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¿Quién puede recurrir al Consejo constitucional?

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CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE lAS NORMAS CON LA CONSTITUCIÓN

ELECCIONES – MANDATOS – REFERÉNDUM

CONTROL DEL REPARTO DE COMPETENCIAS

OTRAS ATRIBUCIONES


CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE lAS NORMAS CON LA CONSTITUCIÓN

El control obligatorio :

El control obligatorio es un control a priori (artículo 61, párrafo primero, de la Constitución, artículo 17 del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional).

- Las leyes orgánicas son transmitidas al Consejo constitucional por el Primer ministro, antes de su promulgación.

- Los reglamentos de la Asamblea nacional et del Senado, así como sus modificaciones, son transmitidos al Consejo constitucional por el Presidente de la asamblea afectada, antes de su entrada en vigor.

- Las proposiciones de ley mencionadas citadas en el artículo 11 de la Constitución, antes de que sean sometidas a referéndum: en virtud de la ley constitucional de 23 de julio de 2008, modificando el artículo 11 de la Constitución, un referéndum puede ser organizado por iniciativa de una quinta parte del Parlamento apoyada por una décima parte de los electores inscritos en las listas electorales. Corresponde al Consejo constitucional examinar estas proposiciones, según las modalidades que deben ser determinadas por una ley orgánica (no aprobada a día de hoy).

El control facultativo :

Control a priori :

- Los acuerdos internacionales pueden ser sometidos al Consejo constitucional antes de su ratificación o aprobación, por el Presidente de la República, por el Primer ministro, por el presidente de una u otra cámara, o por sesenta diputados o sesenta senadores. La ampliación del recurso a los diputados y a los senadores trae causa de la ley constitucional nº 92-554, de 25 de junio de 1992 (artículo 54 de la Constitución, artículos 18 y ss. del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional).

- Las leyes ordinarias, antes de su promulgación, pueden ser impugnadas por las mismas autoridades: Presidente de la República, Primer ministro, presidente de una u otra cámara, y sesenta diputados o sesenta senadores. La ampliación del recurso a los parlamentarios trae causa de la ley constitucional n° 74-904, de 29 de octubre de 1974 (artículo 61, párrafo segundo, de la Constitución, artículo 18 y ss. del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional).

- Las leyes del país de Nueva Caledonia pueden también ser impugnadas, antes de su promulgación y en el plazo de los diez días siguientes a una nueva deliberación del congreso, por el alto comisario, el gobierno, el presidente del congreso, el presidente de una asamblea provincial o dieciocho miembros del congreso (artículo 104 de la ley orgánica nº 99-209, de 19 de marzo de 1999, que aprueba el estatuto de Nueva Caledonia, adoptado con base al artículo 77 de la Constitución).

Control a posteriori

(artículo 61-1 de la Constitución, incorporado mediante ley constitucional de 23 de julio de 2008 y capítulo II bis del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional)

Cuando, con ocasión de un proceso en curso ante una jurisdicción –administrativa o judicial- se sostiene que una disposición legislativa atenta contra los derechos y las libertades que la Constitución garantiza, el Consejo constitucional puede ser requerido sobre esta cuestión por reenvío del Consejo de Estado o del Tribunal de casación. Este procedimiento de la « cuestión prioritaria de constitucionalidad », concretado por la ley orgánica nº 2009-1523, de 10 de diciembre de 2009, permite a todo justiciable, con ocasión de un proceso, de impugnar la constitucionalidad de una disposición legislativa que ya está en vigor. La cuestión puede ser planteada en primera instancia, en apelación o en casación.

El Consejo constitucional solamente está llevado a pronunciarse sobre la cuestión de la conformidad de la ley con los derechos y las libertades garantizados por la Constitución si el Consejo de Estado o el Tribunal de Casación (según si la instancia se desarrolla ante el juez administrativo o el juez judicial) le reenvía la cuestión. Esta transmisión solamente opera si la disposición impugnada es aplicable al litigio en cuyo seno ha sido elevada la cuestión y si no ha sido ya declarada conforme a la Constitución por el Consejo constitucional. Los jueces de primera instancia y de apelación deben también verificar que la cuestión no está desprovista de seriedad. Para el Consejo de Estado y el Tribunal de casación, esta tercera condición les conduce a verificar que la cuestión es nueva o presenta un carácter serio.

ELECCIONES – MANDATOS – REFERÉNDUM

Diputados y senadores:

Contencioso electoral :

(artículo 59 de la Constitución y artículos 33 y ss. del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional)

El Consejo constitucional puede ser requerido por todas las personas inscritas en las listas electorales de la circunscripción en la que ha sido elegido el diputado o el senador cuya elección es impugnada, así como por las personas que han presentado candidatura.

El Consejo es requerido sea directamente, por recurso escrito a su secretariado general, sea por intermediario del representante del Estado que le transmite los recursos que le han sido dirigidos. El recurso debe producirse durante los diez días siguientes a la proclamación de los resultados del escrutinio.

Los recursos deben contener el apellido, los nombres y la cualidad del recurrente, el apellido de los elegidos cuya elección se impugna y los motivos por los que esta elección debería ser anulada. Se acompañan de los documentos que sustentan la argumentación.

Inelegibilidades :

Cuando la inelegibilidad de un parlamentario se evidencia tras la proclamación de los resultados y la expiración del plazo en el que la elección puede ser impugnada, caduca por derecho su mandato. El Consejo constitucional constata esta pérdida, bajo demanda de la Mesa de la asamblea a la que pertenece el parlamentario o del ministro de justicia o, en caso de condena posterior a la elección, del ministerio público en la jurisdicción que ha pronunciado la condena (artículo L.O. 136 y L.O. 296 del código electoral).

El Consejo constitucional puede igualmente constatar inelegibilidades, sean en el marco del contencioso electoral (supra), sea sobre recurso de la Comisión nacional de las cuentas de campaña y de financiación política. En estas situaciones, puede declarar inelegible durante una duración máxima de tres años al candidato cuya cuenta de campaña evidencie un rebasamiento del techo de gastos electorales o no haya sido depositada en las condiciones y en el plazo previsto en el artículo L. 52-12 del código electoral.

La misma sanción puede aplicarse al candidato cuya cuenta de campaña ha sido rechazada con razón en caso de voluntad de fraude o de incumplimiento de una especial gravedad con las reglas relativas a la financiación de las campañas electorales.

Cuando el Conejo constitucional ha declarado inelegible un candidato proclamado electo, anula su elección o, si ésta no ha sido impugnada, lo declara dimisionario de oficio (artículos L.O. 136-1 y L.O. 296 del código electoral).

Si el parlamentario no ha depositado la o las declaraciones de situación patrimonial, vulnerando el artículo L.O. 135-1 del código electoral, la Comisión para la transparencia financiera de la vida política recurre a la mesa de la asamblea afectada. El Consejo constitucional, requerida a su vez por ésta, constata, en su caso, la inelegibilidad durante un año del parlamentario afectado y lo declara dimisionario de oficio por la misma decisión (artículo L.O. 136-2 L.O. 296 del código electoral).

Presentada una impugnación contra la elección, el Consejo constitucional puede también declarar inelegible, por una duración máxima de tres años, al candidato que ha incurrido en maniobras fraudulentas que hayan tenido por objeto o por efecto atentar contra la sinceridad del escrutinio (artículo L.O. 136-3 y L.O. 296 del código electoral).

Incompatibilidades :

El Consejo constitucional puede ser requerido por un parlamentario, por la Mesa de la asamblea a la que pertenece o incluso por el Ministro de Justicia, cuando exista una duda sobre la compatibilidad de las funciones o a actividades ejercidas por este parlamentario con su mandato nacional. Si el Consejo constitucional constata una incompatibilidad, el parlamentario debe regularizar su situación en un plazo de treinta días. En su efecto, el Consejo lo declara dimisionario de oficio de su mandato (artículos L.O. 151-2 y L.O. 297 del código electoral).

A demanda de la mesa de una de las dos cámaras del Parlamento o del ministro de justicia, el Consejo constitucional puede igualmente declarar dimisionario de oficio a un parlamentario que no ha respetado los artículos L.O. 149 o L.O. 150 del código electoral. El artículo L.O. 149 limita el ejercicio de la profesión de abogado al parlamentario inscrito en un colegio y el artículo L.O. 150 prohíbe a todo parlamentario hacer o dejar figurar su nombre seguido de la indicación de su calidad en toda publicidad relativa a una empresa financiera, industrial o comercial. El Consejo constitucional puede también pronunciar una dimisión de oficio a la vista de un parlamentario que no ha declarado a la Mesa de su asamblea la lista de actividades profesionales o de interés general que pretende conservar durante su mandato o la ausencia de ejercicio de tales actividades (artículos L.O. 151-3 y L.O. 297 del código electoral).

Presidente de la República :

Elección :

(artículos 7 y 58 de la Constitución, ley n° 62-1292, de 6 de noviembre de 1962, relativa a la elección del Presidente de la República por sufragio universal)

- Organización de la elección: El Consejo constitucional es principalmente consultado por el Gobierno para la elaboración de los textos relativos a las elecciones. Lo es igualmente por diversas autoridades administrativas independientes y especialmente por la Comisión nacional de cuentas de campaña y de financiación política.

- Impugnación de la lista de candidatos para la elección presidencial: el Consejo puede ser requerido, por toda persona que haya sido proclamada de una reclamación contra el establecimiento de esta lista, que ha aprobado después de haberse asegurado de la regularidad de las candidaturas y del consentimiento de los candidatos. Las reclamaciones deben ser realizadas antes de la expiración del día siguiente al de la publicación en el Diario oficial de la lista de candidatos. El Consejo resuelve inmediatamente.

- Impedimento o muerte de un candidato: El Consejo es requerido por el Presidente de la República, el Primer ministro, el presidente de una u otra asamblea, sesenta diputados o sesenta senadores, o en las condiciones establecidas para la presentación de un candidato a la elección presidencial (es decir quinientos elegidos venidos al menos de treinta departamentos o colectividades de ultramar, sin que más de una décima parte de ellos pueden ser elegidos en un mismo departamento o en una misma colectividad de ultramar). El Consejo constitucional, según los casos, puede o debe pronunciar el aplazamiento de la elección.

Impugnación del escrutinio: todo elector tiene el derecho a impugnar la regularidad de la elección presidencial haciendo constar en el acta que recoge las operaciones de voto (custodiado por el presidente de la mesa electoral) mención de su reclamación. Las actas son inmediatamente transmitidas al Consejo por las comisiones de recuento.

El representante del Estado envía directamente al Consejo constitucional, en un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes de la clausura del escrutinio, las operaciones de una circunscripción electoral en la que las condiciones y las formas legales o reglamentarias no han sido respetadas. Además, todo candidato puede en ese mismo plazo de cuarenta y ocho horas, remitir directamente al Consejo el conjunto de las operaciones electorales. El Consejo constitucional examina y resuelve definitivamente las reclamaciones antes de proclamar los resultados del escrutinio.

- Recurso contra las decisiones de la Comisión nacional de cuentas de campaña y de financiación política : la citada comisión aprueba, rechaza o modifica, tras un procedimiento contradictorio, las cuentas de campaña de los candidatos y determina el montante de reembolso fijo de los gastos de campaña, en los seis meses del depósito de las cuentas. El candidato cuya cuenta no ha sido aprobada puede recurrir ante el Consejo constitucional de un recurso de plena jurisdicción en el mes siguiente a la notificación de la decisión.

Incapacidad del Presidente de la República (artículo 7 de la Constitución y artículo 31 del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional):

El Consejo constitucional es requerido por el Gobierno. Constata sea una incapacidad temporal (el presidente del Senado asume entonces las funciones del Presidente de la República), sea una incapacidad definitiva (un nuevo escrutinio se celebra entonces, salvo caso de fuerza mayor constatado por el Consejo).

Referéndum :

(artículo 60 de la Constitución y capítulo VII del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional)

Organización de las operaciones de referéndum : El Consejo es consultado por el Gobierno. Es advertido sin dilación de toda medida adoptada en esta materia.

Contencioso: Todo elector tiene el derecho de impugnar la regularidad del escrutinio haciendo constar en el acta de las operaciones de voto mención de su reclamación. El acta es transmitida al Consejo por la comisión de recuento. Además, el representante del Estado o, para los franceses del extranjero, el ministro de asuntos exteriores, en un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la clausura del escrutinio, le hace llegar directamente las operaciones de una circunscripción electoral en la que las condiciones y formas legales o reglamentarias no hayan sido respetadas.


CONTROL DEL REPARTO DE COMPETENCIAS

Ley y reglamento :

- Procedimiento de reclasificación (artículo 37, párrafo 2, de la Constitución y artículos 24 y ss. del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional): el Consejo constitucional es requerido por el Primer ministro, cuando este último quiere modificar por decreto una disposición legislativa habida, después de la entrada en vigor de la Constitución de 1958, en el dominio reglamentario.

- Examen de los objetivos de inadmisión (artículo 41 de la Constitución y artículos 27 y ss. del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional): si, en el curso del procedimiento legislativo, parece que una proposición o una enmienda no es del dominio de la ley o es contraria a una delegación de poder legislativo acordada al Gobierno, éste o el presidente de la asamblea requerida puede impugnar la admisibilidad. El Consejo constitucional solamente interviene si hay desacuerdo entre el Gobierno y presidente de la asamblea concernida; es así requerido sea por el Primer ministro, sea por el presidente de la asamblea concernida.

Estado y ciertas colectividades de ultramar :

Disposiciones similares se prevén para la Polinesia francesa (artículo 12 de la ley orgánica nº 2004-192, de 27 de febrero de 2004, aprobando el estatuto de autonomía de la Polinesia francesa), Saint-Barthélemy y Saint-Martin (artículos L.O. 6213-5 y L.O. 6313-5 del código general de las colectividades territoriales).

Cuando el Consejo constitucional ha constatado que una ley promulgada posteriormente a la entrada en vigor de la ley orgánica aprobando el estatuto de autonomía de 27 de febrero de 2004 (Polinesia francesa) o de la ley orgánica nº 2207-223, de 21 de febrero de 2007, que aprueba disposiciones estatutarias e institucionales relativas al ultramar (Saint-Barthélemy y Saint-Martin) ha intervenido en materias que son de la competencia de la colectividad de ultramar, en tanto que se aplica a esta última, esta ley puede ser modificada por la asamblea (Polinesia francesa) o el consejo territorial (por las otras dos colectividades).

Para cada una de estas tres colectividades, el Consejo constitucional puede ser requerido por el Primer ministro, el presidente de la Asamblea nacional o el presidente del Senado.

Para la Polinesia francesa, puede ser igualmente requerido por el presidente de la Polinesia francesa tras deliberación del consejo de ministros y por el presidente de la asamblea de la Polinesia francesa en ejecución de una deliberación de esta asamblea.

Por las otras dos colectividades, puede ser igualmente requerido por el presidente del consejo territorial en ejecución de una deliberación de este último.

OTRAS ATRIBUCIONES

Poderes excepcionales del Presidente de la República (artículo 16 de la Constitución, artículos 52 y ss. del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional):

El Consejo constitucional debe ser consultado por el Presidente de la República sobre la aplicación del artículo 16 de la Constitución, y sobre las medidas adoptadas en aplicación de este artículo.

El Consejo constitucional puede ser requerido por el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores, después de treinta días de ejercicio de los poderes de excepción, para examinar si las condiciones que justifican la necesidad de aplicar el artículo 16 siguen vigentes. Al término de los sesenta días de ejercicio de los poderes excepcionales y en todo momento a partir de este momento, procede de oficio a realizar este examen.

Control de la conformidad de la presentación de un proyecto de ley a las condiciones fijadas por una ley orgánica (artículo 39, párrafo 4, de la Constitución, derivado de la ley constitucional n° 2008-724, de 23 de julio de 2008 y artículo 26-1 del Decreto legislativo n° 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, sobre el Consejo constitucional. La Ley orgánica de referencia es la ley n° 2009-403, de 15 de abril de 2009).

Los proyectos de ley únicamente pueden ser inscritos en el orden del día si la Conferencia de presidentes de la primera sesión requerida constata que las reglas fijadas por la ley orgánica para la presentación de los proyectos de ley ante una u otra asamblea son desconocidas. En caso de desacuerdo entre la Conferencia de presidentes y el Gobierno, el Consejo constitucional puede ser requerido por el presidente de la asamblea interesada o el Primer ministro.