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Decisión n° 2014-430 QPC de 21 de noviembre de 2014

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Sra. Barbara D. y otros [Cesión de obras y transmisión del derecho de reproducción]

El Consejo Constitucional ha sido requerido el 17 de septiembre de 2014 por la Corte de Casación (Primera Sala de lo Civil, auto nº 1180 de 17 de septiembre de 2014) en las condiciones previstas en el artículo 61-1 de la Constitución, sobre una cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por la Sra. Barbara D., la Sra. Evelyne C., la Sra. Anne-Maxence M., el Sr. Jean-Matthieu M., la Sra. Jacqueline M., el Sr. Paul M., la Sra. Jacquelyn M. (nombre de soltera M.) y la Sra. Alexina M., relativa a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución del «artículo 1 del Decreto de 19 de julio de 1793, tal y como ha sido interpretado por la Sentencia de las Salas reunidas de la Corte de Casación de 27 de mayo de 1842».

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Vista la Constitución;

Visto el Decreto legislativo n° 581067, de 7 de noviembre de 1958, modificado, por el que se aprueba la Ley orgánica sobre el Consejo constitucional;

Vista la Ley decretada el 19 de julio de 1793, relativa a los derechos de propiedad de los autores de escritos de cualquier género, compositores de música, pintores y dibujantes;

Vista la Ley de 11 de marzo de 1902, por la que se extiende a las obras de escultura la aplicación de la ley de los días 19-24 de julio de 1793, sobre la propiedad artística y literaria;

Vista la Ley de 11 de abril de 1910, relativa a la protección del derecho de los autores en materia de reproducción de obras de arte;

Vista la Ley nº 57-298, de 11 de marzo de 1957, sobre la propiedad literaria y artística;

Vistas las Sentencias de la Corte de Casación de 27 de mayo de 1842 (Salas reunidas), de 19 de marzo de 1926 (Sala de lo Criminal), de 16 de junio de 1982 (Primera Sala de lo Civil, nº 81-10805) y de 25 de mayo de 2005 (Primera Sala de lo Civil, nº 02-17305);

Visto el Reglamento de 4 de febrero de 2010, sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;

Vistas las alegaciones realizadas en nombre del Sr. Pierre K, parte demandada, por la Sociedad Civil Profesional Piwnica y Molinié, abogados ante el Consejo de Estado y la Corte de Casación, registradas los días 9 y 24 de octubre de 2014;

Vistas las alegaciones realizadas en nombre de los demandantes por la Sociedad Civil Profesional Sevaux y Mathonnet, abogados ante el Consejo de Estado y la Corte de Casación, registradas el 10 de octubre de 2014;

Vistas las alegaciones en intervención realizadas en nombre del Sr. Claude R. como persona física, de la Sra. Paloma R., de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada Picasso Administración, del Sr. Claude R. en su calidad de administrador de la herencia PICASSO, por el letrado Sr. Didier Le Prado, abogado ante el Consejo de Estado y la Corte de Casación, registradas los días 10 y 17 de octubre de 2014;

Vistas las alegaciones en intervención realizadas en nombre del Sr. Bernard R. por la Sociedad Civil Profesional Bernard Hemery y Carole Thomas Raquin, abogados ante el Consejo de Estado y la Corte de Casación, registradas los días 10 y 17 de octubre de 2014;

Vistas las alegaciones del Primer Ministro, registradas el 10 de octubre de 2014;

Vistos los documentos presentados y que acompañan el expediente;

Habiendo sido oídos en audiencia pública el 12 de noviembre de 2014 la letrada Sra. Anne Sevaux, abogada ante el Consejo de Estado y la Corte de Casación, en nombre del demandante, el letrado Sr. Emmanuel Piwnica, abogado ante el Consejo de Estado y la Corte de Casación, por la parte demandada, la letrada Sra. Carole Thomas-Raquin y el letrado Sr. Le Prado, por las partes en intervención, y el Sr. Xavier Pottier, designado por el Primer Ministro;

Habiendo sido oído el ponente;

1. Considerando que en virtud del artículo 1 de la Ley decretada el 19 de julio de 1793, relativa a los derechos de propiedad de los autores de escritos de cualquier género, compositores de música, pintores y dibujantes, antes citada:

«Los autores de escritos de cualquier género, los compositores de música, los arquitectos, los estatuarios, los pintores y los dibujantes que hagan grabar cuadros o dibujos disfrutarán de por vida del derecho exclusivo de vender, distribuir sus obras en el territorio de la República y de ceder la propiedad de las mismas en todo o en parte».

«El mismo derecho pertenecerá a los escultores y dibujantes de ornamento, cualquiera que sea el mérito y el destino de su obra»;

2. Considerando que resulta de la jurisprudencia constante de la Corte de Casación que, para las ventas realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley de 11 de abril de 1910, antes citada, la cesión sin reserva de una obra transfiere igualmente al adquirente el derecho a reproducirla;

3. Considerando que, según los demandantes, estas disposiciones así interpretadas conllevan que el autor de una obra que cede el soporte material de la misma se vea privado de su derecho de propiedad intelectual sin haber consentido a ello; que al hacer de la propiedad incorpórea un simple accesorio de la propiedad sobre la obra, dichas disposiciones vulnerarían la protección constitucional del derecho de propiedad; que menoscabarían igualmente el derecho al mantenimiento de los contratos legalmente concluidos y el objetivo de valor constitucional de la accesibilidad e inteligibilidad de la ley; que las partes intervinientes reprochan también a las disposiciones impugnadas el atentar contra la libertad contractual;

– SOBRE LAS ALEGACIONES BASADAS EN LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL:

4. Considerando que la propiedad se encuentra entre los derechos del hombre consagrados por los artículos 2 y 17 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789; que en virtud del artículo 17: «Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de él, salvo cuando así lo exija de manera evidente la necesidad pública, legalmente constatada, y con la condición de una justa y previa indemnización»; que, en ausencia de una privación del derecho de propiedad en el sentido de este artículo, del artículo 2 de la Declaración de 1789 se derivaría, no obstante, que cualquier otra forma de menoscabo a este derecho debe estar justificada por un motivo de interés general y guardar la debida proporcionalidad con el objetivo perseguido;

5. Considerando que las finalidades y las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad han conocido desde 1789 una evolución caracterizada por la extensión de su ámbito de aplicación a nuevos objetos y, en particular, a la propiedad intelectual; que, en este ámbito, se reconoce a los titulares del derecho de autor y de derechos próximos el derecho a disfrutar de sus derechos de propiedad intelectual y de protegerlos en el marco definido por la ley y por los compromisos internacionales asumidos por Francia;

6. Considerando que al legislador le está permitido establecer limitaciones a la libertad contractual, que deriva del artículo 4 de la Declaración de 1789, siempre que estas limitaciones estén vinculadas a exigencias constitucionales o estén justificadas por el interés general, y a condición de que de ello no se derive un menoscabo que resulte desproporcionado en atención al objetivo perseguido;

7. Considerando que las disposiciones impugnadas, en la interpretación que les ha dado la jurisprudencia constante de la Corte de Casación, son aplicables a las ventas realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley de 11 de abril de 1910; que dichas disposiciones determinan la extensión de la cesión de la obra, voluntariamente realizada por parte de su autor; que dichas disposiciones instauran una presunción que atañe a la facultad de las partes en el acto de cesión de reservar el derecho de reproducción; que ni la protección constitucional de los derechos de propiedad intelectual ni la de la libertad contractual se oponen a una regla según la cual la cesión del soporte material de la obra conlleva la cesión del derecho de reproducción, salvo que las partes estipulen lo contrario; que, por consiguiente, las alegaciones basadas sobre la vulneración del derecho de propiedad y de la libertad contractual deben ser rechazadas;

– SOBRE EL RESTO DE LAS ALEGACIONES:

8. Considerando que al legislador le está permitido en todo momento, cuando actúa dentro de sus competencias, modificar o derogar textos anteriores sustituyéndolos, en su caso, por nuevas disposiciones; que, al hacer esto, no puede en modo alguno eliminar las garantías legales de las exigencias constitucionales; que, en particular, vulneraría la garantía de los derechos proclamada por el artículo 16 de la Declaración de 1789 si atentase contra situaciones legalmente adquiridas sin que ello estuviese suficientemente justificado por un motivo de interés general; que, de la misma manera, no respetaría las exigencias resultantes de los artículos 4 y 16 de la Declaración de 1789 si atentase contra los contratos legalmente concluidos sin que ello estuviese justificado por tal motivo;

9. Considerando que la Ley decretada el 19 de julio de 1793, tal y como ha sido interpretada por la Corte de Casación, no ha atentado ni contra las convenciones legalmente concluidas, no contra situaciones legalmente adquiridas; que, por consiguiente, dichas alegaciones deben ser rechazadas;

10. Considerando que las disposiciones impugnadas no son en modo alguno ininteligibles ni contrarias a ningún otro derecho o libertad garantizados constitucionalmente y deben ser declaradas conformes con la Constitución,

D EC I D E:

Artículo 1.– El artículo 1 de la Ley decretada el 19 de julio de 1793, relativa a los derechos de propiedad de los autores de escritos de cualquier género, compositores de música, pintores y dibujantes, en su redacción resultante de la Ley de 11 de marzo de 1902, por la que se extiende a las obras de escultura la aplicación de dicha ley, es conforme con la Constitución.

Artículo 2.– La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República Francesa y notificada en las condiciones previstas en el artículo 23-11 del Decreto legislativo de 7 de noviembre de 1958, antes citado.

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 20 de noviembre de 2014 en la que estaban presentes: el Sr. JeanLouis DEBRÉ, Presidente, el Sr. Jacques BARROT, las Sras. Claire BAZY MALAURIE y Nicole BELLOUBET, los Sres. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, y la Sra. Nicole MAESTRACCI.

Publicada el 21 de noviembre de 2014