la orden n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificada, relativa a la ley orgánica del Consejo Constitucional;

  • Visto el código del patrimonio;

  • Vista la ley relativa a los archivos, adoptada por el Parlamento el 1 de julio de 2008;

Tras haber oído al ponente;

  1. Considerando que la ley orgánica sometida al examen del Consejo Constitucional fue adoptada con arreglo al artículo 63 de la Constitución y cumpliendo las normas de procedimiento previstas por su artículo 46;

  2. Considerando que el artículo 1º de la ley orgánica modifica el artículo 58 de la orden de 7 de noviembre anteriormente citada ; que fija en veinticinco años a partir de la fecha de cada documento el periodo tras cuyo vencimiento se abre la consulta de los archivos del Consejo Constitucional; que por dicho artículo pasan a ser aplicables a estos últimos doce artículos del código del patrimonio, tal y como resultan de la mencionada ley relativa a los archivos, aprobada el mismo día; que su artículo 2 fija la entrada en vigor de estas disposiciones para el primero de enero de 2009;

  3. Considerando, en primer lugar, que con arreglo al artículo 63 de la Constitución: “Una ley orgánica determinará las normas de organización y de funcionamiento del Consejo Constitucional…”; que, por consiguiente, el régimen de los archivos del Consejo Constitucional, que no se puede disociar de las condiciones en las que el Consejo ejerce sus misiones, depende del ámbito de la ley orgánica;

  4. Considerando, en segundo lugar, que le está permitido al legislador orgánico hacer aplicable a materias dependientes del ámbito de la ley orgánica disposiciones con fuerza de ley ordinaria; que éstas últimas pasarán a ser aplicables en su redacción en vigor en la fecha de la adopción definitiva de esta ley orgánica;

  5. Considerando que, en virtud del artículo 1º, el legislador orgánico ha hecho aplicables de este modo a los archivos del Consejo Constitucional las siguientes disposiciones del código del patrimonio, tal y como resultan de la mencionada ley relativa a los archivos: el artículo L. 211-3 por el que están sujetos al secreto profesional los agentes encargados de la recopilación de los archivos; el artículo L. 212-1 por el que se instaura la imprescriptibilidad de los archivos; los artículos L. 212-2 y L. 212-3 en los que se definen las modalidades según las cuales se seleccionan o eliminan los archivos; el artículo L. 212-4 relativo a las modalidades de conservación de los archivos; el artículo L. 213-3 por el que se permite su consulta anticipada; por último, los artículos L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 y L. 214-10 por los que se instauran sanciones penales o administrativas, especialmente en caso de destrucción de archivos;

  6. Considerando, en tercer lugar, que del conjunto de disposiciones del título VII de la Constitución resulta que el constituyente ha pretendido garantizar la independencia del Consejo Constitucional;

  7. Considerando, por una parte, que al permitir la libre consulta de los archivos que proceden de la actividad del Consejo Constitucional al término de un plazo de 25 días, el artículo 1º de la ley orgánica no vulnera la independencia del Consejo Constitucional;

  8. Considerando, por otra parte, que los artículos L. 212-2 y L. 212-3 del código del patrimonio exigen, para establecer la lista de documentos para eliminar, un «acuerdo» entre la autoridad que los ha presentado o recibido y la administración de los archivos; que el I del artículo L. 213-3 prevé que la autorización para consultar documentos de archivos públicos antes del término del plazo de 25 años es emitida por la administración de los archivos «previo acuerdo de la autoridad de la que emanan los documentos»; que está previsto un dispositivo idéntico en el II del mismo artículo para la apertura anticipada de los fondos; que estas disposiciones, que exigen en cada caso un acuerdo del Consejo Constitucional, no vulneran ni la independencia de éste, ni el principio de separación de poderes garantizado por el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789;

  9. Considerando, por último, que el II del artículo L. 212-4 prevé que se garantiza la conservación de los documentos de archivos públicos todavía no seleccionados “bajo el control científico y técnico de la administración de los archivos”; que este control, que no atribuye a esta administración poder de decisión, tiene como objeto asistir al Consejo en la protección y la conservación de sus archivos; que, por consiguiente, no vulnera ni la independencia de este último, ni el principio de separación de poderes;

  10. Considerando, en cuarto lugar, que con arreglo al artículo 55 de la orden de 7 de noviembre de 1958, adoptada en virtud del precitado artículo 63 de la Constitución: “Las modalidades de aplicación de la presente orden podrán determinarse por decreto del consejo de ministros, previa consulta del Consejo Constitucional y dictamen del Consejo de Estado”;

  11. Considerando que las remisiones a un decreto de Consejo de Estado, operadas por el último párrafo del artículo L. 212-1 para precisar la acción de reivindicación de archivos públicos, por el I del artículo L. 212-4 para establecer las condiciones de entrega de los archivos públicos seleccionados, por el II del artículo L. 212-4 para el depósito de los archivos no seleccionados y por el artículo L. 214-10 para establecer las condiciones de prohibición de acceso a los locales de los archivos a las personas que hayan cometido actos susceptibles de condena criminal, constituyen modalidades de aplicación del nuevo artículo 58 de la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente mencionada; que, por consiguiente, de conformidad con el artículo 55 de la misma orden, los decretos aprobados en Consejo de Estado aplicables a los archivos del Consejo Constitucional deberán dar lugar a una consulta del Consejo Constitucional y a una deliberación del consejo de ministros;

  12. Considerando que, sin perjuicio de lo enunciado en el considerando precedente, la ley orgánica sometida al examen del Consejo Constitucional no es contraria a la Constitución,

D E C I D E:

Artículo 1.- Sin perjuicio de lo enunciado en el considerando 11, la ley orgánica relativa a los archivos del Consejo Constitucional es conforme a la Constitución.
Artículo 2.- La presente sentencia será publicada en el Journal Officiel [Boletín Oficial] de la República Francesa.

Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión del 9 de julio de 2008, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Guy CANIVET, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Don Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Don Pierre JOXE, Don Jean-Louis PEZANT, Doña Dominique SCHNAPPER y Don Pierre STEINMETZ.