Sentencia

Sentencia n° 2007-555 DC de 16 de Agosto de 2007

Ley a favor del trabajo, el empleo y el poder adquisitivo

Ante el requerimiento formulado al Consejo Constitucional, en las condiciones previstas por el artículo 61, segundo párrafo de la Constitución, con respecto a la impugnación de la ley a favor del trabajo, el empleo y el poder adquisitivo, el 2 de agosto de 2007, por don Jean-Marc AYRAULT, doña Patricia ADAM, don Jean-Paul BACQUET, don Dominique BAERT, don Jean-Pierre BALLIGAND, don Gérard BAPT, don Claude BARTOLONE, don Jacques BASCOU, don Christian BATAILLE, doña Delphine BATHO, don Jean-Louis BIANCO, doña Gisèle BIÉMOURET, don Serge BLISKO, don Patrick BLOCHE, don Maxime BONO, don Jean-Michel BOUCHERON, doña Marie-Odile BOUILLÉ, don Christophe BOUILLON, doña Monique BOULESTIN, don Pierre BOURGUIGNON, doña Danielle BOUSQUET, don François BROTTES, don Alain CACHEUX, don Jérôme CAHUZAC, don Jean-Christophe CAMBADÉLIS, don Thierry CARCENAC, don Christophe CARESCHE, doña Martine CARRILLON-COUVREUR, don Bernard CAZENEUVE, don Jean-Paul CHANTEGUET, don Alain CLAEYS, don Jean-Michel CLÉMENT, doña Marie-Françoise CLERGEAU, don Gilles COCQUEMPOT, don Pierre COHEN, doña Catherine COUTELLE, doña Pascale CROZON, don Frédéric CUVILLIER, doña Claude DARCIAUX, don Michel DEBET, don Pascal DEGUILHEM, doña Michèle DELAUNAY, don Guy DELCOURT, don Bernard DEROSIER, don Michel DESTOT, don Marc DOLEZ, don Tony DREYFUS, don Jean-Pierre DUFAU, don William DUMAS, doña Laurence DUMONT, doña Odette DURIEZ, don Philippe DURON, don Olivier DUSSOPT, don Christian ECKERT, doña Corinne ERHEL, don Albert FACON, doña Martine FAURE, don Hervé FÉRON, doña Aurélie FILIPPETTI, doña Geneviève FIORASO, don Pierre FORGUES, doña Valérie FOURNEYRON, doña Geneviève GAILLARD, don Guillaume GAROT, don Jean GAUBERT, doña Catherine GÉNISSON, don Jean-Patrick GILLE, don Jean GLAVANY, don Daniel GOLDBERG, doña Pascale GOT, don Marc GOUA, don Jean GRELLIER, doña Elisabeth GUIGOU, don David HABIB, doña Danièle HOFFMAN-RISPAL, doña Sandrine HUREL, doña Monique IBORRA, don Jean-Louis IDIART, doña Françoise IMBERT, don Michel ISSINDOU, don Serge JANQUIN, don Henri JIBRAYEL, don Régis JUANICO, don Armand JUNG, doña Marietta KARAMANLI, don Jean-Pierre KUCHEIDA, doña Conchita LACUEY, don Jérôme LAMBERT, don François LAMY, don Jean LAUNAY, don Jean-Yves LE BOUILLONNEC, don Gilbert LE BRIS, don Jean-Yves LE DÉAUT, don Jean-Marie LE GUEN, don Bruno LE ROUX, doña Marylise LEBRANCHU, don Patrick LEBRETON, don Michel LEFAIT, don Patrick LEMASLE, doña Catherine LEMORTON, don Jean-Claude LEROY, don Bernard LESTERLIN, don Michel LIEBGOTT, don Albert LIKUVALU, don François LONCLE, don Jean MALLOT, doña Jacqueline MAQUET, doña Marie-Lou MARCEL, don Jean-René MARSAC, don Philippe MARTIN, doña Frédérique MASSAT, don Gilbert MATHON, don Didier MATHUS, doña Sandrine MAZETIER, don Michel MÉNARD, don Kléber MESQUIDA, don Jean MICHEL, don Didier MIGAUD, don Arnaud MONTEBOURG, don Pierre MOSCOVICI, don Pierre-Alain MUET, don Philippe NAUCHE, don Henry NAYROU, don Alain NÉRI, doña Marie-Renée OGET, doña Françoise OLIVIER-COUPEAU, doña George PAU-LANGEVIN, don Christian PAUL, don Germinal PEIRO, don Jean-Luc PÉRAT, don Jean-Claude PÉREZ, doña Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, don Philippe PLISSON, doña Catherine QUÉRÉ, don Jean-Jack QUEYRANNE, don Dominique RAIMBOURG, doña Marie-Line REYNAUD, don Alain RODET, don René ROUQUET, don Alain ROUSSET, don Patrick ROY, don Michel SAINTE-MARIE, don Michel SAPIN, doña Odile SAUGUES, don Christophe SIRUGUE, don Dominique STRAUSS-KAHN, don Pascal TERRASSE, doña Marisol TOURAINE, don Jean-Louis TOURAINE, don Philippe TOURTELIER, don Jean-Jacques URVOAS, don Daniel VAILLANT, don Jacques VALAX, don André VALLINI, don Manuel VALLS, don Michel VAUZELLE, don Michel VERGNIER, don André VÉZINHET, don Alain VIDALIES, don Jean-Michel VILLAUMÉ, don Jean-Claude VIOLLET, don Philippe VUILQUE, doña Marie-Hélène AMIABLE, don Jean-Claude CANDELIER, don Pierre GOSNAT, don Jean-Paul LECOQ, don Roland MUZEAU, don François ASENSI, don Alain BOCQUET, don Patrick BRAOUEZEC, don Jean-Pierre BRARD, doña Marie-George BUFFET, don André CHASSAIGNE, don Jacques DESALLANGRE, doña Jacqueline FRAYSSE, don André GÉRIN, don Maxime GREMETZ, don Daniel PAUL, don Jean-Claude SANDRIER, don Michel VAXES, doña Martine BILLARD, don Yves COCHET, don Noël MAMÈRE, don François de RUGY, doña Huguette BELLO y don Alfred MARIE-JEANNE, diputados;

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,

Vista la Constitución;
Visto el decreto-ley n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificado relativa a la ley orgánica del Consejo Constitucional;
Visto el código general de impuestos;
Visto el código de la seguridad social;
Visto el código laboral;
Vista la ley orgánica n° 2001-692 de 1 de agosto de 2001 modificada relativa a las leyes de finanzas;
Vista la ley n° 2006-1666 de 21 de diciembre de 2006 de finanzas para 2007;
Vistas las observaciones del Gobierno, presentadas el 9 de agosto de 2007;

Tras haber oído al ponente,

  1. Considerando que los diputados recurrentes impugnan ante el Consejo Constitucional la ley a favor del trabajo, el empleo y el poder adquisitivo; que impugnan especialmente la conformidad con el principio de igualdad frente a las cargas públicas de sus artículos 1, 11 y 16;

  2. Considerando que en virtud del artículo 13 de la Declaración de los derechos humanos y del ciudadano de 1789: «Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad»; que en virtud del artículo 34 de la Constitución, corresponde al legislador determinar, respetando los principios constitucionales y teniendo en cuenta las características de cada impuesto, las reglas según las que deben ser evaluadas las capacidades contributivas; que, sin embargo, esta valoración no debe implicar ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

  3. Considerando que, si el principio de igualdad no obstaculiza que el legislador adopte por motivos de interés general medidas de incitación mediante atribución de incentivos fiscales, ello será a condición de que su valoración se base en criterios objetivos y racionales en función de los objetivos que pretenda y que el incentivo fiscal concedido no sea desmesurado con respecto al efecto del incentivo esperado;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 1:
  1. Considerando que el artículo 1 de la ley impugnada instaura un régimen fiscal y social derogatorio destinado a favorecer el recurso a las horas extraordinarias; que, con esta finalidad, exonera del impuesto sobre la renta las retribuciones percibidas como horas extraordinarias y complementarias; que también prevé una reducción de las cotizaciones salariales de la seguridad social y una deducción global de las cotizaciones patronales debidas por estas mismas horas;

  2. Considerando que los demandantes manifiestan que este articulado vulneraría tanto el derecho al empleo como el principio de igualdad ante las cargas públicas;

. En lo que se refiere al derecho al empleo:

  1. Considerando que los demandantes afirman que, al conducir al empleador a privilegiar las horas extraordinarias en detrimento de la contratación de otro trabajador, inclusive con contrato temporal, y al hacer de las horas extras un modo normal de ejecución del contrato laboral, el artículo 1º vulneraría el derecho al empleo y no implicaría ninguna garantía legal para los trabajadores;

  2. Considerando, en primer lugar, que en virtud del quinto párrafo del Preámbulo de 1946: «Cada persona tiene el deber de trabajar y el derecho de obtener un empleo...»; que el artículo 34 de la Constitución dispone: «La ley determinará los principios fundamentales... del derecho laboral»; que, por consiguiente, es función del legislador proponer normas que garanticen el derecho de cada persona de obtener un empleo permitiendo al mismo tiempo el ejercicio de este derecho al mayor número de personas;

  3. Considerando que de los trabajos parlamentarios que llevaron a la adopción de la ley recurrida se desprende que la exención del impuesto sobre la renta y de las cargas sociales de las horas extraordinarias tiene como objeto aumentar el número de horas trabajadas a fin de incentivar el crecimiento y el empleo; que así, por su finalidad, el artículo 1 tiende a implementar la exigencia resultante del quinto párrafo del Preámbulo de 1946; que el Consejo Constitucional no dispone de un poder general de valoración y de decisión del mismo tipo que el del Parlamento; que no le corresponde, por lo tanto, ver si el objetivo que se ha propuesto el legislador podía ser alcanzado por otras vías, puesto que las modalidades previstas por la ley impugnada no son manifiestamente inapropiadas para la finalidad perseguida;

  4. Considerando, en segundo lugar, que, como señala el apartado X del artículo 1, el comité de empresa o, en su falta, los delegados del personal son informados y consultados por el patrón con respecto a la utilización y el volumen de horas extraordinarias efectuadas por los trabajadores de la empresa o del establecimiento en las condiciones previstas por el código laboral; que, por otra parte, el artículo 1 no implica ninguna derogación de las duraciones máximas de trabajo; que el legislador, por lo tanto, no ha vulnerado ni las exigencias del octavo párrafo del Preámbulo de 1946 según las cuales : «Cualquier trabajador participa, por intermediario de sus delegados, en la determinación colectiva de las condiciones laborales», ni las del párrafo decimoprimero según las cuales la Nación «garantiza a todos... la protección de la salud»;

. En lo que se refiere a la igualdad ante las cargas públicas:
10. Considerando que los recurrentes afirman que el artículo 1 implicaría una ruptura caracterizada de la igualdad entre los contribuyentes en la medida en que, por una misma hora trabajada, a un trabajador se le podrían aplicar niveles de cotizaciones sociales salariales y una imposición sobre la renta diferentes; que añaden que las horas extras que pueden ser tomadas en cuenta en el marco del nuevo artículo 81 quater [cuarto] del código general de impuestos serían definidas de forma variable según los trabajadores de una misma empresa y, por último, que los trabajadores a tiempo parcial empleados por empleadores particulares estarían excluidos del articulado previsto en materia de horas extraordinarias;

  1. Considerando que los demandantes también alegan que el articulado del artículo 1 tendría como efecto exonerar las horas extraordinarias de contribución social generalizada y de contribución para el reembolso de la deuda social; que esta exoneración, que no tiene en cuenta ni los ingresos del contribuyente si no son producto de una actividad, ni de los ingresos de los otros miembros de la familia, ni de las personas a cargo en el seno del domicilio fiscal, crearía entre los contribuyentes en cuestión una disparidad manifiesta contraria al artículo 13 de la Declaración de 1789;

  2. Considerando, en primer lugar, que como ha sido apuntado anteriormente, el articulado de exoneración admitido tiene como finalidad aumentar el número de horas trabajadas en la economía para incentivar el crecimiento y el empleo; que responde así a un motivo de interés general;

  3. Considerando, en segundo lugar, que el dispositivo de exoneración se aplica a todas las horas extraordinarias, independientemente de las modalidades de organización del tiempo de trabajo en la empresa; que se aplica también a las horas extraordinarias efectuadas por los trabajadores a tiempo parcial; que las modalidades así consideradas responden a criterios objetivos y racionales con respecto a la finalidad perseguida por el legislador;

  4. Considerando, en tercer lugar, que al reservar el beneficio de la exoneración de impuesto sobre la renta y de las cargas sociales únicamente a las horas efectuadas más allá de la duración legal del trabajo, independientemente de que ésta se defina en horas o en días y de la duración contractual del trabajo aplicable a los trabajadores en cuestión, el legislador, lejos de vulnerar el principio de igualdad, ha evitado una ruptura de igualdad entre los trabajadores;

  5. Considerando, en cuarto lugar, que ni el código laboral ni el convenio colectivo de los trabajadores de empleador particular no prevén la posibilidad, para los trabajadores empleados por particulares, de efectuar horas extraordinarias; que, por ende, los demandantes no tienen fundamento para afirmar que estos trabajadores hubiesen de ser incluidos en el articulado previsto en materia de horas extraordinarias;

  6. Considerando, por último, que el nuevo artículo L. 241-17 del código de la seguridad social, que crea una reducción de las cotizaciones sociales salariales relativas a las horas extraordinarias o complementarias, no instaura una exoneración de la contribución social generalizada y de la contribución para el reembolso de la deuda social; que, si el importe de dicha reducción cubre, teniendo en cuenta las modalidades de aplicación de la ley indicadas por el Gobierno, el importe de estas contribuciones debido por el trabajador en materia de horas extraordinarias, esta medida, de alcance limitado, no crea una ruptura de igualdad contraria al artículo 13 de la Declaración de 1789;

  7. Considerando que de lo que precede se desprende que el artículo 1 de la ley recurrida no es contrario a ninguna norma ni a ningún principio de valor constitucional;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 5:
  1. Considerando que el apartado I del artículo 5 de la ley recurrida incluye en el código general de impuestos un artículo 200 quaterdecies [decimocuarto]; que este nuevo artículo instituye un crédito de impuesto sobre la renta a razón de los intereses pagados por las cinco primeras anualidades de reembolso de los préstamos suscritos para la adquisición o la construcción de una vivienda destinada a residencia principal del contribuyente; que reserva esta ventaja a los préstamos suscritos con un establecimiento financiero ; que exige que la vivienda sea conforme a las normas mínimas de superficie y de habitabilidad; que fija el importe del crédito de impuesto en un 20% de los intereses en el límite de un umbral de 3.750 € para una persona soltera, viuda o divorciada y de 7.500 para una pareja sujeta a imposición común; que estos umbrales serán incrementados en 500 € por persona a cargo;

  2. Considerando que se desprende de los trabajos parlamentarios que el crédito de impuesto resultante de la construcción o de la adquisición de una vivienda principal posteriormente a la entrada en vigor de la ley tiende a favorecer el acceso a la propiedad y responde, de esta forma, a un objetivo de interés general; que su objeto, su naturaleza, su duración, así como los requisitos exigidos para su concesión constituyen criterios objetivos y racionales con respecto al objetivo perseguido por el legislador; que su importe no representa un incentivo fiscal manifiestamente desproporcionado con respecto a este objetivo;

  3. Considerando que de los trabajos parlamentarios se desprende que el crédito de impuesto resultante de la construcción o de la adquisición de una vivienda destinada a residencia principal anteriormente a la entrada en vigor de la ley tiende a apoyar el consumo y el poder adquisitivo; que, con todo, al decidir aumentar el poder adquisitivo únicamente de los contribuyentes que hayan adquirido o construido una vivienda destinada a residencia principal en un periodo inferior a cinco años, el legislador ha instaurado, entre los contribuyentes, una diferencia de tratamiento injustificada con respecto al objetivo que se propone; que este incentivo fiscal hace que el Estado soporte cargas manifiestamente desproporcionadas con respecto al efecto del incentivo esperado; que resulta de todo ello una ruptura caracterizada de la igualdad de los contribuyentes ante las cargas públicas;

  4. Considerando, por consiguiente, que procede declarar contrarias a la Constitución las palabras «a los intereses pagados» y las palabras «del primer día del mes que sigue este» en el apartado III del artículo 5 de la ley recurrida;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 11:
  1. Considerando que el artículo 11 de la ley impugnada modifica los artículos 1 y 1649-0 A del código general de impuestos relativos a la fijación de un máximo para los impuestos directos; que rebaja del 60 % al 50 % la parte máxima de los ingresos que un domicilio fiscal puede tener que pagar en concepto de impuestos directos; que integra en lo sucesivo contribuciones sociales en el importe de estos últimos;

  2. Considerando que los diputados solicitantes consideran que estas disposiciones llevarían a una exoneración casi sistemática del impuesto de solidaridad sobre la fortuna, así como de las imposiciones locales en beneficio únicamente de los contribuyentes con tasa marginal del impuesto sobre la renta; que, especialmente, crearían una desigualdad, con respecto a las capacidades contributivas, entre los contribuyentes en función de que dispongan o no de un patrimonio importante;

  3. Considerando que la exigencia que resulta del artículo 13 de la Declaración de 1789 no sería respetada si el impuesto revistiera un carácter confiscatorio o hiciera pesar sobre una categoría de contribuyentes una carga excesiva con respecto a sus capacidades contributivas; que, por consiguiente, en su principio, el límite máximo de la parte de los ingresos de un domicilio fiscal asignado al pago de impuestos directos, lejos de vulnerar la igualdad ante el impuesto, tiende a evitar una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

  4. Considerando, en primer lugar, que dependen de la categoría de las imposiciones de todo tipo en el sentido del artículo 34 de la Constitución la contribución social generalizada, la contribución para el reembolso de la deuda social, la deducción social sobre los ingresos patrimoniales y los productos invertidos, así como la contribución adicional asignada a la Caja nacional de solidaridad para la autonomía; que resulta de lo anterior que la inclusión de estas imposiciones en el importe de los impuestos directos considerados no es inapropiada para la realización del objeto que se ha fijado el legislador;

  5. Considerando, en segundo lugar, que la fijación en un 50% de la parte de los ingresos a partir de la cual el pago de impuestos directos da derecho a devolución no presenta ningún error manifiesto de valoración;

  6. Considerando, por último, que el articulado del establecimiento de un límite máximo que consiste en devolver a un contribuyente las sumas que ha pagado en concepto de impuestos directos por encima del tope fijado por la ley tan sólo puede proceder de un cálculo global y no impuesto por impuesto; que, por todo ello, el perjuicio de que este articulado favorecería a los deudores de ciertos impuestos debe ser descartada;

  7. Considerando que de todo lo que precede resulta que el artículo 11 de la ley recurrida no es contrario al artículo 13 de la Declaración de 1789;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 16:
  1. Considerando que el artículo 16 de la ley impugnada incluye en el código general de impuestos un artículo 885-0 V bis que establece mecanismos de reducción del impuesto de solidaridad sobre la fortuna para ciertas inversiones en las pequeñas y medianas empresas; que el apartado I de este nuevo artículo 885-0 V bis les permite, de esta manera, a los deudores de este impuesto imputar a su importe un 75% de los pagos que efectúan a este tipo de empresas en concepto de inversiones en capital inicial o en aumentos de su capital, sin que el incentivo fiscal obtenido de esta forma pueda ser superior a 50.000 €; que le apartado II del mismo artículo supedita el beneficio de este incentivo a la conservación de títulos recibidos hasta el 31 de diciembre del quinto año que siga al de la inversión; que su apartado III prevé otra reducción del impuesto de solidaridad sobre la fortuna para los pagos efectuados en beneficio de un fondo de inversión de proximidad cuyo valor de las participaciones esté constituido de al menos un 20% de títulos recibidos como contrapartida de inversiones en capital de pequeñas y medianas empresas que ejerzan su actividad desde menos de cinco años; que este incentivo también está supeditado a una conservación de las participaciones durante cinco años; que los pagos que sirven de base para su cálculo son tenidos en cuenta en el límite del porcentaje inicial del activo del fondo invertido en pequeñas y medianas empresas; que el derecho a imputación está limitado al 50% de los pagos efectuados y el incentivo fiscal a 10.000 € por año; que el cúmulo de las dos reducciones de impuesto es posible hasta el límite de 50.000 €;

  2. Considerando que, según los demandantes, este artículo instauraría una ruptura de igualdad caracterizada entre los contribuyentes permitiéndoles a algunos de ellos ser exonerados del impuesto de solidaridad sobre la fortuna mediante una inversión específica; que consideran que el objetivo de interés general de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas no puede justificar, en ausencia de un riesgo para el inversor, una reducción del impuesto igual al 75% del importe de la inversión; que juzgan que esta ruptura de igualdad es especialmente flagrante, en ausencia de riesgo, cuando el contribuyente no invierte directamente en una empresa sino en un fondo de proximidad; que invocan, además, que la asimilación de este articulado con una forma de «impuesto elegido» podría permitir no tener en cuenta la reducción de impuesto obtenida de esta forma en el importe del impuesto de solidaridad sobre la fortuna considerado para la determinación del derecho a la devolución;

  3. Considerando que se desprende de los trabajos parlamentarios al final de los cuales se adoptó que el artículo 16 tiene como objeto incentivar la inversión productiva en las pequeñas y medianas empresas considerando el papel desempeñado por este tipo de empresas en la creación de empleos y en el desarrollo de la economía; que con respecto al objetivo de interés general de esta forma perseguido y teniendo en cuenta el riesgo que afecta a tales inversiones, es lícito que el legislador prevea, al respecto, una reducción del impuesto de solidaridad sobre la fortuna; que, contrariamente a lo que afirman los recurrentes, ésta no tiene incidencia en el alcance sobre el derecho de devolución, al disponer expresamente el artículo 649-0 A del código general de impuestos que las imposiciones que hay que tener en cuenta para su determinación son las que han sido «pagadas»;

  4. Considerando que, al tratarse de inversiones directas, el legislador ha establecido requisitos relativos al porcentaje del derecho de imputación, al establecimiento de un límite máximo para el importe del incentivo fiscal y a la duración mínima de conservación de los títulos; que con respecto a las tasas de fallos de las pequeñas y medianas empresas en sus primeros años y a la falta de liquidez de los títulos en cuestión, el incentivo fiscal concedido de esta forma no parece desmesurado en relación con el objetivo perseguido y no conlleva una ruptura caracterizada del principio de igualdad ante las cargas públicas;

  5. Considerando que, tratándose de pagos efectuados en fondos de inversión de proximidad, el legislador establece requisitos más estrictos, especialmente en lo que se refiere al porcentaje del derecho a la imputación y el límite máximo del incentivo fiscal, que tienen en cuenta cualquier riesgo que afecte a estas inversiones en relación con el riesgo que conllevan en caso de inversión directa; que, en estas condiciones, este incentivo fiscal ya no parece ser desmesurado con respecto al objetivo fijado y tampoco vulnera el artículo 13 de la Declaración de 1789;

  • SOBRE LAS CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LA LEY RECURRIDA:
  1. Considerando que ciertas disposiciones de la ley recurrida, especialmente las relativas a las reducciones de cotizaciones sociales y de derechos de mutación a título gratuito, tendrán un impacto sobre el equilibrio presupuestario del ejercicio en curso;

  2. Considerando que, según los demandantes, una ley de finanzas rectificativa era necesaria para tener en cuenta estos nuevos gastos y modificar, como consecuencia, la regla de asignación de los excedentes de ingresos prevista por la ley de finanzas inicial para 2007;

  3. Considerando que en virtud del 10° punto del párrafo I del artículo 34 de la ley orgánica modificada de 1 de agosto de 2001 anteriormente mencionada, la ley de finanzas del año establece, en su primera parte, «las modalidades según las que se utilizan los eventuales excedentes, en relación con las evaluaciones de la ley de finanzas del año, del producto de las imposiciones de todo tipo establecidas en beneficio del Estado»; que su artículo 35 reserva a las leyes de finanzas rectificativas la facultad de modificar durante el año estas modalidades; que en virtud del primer párrafo del apartado IV del artículo 52 de la ley de 21 de diciembre de 2006 anteriormente mencionada, los eventuales excedentes de ingresos del año 2007 serán utilizados en su totalidad para reducir el déficit presupuestario;

  4. Considerando que la norma de asignación de los excedentes fue introducida, en 2005, en la ley orgánica de 1 de agosto de 2001, para mejorar la gestión de las finanzas del Estado y reforzar la información del Parlamento; que estos excedentes son los que son susceptibles de ser constatados al final del ejercicio al descontar al producto del conjunto de las imposiciones de todo tipo establecidas en beneficio del Estado el total previsto por la ley de finanzas inicial; que, por consiguiente, no tiene ni como objeto ni como efecto la modificación de la capacidad del legislador para tomar decisiones, durante el ejercicio, con respecto a nuevas medidas fiscales;

  5. Considerando que, si, durante el ejercicio, es competencia del Gobierno someter al Parlamento un proyecto de ley de finanzas rectificativa cuando las grandes líneas del equilibrio de la ley de finanzas inicial se apartan sensiblemente de las previsiones, la ley recurrida no tiene como efecto provocar tal desviación;

  6. Considerando que se deduce de ello que los perjuicios resultantes de las consecuencias presupuestarias de la ley recurrida no deben admitirse; 40. Considerando que, para el Consejo Constitucional, no procede plantear de oficio ninguna otra cuestión de conformidad con la Constitución;

ACUERDA:

Artículo primero. - Se declaran contrarias a la constitución las palabras: «a los intereses pagados» y las palabras: «del primer día del mes que sigue este» que figuran en el apartado III del artículo 5 de la ley a favor del trabajo, el empleo y el poder adquisitivo.
Artículo 2.- Los artículos 1, 11 y 16 de la misma ley, así como el complemento del artículo 5, no son contrarios a la Constitución.
Artículo 3.- La presente sentencia será publicada en el Journal Officiel [Boletín Oficial] de la República francesa.

Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión de 16 de agosto de 2007, en la que estaban presentes: don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, don Guy CANIVET, don Renaud DENOIX de SAINT MARC, don Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, don Valéry GISCARD d'ESTAING, doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, don Pierre JOXE, don Jean-Louis PEZANT, doña Dominique SCHNAPPER y don Pierre STEINMETZ.

À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Projet de loi adopté le 1er août 2007 (T.A. n° 131), Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales.