Version en espagnol - 2014-693 DC

Decisión nº 2014-694 DC de 28 de mayo de 2014 - Ley relativa a la prohibición del cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado -

El Consejo constitucional ha sido requerido, el 27 de febrero de 2014, en las condiciones previstas en el artículo 61, párrafo segundo, de la Constitución, para pronunciarse sobre la Ley relativa a la geolocalización por los Sres. Bruno LE ROUX, Avi ASSOULY, Alexis BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Serge BARDY, Christian BATAILLE, la Sra. Kheria BOUZIANE, los Sres. Jean-Louis BRICOUT, Jean-Jacques BRIDEY, Alain CALMETTE, la Sra. Colette CAPDEVIELLE, el Sr. Christophe CARESCHE, la Sra. Fanélie CARREY-CONTE, el Sr. Christophe CASTANER, la Sra. Marie-Anne CHAPDELAINE, el Sr. Alain CLAEYS, las Sras. Marie-Françoise CLERGEAU, Carole DELGA, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, los Sres. Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, la Sra. Laurence DUMONT, los Sres. Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Matthias FEKL, Jean-Pierre FOUGERAT, la Sra. Michèle FOURNIER-ARMAND, los Sres. Christian FRANQUEVILLE, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Marc GOUA, la Sra. Chantal GUITTET, el Sr. Régis JUANICO, la Sra. Chaynesse KHIROUNI, el Sr. Jean-Marie LE GUEN, la Sra. Annie LE HOUEROU, el Sr. Michel LEFAIT, la Sra. Martine LIGNIÈRES-CASSOU, los Sres. François LONCLE, Jean-Philippe MALLÉ, la Sra. Jacqueline MAQUET, el Sr. Jean-René MARSAC, la Sra. Sandrine MAZETIER, los Sres. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, la Sra. Ségolène NEUVILLE, el Sr. Philippe PLISSON, la Sra. Émilienne POUMIROL, los Sres. Michel POUZOL, Denys ROBILIARD, la Sra. Odile SAUGUES, los Sres. Gilbert SAUVAN, Christophe SIRUGUE, la Sra. Julie SOMMARUGA, el Sr. Gérard TERRIER, la Sra. Sylvie TOLMONT, y los Sres. Jean-Louis TOURAINE y Jean-Jacques URVOAS, diputados.

EL CONSEIL CONSTITUCIONAL,

Vista la Constitución;

Visto el Decreto legislativo n° 58?1067, de 7 de noviembre de 1958, modificado, por el que se aprueba la ley orgánica sobre el Consejo constitucional;

Visto el Código de Procedimiento Penal.

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 18 de marzo de 2014.

Habiendo sido oído el ponente;

1. Considerando que los diputados demandantes elevan al Consejo constitucional la Ley relativa a la geolocalización; que demandan al Consejo constitucional que se pronuncie sobre la conformidad del artículo 230-40 del Código de procedimiento penal, en la redacción resultante del artículo primero de la citada ley, con los derechos de la defensa.

SOBRE EL ARTÍCULO 1:

2. Considerando que el artículo 1 de la Ley completa el Título IV del Libro I del Código de procedimiento penal con un Capítulo V titulado «De la geolocalización» que comprende los artículos 230-32 a 230-44;

3. Considerando que el artículo 230-32 define la geolocalización como «cualquier medio técnico destinado a la localización en tiempo real, en el conjunto del territorio nacional, de una persona, sin su conocimiento, de un vehículo o de cualquier otro objeto, sin el consentimiento de su propietario o poseedor»; que los artículos 230-32 y 230-33 definen los casos en los cuales puede autorizarse la utilización de esta técnica de vigilancia así como los modalidades y la duración de dicha autorización;

4. Considerando que el artículo 230-34 define las condiciones en las cuales el Fiscal, el Juez de Instrucción o el Juez de las Libertades y de la Detención, en función del tipo de investigación o de instrucción y de los hechos sobre los que se base la incriminación, pueden, cuando las necesidades de la investigación o de la instrucción así lo exijan, autorizar la entrada en ciertos lugares privados o en un vehículo con el fin de colocar o retirar el instrumento técnico que permite la geolocalización;

5. Considerando que el artículo 230-35 prevé que, en caso de urgencia debido a la existencia de un riesgo inminente de desaparición de las pruebas o de grave peligro para personas o bienes, las operaciones de geolocalización pueden ser ordenadas o realizadas por un oficial de policía judicial que informara inmediatamente sobre ello al Fiscal o al Juez de Instrucción, quienes pueden ordenar su levantamiento;

6. Considerando que los artículos 230-38 y 230-39 prevén que el oficial de policía judicial levante acta de las operaciones de colocación del dispositivo de geolocalización, de las operaciones de grabación de los datos de localización y de los datos grabados que resulten útiles para la búsqueda de la verdad; que el artículo 230-43 prevé la destrucción de las grabaciones de los datos de localización cuando se produzca la expiración del plazo de prescripción de la acción pública;

7. Considerando que los artículos 230-40 à 230-42 fijan las condiciones en las cuales el Juez de las Libertades y de la Detención puede autorizar que no aparezcan en el sumario ciertas informaciones relativas a la instalación o a la retirada del dispositivo de geolocalización, a la grabación de los datos de localización o a los elementos que permitan identificar a una persona que haya participado en la instalación o en la retirada del dispositivo de geolocalización;

8. Considerando que el artículo 230-44 prevé que las disposiciones del Capítulo V, antes citado, no sean aplicables cuando las operaciones de geolocalización tengan por objeto la localización de un equipo terminal de comunicación electrónica, de un vehículo o de cualquier otro objeto cuyo propietario o poseedor legítimo sea la víctima de la infracción que motivó la investigación o la instrucción, o la persona desaparecida, siempre que dichas operaciones estén destinadas a encontrar a la víctima, al objeto que le ha sido robado o a la persona desaparecida;

En relación con la puesta en práctica de la geolocalización:

9. Considerando que el artículo 34 de la Constitución obliga al legislador a fijar por sí mismo el ámbito de aplicación de la ley penal; que, tratándose del procedimiento penal, esta exigencia se impone sobre todo para evitar un rigor innecesario en la persecución de de los autores de las infracciones;

10. Considerando que es al legislador a quien le incumbe asegurar la conciliación entre, de una parte, la prevención de los ataques contra el orden público y la persecución de los autores de infracciones, ambas necesarias para la salvaguarda de los derechos y principios de valor constitucional, y, de otra parte, el ejercicio de los derechos y las libertades garantizados constitucionalmente; que entre estas últimas figuran la libertad de ir y venir, que deriva del artículo 4 de la Declaración de derechos de hombre y del ciudadano de 1789, y el derecho al respeto de la vida privada, de la inviolabilidad del domicilio y del secreto de las comunicaciones, protegidas por su artículo 2;

11. Considerando que se deriva del artículo 66 de la Constitución que la policía judicial debe estar situada bajo la dirección y el control de la autoridad judicial;

12. Considerando que, si bien el legislador puede prever medidas de investigación especiales con el fin de esclarecer crímenes y delitos de particular gravedad y complejidad, de obtener las pruebas correspondientes y de perseguir a sus autores, esto se podrá hacer a condición, de una parte, de que las restricciones de derechos constitucionales derivadas de estas medidas sean proporcionales a la gravedad y a la complejidad de las infracciones y no supongan discriminaciones injustificadas y, de otra parte, a condición de que dichas medidas sean aplicadas respetando las prerrogativas de la autoridad judicial, que es a quien incumbe garantizar en particular que su puesta en práctica sea necesaria para el esclarecimiento de la verdad;

En relación con el respeto de la vida privada:

13. Considerando que la geolocalización es una medida de policía judicial que consiste en vigilar a una persona por medio de procedimientos técnicos, siguiendo, en tiempo real, la posición geográfica de un vehículo que se supone que está siendo utilizado por ella, o de cualquier otro objeto -un teléfono, en particular- que se supone que está en su poder; que la puesta en práctica de este procedimiento no implica ningún acto de coacción sobre la persona afectada, ni ningún ataque a su integridad corporal, ni ningún acto de incautación, de interceptación de comunicaciones o de grabación de imagen o sonido; que la intromisión en la vida privada que se deriva de la puesta en práctica de este procedimiento consiste en la vigilancia mediante localización continua y en tiempo real de una persona, en el seguimiento de sus desplazamientos en lugares tanto públicos como privados, así como en la grabación y el tratamiento de los datos así obtenidos;

14. Considerando que no puede recurrirse a la geolocalización salvo cuando lo exijan las necesidades de la investigación o de la instrucción relativas a un crimen o a un delito que estén castigados con una pena de privación de libertad de al menos tres años, cuando se trate de ataques contra las personas, de la colaboración con el autor o el cómplice de un acto de terrorismo o de evasión, o de al menos cinco años, cuando se trate de cualquier otra infracción, o cuando lo exijan las investigaciones o instrucciones referidas a la búsqueda de las causas de la muerte o desaparición de una persona o los procedimientos de persecución de una persona huída;

15. Considerando que el recurso a la geolocalización queda situado bajo la dirección y el control de la autoridad judicial; que, en los casos previstos por el apartado 1° del artículo 230-33, el Fiscal sólo puede autorizarla por una duración máxima de 15 días consecutivos; que a partir de este plazo, la medida debe ser autorizada por el Juez de las Libertades y de la Detención por una duración máxima de un mes renovable; que, en los casos previstos en el aparatado 2° del mismo artículo, el Juez de Instrucción puede autorizarla por una duración máxima de cuatro meses renovables; que, en caso de urgencia, un oficial de policía judicial puede ponerla en práctica u ordenarla, siendo informado inmediatamente el Fiscal o el Juez de Instrucción, quienes pueden ordenar su levantamiento;

En relación con la inviolabilidad del domicilio:

16. Considerando que, cuando la colocación o la retirada del dispositivo técnico que permite la geolocalización haga necesaria la entrada, inclusive de noche, en un lugar privado, dicha entrada debe ser autorizada por escrito, según los casos, por el Fiscal, por el Juez de Instrucción o por el Juez de la Libertad y de la Detención, en consideración a la gravedad y a la complejidad de de los hechos y a las necesidades de la investigación o de la instrucción; que en caso de urgencia, definido en el artículo 230-35, la operación puede ser puesta en marcha por el oficial de policía judicial que debe informar inmediatamente sobre ello a la autoridad judicial, la cual dispone de veinticuatro horas para ordenar, por escrito, la continuación de las operaciones; que, si es necesaria la entrada en un lugar destinado a vivienda, la operación no puede ponerse en marcha, bajo ningún concepto, sin la autorización previa del juez competente, realizada por cualquier medio; que la entrada en lugares privados destinados a almacén o en un vehículo situado en la vía pública sólo es posible cuando la operación venga exigida por las necesidades de una investigación o de una instrucción en relación con un crimen o un delito contra las personas o en relación con delitos particulares castigados con una pena de prisión de al menos tres años; que, si se trata de otros lugares privados, la entrada sólo es posible cuando la investigación o la instrucción se refiera a un crimen o a un delito castigado con al menos cinco años de prisión o cuando se trate de un procedimiento o una instrucción destinada a la búsqueda de las causas de la muerte o desaparición de una persona, o de la persecución de una persona huída; que el párrafo quinto del artículo 230-34 prohíbe la colocación de un medio técnico de geolocalización en cualquiera de los lugares mencionados en los artículos 56-1 à 56-4 del Código de procedimiento penal o en la oficina o el domicilio de las persona mencionadas en el artículo 100-7 del dicho Código;

17. Considerando que de todo lo que precede se extrae que el legislador ha rodeado la puesta en práctica de la geolocalización de medidas, situadas bajo la autorización y el control de la autoridad judicial, dirigidas a garantizar que las restricciones de los derechos constitucionalmente reconocidos sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad y no revistan un carácter desproporcionado en atención a la gravedad ya la complejidad de las infracciones cometidas; que, a través de estas disposiciones, el legislador no ha llevado a cabo una conciliación que resulte desequilibrada entre los derechos y libertades en juego;

En relación con el sumario:

18. Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Declaración de 1789: «Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni establecida la separación de poderes, carece de Constitución»; que a través de este precepto se garantiza el derecho de las personas interesadas a ejercer un recurso jurisdiccional efectivo, así como al respeto de los derechos de defensa, lo que implica, en particular, la existencia de un procedimiento justo y equitativo que garantice el equilibrio entre los derechos de las partes;

19. Considerando que el oficial de la policía judicial o el agente de la policía judicial, actuando bajo su responsabilidad, levanta acta de cada una de las operaciones de colocación de instrumentos de geolocalización y de las operaciones de grabación de los datos de localización, que en dicha acta menciona la fecha y la hora en las que la operación ha dado comienzo y en las que ha terminado; que describe o transcribe en un acta incorporada al sumario, los datos grabados que sean de utilidad para el esclarecimiento de la verdad; que, de todas formas, las disposiciones del artículo 230-40 permiten que las informaciones relativas a la fecha, la hora y el lugar de la instalación o la retirada del medio técnico de geolocalización, así como la grabación de los datos de localización y los elementos que permiten identificar las personas que hayan participado en la instalación o la retirada de dicho medio, no aparezcan en el sumario, sino que sean insertadas en un acta incorporada a un expediente distinto del sumario del procedimiento, al cual no tienen acceso las partes y en el que figura igualmente la orden del Juez de Instrucción por la cual se pone en práctica este procedimiento; que estas informaciones son inscritas en un registre numerado y rubricado, abierto a este efecto en el Tribunal de primera instancia;

En relación con los artículos 230-40 y 230-41:

20. Considerando, en primer lugar, que en virtud del artículo 230-40, esta posibilidad solo está abierta en el marco de una información judicial que trate de crímenes y delitos referidos a la criminalidad o a la delincuencia organizadas, que entren en el ámbito de aplicación del artículo 706-73 del Código de procedimiento penal; que solo está permitida cuando, de una parte, «el conocimiento de dichas informaciones sea susceptible de poner gravemente en peligro la vida o la integridad física de una persona, de miembros de su familia o de personas próximas a ella» y, de otra parte, cuando este conocimiento «no sea ni útil para el esclarecimiento de la verdad, ni indispensable para el ejercicio de los derechos de defensa»; que la autorización para acudir a ella se concede mediante decisión motivada del Juez de las Libertades y de la Detención a requerimiento del Juez de Instrucción mediante resolución motivada;

21. Considerando, en segundo lugar, que, si se pone en práctica el procedimiento previsto en el artículo 230-40, en todo caso han de ser incluidos en el sumario la decisión escrita del magistrado autorizando la geolocalización en aplicación del artículo 230-33, la decisión del magistrado autorizando, en su caso, la entrada en lugar privado en aplicación del artículo 230-34, la decisión del Juez de las Libertades y de la Detención autorizando la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 230-40, así como las operaciones de grabación de los datos de localización que no permitan identificar a las personas que hayan participado en la instalación o la retirada del medio técnico de geolocalización;

22. Considerando, en tercer lugar, que el artículo 230-41 dispone que la persona imputada o el testigo asistido pueden impugnar ante el Presidente de la Sala de Instrucción la decisión por la cual se recurra al procedimiento previsto en el artículo 230-40; que este magistrado puede anular la geolocalización si estima que las operaciones de geolocalización no han sido realizadas de manera regular, que no se han cumplido las condiciones previstas en el artículo 230-40 o que las informaciones que no han sido incluidas en el sumario resultan indispensables para el ejercicio de los derechos de defensa; que puede igualmente ordenar que se incluyan dichas informaciones en el sumario si estima que su conocimiento no es, o ya no es, susceptible de poner gravemente en peligro la vida o la integridad física de una persona, de miembros de su familia o de personas próximas a ella;

23. Considerando que, en todo caso, el plazo de diez días durante el que la persona imputada o el testigo asistido pueden impugnar la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 230-40 se inicia «a contar desde la fecha en la que se haya puesto en su conocimiento el contenido de las operaciones de geolocalización realizadas en el marco previsto» en dicho artículo; que, en atención a la complejidad de las investigaciones en materia de criminalidad y delincuencia organizadas, estas disposiciones no pueden ser interpretadas en el sentido de que el plazo de diez días empieza a contar antes de que la decisión del Juez de las Libertades y de la Detención, dictada en aplicación del artículo 230-40, haya sido formalmente puesta en conocimiento de la persona imputada o del testigo asistido, pues ello supondría un menoscabo de los derechos de defensa; que, además, los derechos de defensa se verían igualmente menoscabados si la Sala de Instrucción, requerida en las condiciones previstas en los artículos 170 y siguientes del Código de procedimiento penal, a los efectos de anulación de los actos relativos a las autorizaciones de instalación del dispositivo técnico de geolocalización y a su grabación, no pudiera igualmente ejercer el control y tomar las decisiones previstas en el artículo 230-41 de dicho código;

24. Considerando que, con las reservas enunciadas en el Considerando precedente, las disposiciones de los artículos 230-40 y 230-41 no resultan contrarias al artículo 16 de la Declaración de 1789;

En relación con el artículo 230-42:

25. Considerando que el principio contradictorio y el respeto a los derechos de la defensa implican, en particular, que una persona encausada ante una jurisdicción represiva debe estar en situación de impugnar, por si misma o a través de su abogado, las condiciones en las cuales han sido recogidos los elementos de prueba que fundamentan su imputación;

26. Considerando que el artículo 230-42 prevé que ninguna condena puede ser dictada «teniendo como único fundamento» los elementos recogidos en las condiciones previstas en el artículo 230-40, salvo si el requerimiento y el acta mencionados en el último párrafo de dicho artículo han sido incorporados al sumario en aplicación del artículo 230-41; que se permite así que pueda dictarse una sentencia condenatoria fundamentada sobre unos elementos de prueba cuando la persona encausada no ha estado en disposición de impugnar las condiciones en las cuales dichos elementos han sido recogidos, por lo que estas disposiciones incumplen las exigencias constitucionales que se derivan del artículo 16 de la Declaración de 1789; que, por tanto, en el artículo 230-42, la palabra «único» debe ser declarada contraria a la Constitución; que, en consecuencia, salvo en el supuesto de que el requerimiento y el acta mencionados en el último párrafo del artículo 230-40 hayan sido incorporados al sumario en aplicación del artículo 230-41, corresponderá a la jurisdicción de instrucción ordenar que los elementos recogidos en las condiciones previstas en el artículo 230-40 sean retirados del expediente de información antes de que se produzca la convocatoria del juicio oral; que en lo demás, y teniendo en cuenta esta reserva, el artículo 230-42 no resulta contrario al artículo 16 de la Declaración de 1789;

27. Considerando que, como resultado de todo lo precedente, con las reservas enunciadas en los Considerandos 23 y 26, el texto restante del artículo 1 de la Loi, al no vulnerar ninguna otra exigencia constitucional, debe ser declarado conforme con la Constitución;

SOBRE EL ARTÍCULO 3:

28. Considerando que, en los términos del segundo inciso del primer párrafo del artículo 45 de la Constitución: «Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 40 y 41, toda enmienda es admisible en primera lectura en tanto en cuento posea un vínculo, incluso indirecto, con el texto depositado o tramitado»;

29. Considerando que el artículo 3 modifica el artículo 706-161 del Código de procedimiento penal con el fin de modificar las competencias de la Agencia de gestión y recuperación de haberes incautados y confiscados; que dicho artículo, introducido por vía de enmienda en el Senado en primera lectura, no posee ningún vínculo con las disposiciones que figuran en el Proyecto de ley; que, por consiguiente, ha sido aprobado según un procedimiento contrario a la Constitución;

30. Considerando que por parte del Consejo Constitucional no ha lugar a suscitar de oficio ninguna otra cuestión de constitucionalidad,

D E C I D E:

Artículo 1.- Son contrarias a la Constitución las siguientes disposiciones de la Ley relativa a la geolocalización:
-En el artículo 1, la palabra «único» que figura en el artículo 230-42 del Código de procedimiento penal;
-El artículo 3.

Artículo 2.- Con las reservas enunciadas en los Considerandos 23 y 26, el testo restante del artículo 1 de dicha ley es conforme con la Constitución.

Artículo 3.- La presente decisión se publicará en el Diario Oficial de la República Francesa.

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 25 de marzo de 2014 en la que estaban presentes: el Sr. Jean?Louis DEBRÉ, Presidente, las Sras. Claire BAZY MALAURIE y Nicole BELLOUBET, los Sres. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, y Renaud DENOIX de SAINT MARC, y la Sra. Nicole MAESTRACCI.